El tábano economista

Los científicos han desarrollado una serie de vacunas aparentemente seguras y eficaces contra la COVID-19 mucho más pronto que lo que se preveía. Esta asombrosa hazaña científica tiene el objetivo de salvar y transformar miles de millones de vidas, pero resultará estéril de no lograr que su acceso sea garantizado para todas las personas, en todos los lugares del mundo y sin demora.

Este año se producirán suficientes vacunas contra la COVID-19 para abarcar al 70% de la población mundial. Sin embargo, la mayoría de ellas están reservadas para las naciones más acaudaladas. Los países ricos han recibido más del 83% de las vacunas. Los países pobres, por su parte, apenas un 0,2%. Y, peor aún, más de 130 países no obtuvieron ni recibieron durante el 2020 vacuna alguna. A este ritmo, muchos de los países de ingresos bajos y medianos no alcanzarán una cobertura generalizada hasta 2024 o 2025.

Según el PNUD, no es la primera vez que vemos este tipo de fracaso moral: en la respuesta contra la pandemia del VIH, los pobres iban más de una década por detrás de los ricos en lo referido al acceso a tratamientos. La desigualdad en el acceso a las vacunas está obstaculizando la recuperación. El costo para una economía que ya está dañada es de miles de millones al año, es decir, suficientes fondos como para brindar protección social y sanitaria básica a sus ciudadanos. En su conjunto, se estima que la pandemia podría costar US$ 9,2 billones.

La guerra fría de las vacunas y la geopolítica de la desigualdad ante la mayor emergencia sanitaria mundial han vuelto a quitar la careta a las grandes potencias, sobre todo a Estados Unidos, el gran perdedor en esta guerra, junto con la Unión Europea. Estados Unidos está tratando de reposicionarse para retomar la influencia y la iniciativa perdida ante Rusia y China, salvadores de una parte del mundo con sus vacunas.

La nueva estrategia estadounidense intenta imponer el relato de un Plan Marshall de vacunas o reivindicar una dudosa, inalcanzable y tardía, liberalización de patentes. Conjuntamente con la crónica de una colaboración de inmunización desinteresada, se aplica una desmedida estrategia de hostigamiento político y mediático enarbolando al laboratorio Pfizer como estandarte del arsenal que se debe adquirir para combatir el virus. En el caso argentino, su propaganda en los medios dominantes resulta realmente desmedida y repulsiva. Lo que sí es sabido es que nadie estará a salvo hasta que todos lo estén.

En otras épocas el proverbio “no hay nada seguro salvo la muerte y los impuestos” tenía vigencia hasta que Warren Buffett dejó una frase que causó conmoción: “Paga más impuestos mi secretaria que yo”. De ahí en más pareciera que los impuestos para una clase social y para ciertas compañías no son tan seguros, pero la muerte por pandemia y sin vacuna para las mayorías es un hecho. Durante cuatro décadas ha habido una carrera global para bajar los impuestos a las multinacionales, o alejarse de Debbie Bosanek, la secretaria de Buffet. Y Gran Bretaña y su red de paraísos fiscales están en el centro de la misma.

Las multinacionales han visto los impuestos como un costo en lugar de pagar a los Estados la parte que les corresponde de los ingresos para proporcionar servicios públicos como transporte, energía, salud, educación, que ellas utilizan y sin los cuales las empresas no podrían operar con ningún grado de eficiencia y confiabilidad. Pero en la era actual de cambio climático, pandemia y beneficios desmedidos, la sociedades suponen que la responsabilidad moral del pago de impuestos se puede considera como un deber primordial de las corporaciones, no un gasto o una elección, como ellas suponen.

 

Resulta que los ministros de finanzas del G7, que agrupa a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, llegaron a un acuerdo “histórico”, según la prensa, para fijar las bases de la nueva fiscalidad internacional mediante la instauración de un impuesto mínimo universal del 15% para las grandes corporaciones.

Puesto en esos términos, uno tendría que aplaudir a los ministros de finanzas, tanto europeos como americanos de haber llegado a tan alentador acuerdo. Pero cuando de manera intuitiva se ve el detalle de los comensales de la reunión, las dudas invaden a cualquier ser humano con buenas intenciones morales y sociales.

Londres fungió como anfitrión de una Gran Bretaña que ostenta la presidencia del G7. El creador de la telaraña de ultramar para la evasión impositiva preside la reunión. A ellos se le agregaron los ministros de finanzas de cada país, los gobernadores (presidentes) de los bancos centrales respectivos, más los jefes del Fondo Monetario Internacional (FMI), Grupo del Banco Mundial, Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Eurogrupo y Financial Stability Board (FSB), según consta en el comunicado oficial.

Una reunión de tantos personajes cuestionable no podía generar nada alentador. En principio, la tasa sugerida por el Estados Unidos fue del 21%, pero antes del inicio de la reunión se había diluido al 15%. Una tasa mínima de impuesto sobre sociedades del 15% es bastante baja. Aunque los ministros de finanzas europeos lograron incluir la frase “al menos un 15%”, que ofrece un camino para aumentar dicha cifra.

Según este acuerdo, las empresas ya no estarán en condiciones de eludir sus obligaciones fiscales reservando sus ganancias en países con impuestos más bajos. Actualmente, las empresas pueden establecer sucursales locales en países que tienen tasas impositivas corporativas relativamente bajas o nulas y declarar ganancias allí. Eso significa que solo pagan la tasa de impuestos local, incluso si las ganancias provienen principalmente de las ventas realizadas en otros lugares. Esto es legal y se hace comúnmente.

La idea es realmente alentadora, aunque el cuadro de Tax Fundation parece demostrar lo contrario: la tasa media mundial de impuestos a las compañías es del 25.85%, más de 10 puntos por encima de lo propuesto como mínimo. O sea, cien de las 223 jurisdicciones encuestadas para el año 2020 tienen tasas impositivas corporativas por debajo del 25% y 117 tienen tasas impositivas superiores al 20%, iguales o inferiores al 30%.

Tasa impositiva corporativa promedio por región o grupo, 2020

Uno de los participantes a la reunión, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) tenía como encargo realizar una estructura impositiva para fines del 2020 en relación con las grandes tecnológicas como opción a la iniciativa francesa de cobrarle un impuesto extraordinario a las GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) del 3% sobre las ventas, lo que las obligaría a pagar unos U$S 30.000 millones más. La OCDE nunca cumplió el encargo y se plegó rápidamente a esta nueva iniciativa como puerta de escape para evitar la presión americana de imponer aranceles por la misma suma a las empresas europeas, por considerar que hay un ataque a las compañías americanas.

 

Es cierto que esta alícuota del 15% podría tomarse como una conquista si se consiguiera que las empresas paguen al menos algo. La Comisión Europea llegó a la conclusión de que Luxemburgo le concedió beneficios fiscales indebidos a Amazon por unos 250 millones de euros o Irlanda por U$S 13.000 millones a Apple, que obviamente sigue en litigio y no realizaron ningún pago.

Se sabe, antes de cobrar los impuestos, que la complejidad jurídica y técnica de las estructuras empresariales multinacionales con presencia global hará que sea muy difícil en la práctica, incluso para los reguladores, ver de dónde se obtienen los ingresos, qué impuestos se pagan y cuánta evasión fiscal se está produciendo. Durante mucho tiempo, las multinacionales se negaron a revelar sus ingresos e impuestos pagados en diferentes jurisdicciones, y esa información aún es escasa.

Desde los años ochenta, solo por poner una fecha, el impuesto a las sociedades ha retrocedido en forma escandalosa. El Reino Unido tenía una tasa del 52% en 1981, hoy es del 19%, con intensiones de bajar al 17%. En Estados Unidos la tasa era del 46%, hoy del 21%. La justificación para reducir la tasa del impuesto a las empresas se basaba en un conjunto de supuestos muy discutibles. A los gobiernos se les amenazó con que, si la tasa era demasiado alta, las empresas globales se trasladarían a un país con un régimen fiscal más favorable, privando así al primer país tanto de ingresos fiscales como de actividad económica. La evidencia de que realmente lo hacen es mixta. Por ejemplo, Accountancy Age informó que solo 22 empresas abandonaron el Reino Unido por motivos fiscales entre 2007 y 2011.

Resulta realmente complicado suponer que los negociadores e impulsores de una tasa accesible sean los mayores facilitadores de evasión. Los territorios de ultramar de Gran Bretaña han encabezado una lista de los paraísos fiscales más importantes del mundo por delante de Suiza, los Países Bajos y Luxemburgo, según el grupo de campaña Tax Justice Network. Mientras en Delaware, EE. UU., cuya población es de 914.600 personas, hay radicadas más de un millón de empresas, y más del 50% de las empresas que cotizan en Wall Street.

El abuso de impuestos por parte de empresas multinacionales y la evasión por parte de individuos ricos cuesta 427.000 millones de dólares al año en ingresos perdidos, según un estudio de Tax Justice Network. El informe sobre el estado de la justicia fiscal 2020 dice que más de la mitad de las pérdidas, U$S 245.000 millones, provienen de empresas que trasladan a paraísos fiscales U$S 1,38 billones de ganancias fuera de los países donde se generaron, donde las tasas de impuestos corporativos eran bajas o inexistentes.

En la misma línea, el informe rebela que los países de la OCDE eran responsables del 39% de los riesgos de abuso de impuestos corporativos del mundo. Sus territorios y antiguas colonias, como los territorios independientes del Reino Unido y Jersey, Guernsey y la Isla de Man, que son dependencias de la corona, fueron responsables del 29%. Los países calificados por la OCDE como “no dañinos” son responsables del 98% de los riesgos de abusos fiscales corporativos del mundo, y agregó que la ONU debería asumir el papel de fomentar las normas fiscales globales.

También mencionó que las cinco jurisdicciones más responsables de las pérdidas fiscales de los países fueron las Islas Caimán, un territorio británico de ultramar, responsable del 16,5% o más de 70.000 millones de dólares de pérdidas fiscales globales; el Reino Unido (10%, 42.000 millones de dólares); los Países Bajos (8,5%, 36.000 millones de dólares); Luxemburgo (6,5%, 27.000 millones de dólares) y EE. UU. (5,5%, 23.000 millones de dólares).

Quizás la pandemia ha puesto de manifiesto el grave costo de convertir la política fiscal en una herramienta para complacer a los abusadores de impuestos en lugar de proteger el bienestar de las personas, pero eso parece estar sucediendo. Se sabe que solo en los últimos 12 meses, los billonarios estadounidenses aumentaron su riqueza en 1.3 billones de dólares, y no quieren pagar impuestos. En cuanto a si esto cambiará negociando los dueños del poder la cuota, tendremos que juzgarlos por sus acciones y no por sus palabras en los próximos meses.

 

Aunque todo parece encaminarse a otro fracaso moral, nadie nos puede negar que estamos colaborando en que Jeff Bezos (Amazon) y Elon Musk (Tesla Motors) en su tan digna carrera espacial, fomentada sobre la elusión, evasión impositiva y la explotación laboral. Los autenticos pilares sociales de nuestro planeta.