El tábano economista

Cuando el presidente Joe Biden decidió retirar el ejército estadounidense de Afganistán, en agosto del 2021, gran parte de los medios de comunicación estadounidenses se le echaron encima, no solo por el desordenado y calamitoso repliegue de las tropas, sino por la ruina absoluta que dejó la gestión tras 20 años de ocupación. Aun así, para muchos, el plan de la Casa Blanca no fue un error sino todo lo contrario: la administración Biden no puso fin a la guerra, sino que la continuó por otros medios, y están resultando más violentos y desestabilizadores. Las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos y sus aliados en Afganistán están provocando una hambruna severa y generalizada en este país desesperadamente pobre.

En todo el país, millones de afganos en el final de la ocupación, desde jornaleros hasta médicos y maestros, pasaron meses sin ingresos estables o simplemente sin ingresos,  ajenos a los radares de la prensa mundial. Ahora, ni siquiera ante la mayor  catástrofe alimentaria las miradas se dirigen a ellos. Las noticias mundiales se concentran Ucrania, aun y cuando a las diez de la mañana de cada día, una multitud de madres afganas cargando niños esqueléticos se concentra en los pasillos de la unidad de desnutrición. Los precios de los alimentos y otros bienes básicos se han disparado más allá del alcance de muchas familias. Los niños demacrados y las madres anémicas han inundado las salas de los hospitales, muchas de cuyas instalaciones se muestran desprovistas de los suministros médicos que una vez proporcionó la ayuda de los donantes.

Si bien Afganistán ha sufrido de desnutrición durante décadas, incluido los años de ocupación, la crisis de hambre del país ha empeorado drásticamente en los últimos meses. Este año se estima que 22,8 millones de personas, más de la mitad de la población, enfrentarán niveles de inseguridad alimentaria potencialmente mortales, según un análisis realizado por el Programa Mundial de Alimentos y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas. De ellos, 8,7 millones se acercan a la hambruna, la peor etapa de una crisis alimentaria, incluso un millón de niños menores de 5 años  «se encuentran en riesgo de morir debido a la desnutrición aguda severa», según UNICEF.

El hambre generalizado es la señal más devastadora del colapso económico que ha paralizado a Afganistán desde que los talibanes tomaron el poder, y esa es exactamente, aunque parezca mentira gracias a las sanciones, la señal que se quiere dar al mundo, Talibanes = hambre. Prácticamente de la noche a la mañana, miles de millones de dólares en ayuda exterior que apuntalaron al anterior gobierno respaldado por Occidente se desvanecieron y las sanciones estadounidenses contra los talibanes aislaron al país del sistema financiero mundial, paralizaron los bancos afganos e impidiendo el trabajo de socorro de las organizaciones humanitarias.

No estaba claro, al menos en principio, por qué la administración americana impuso sanciones tan devastadoras a Afganistán, que no parecen estar dirigidas a derrocar a los talibanes. De hecho, se han malinterpretado ampliamente como un castigo a los gobiernos, en lugar de a poblaciones enteras. Pero el caso de Afganistán es un error de cálculo, tanto político como moral, y solo tiene el propósito de desprestigiar al gobierno afgano y potencias rebeldes. Veamos esta extraña y sombría cadena de causalidades.

El 18 de agosto de 2021, dos semanas antes que los EE.UU. abandonen Afganistán, el FMI detuvo el acceso de este último a sus fondos. El pretexto, según su portavoz  fue: “Como siempre es el caso, el FMI se guía por las opiniones de la comunidad internacional”¡¡¡!!! Actualmente, y este actualmente sigue hasta hoy, existe una falta de claridad dentro de la comunidad internacional con respecto al reconocimiento de un gobierno en Afganistán, como consecuencia de lo cual el país no puede acceder a los derechos especiales de giro (DEG) u otros recursos del FMI. Incluso si Afganistán recuperara el acceso a los DEG, sería poco probable que los talibanes pudieran gastar esos recursos porque eso requeriría que otro país estuviera dispuesto a cambiar los DEG por monedas subyacentes, una transacción que probablemente sería bloqueada por los Estados Unidos.

Una semana después, el 25 de agosto, el Banco Mundial detuvo el acceso de Afganistán a sus fondos. La portavoz del Banco Mundial, Marcela Sánchez-Bender, en un comunicado a CNN Business dijo: “Hemos detenido los desembolsos en nuestras operaciones en Afganistán y estamos monitoreando y evaluando de cerca la situación de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos internos”. El Banco Mundial había comprometido más de U$S 5.300 millones para proyectos de desarrollo en la nación asiática, según el sitio web del Banco. El Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Afganistán, administrado por el Banco Mundial, ha recaudado más de U$S 12.900 millones que, por arte de magia, desaparecieron. 

La Unión Europea suspendió también la financiación para el desarrollo de Afganistán después de que los talibanes tomaron el control del país devastado por la guerra. Europa prometió 1.200 millones de euros durante los próximos cuatro años en asistencia de emergencia y a largo plazo. Estos fondos estaban condicionados a que las autoridades afganas preservaran el pluralismo democrático, el estado de derecho y los derechos humanos, o sea, nunca llegarán. “Tenemos que ver primero qué tipo de gobierno van a organizar los talibanes”, dijo Josep Borrell, se olvidó de decir que si son talibanes no importa el gobierno, si son neonazis, se puede conversar.

Ajmal Ahmady, exgobernador interino del Banco Central afgano, Da Afganistán Bank (DAB), explicó que las reservas rondaban los U$S 9.500 millones de dólares. Según Ahmady, U$S 7 mil millones de los activos de Afganistán estaban en manos de la Reserva Federal de los EE.UU., distribuidos de la siguiente manera: U$S 3,1 mil millones en letras y bonos norteamericanos, U$S 2,4 mil millones en activos de la Asociación de Asesoramiento y Gestión de la Reserva del Banco Mundial (RAMP), U$S 1,2 mil millones en oro y solo U$S 300,000 en efectivo. Otros 1.300 millones de dólares estaban retenidos en cuentas internacionales. Ahmady explicó que el Banco Central “depende de la obtención de envíos físicos de efectivo cada pocas semanas”, y señaló un informe del Wall Street Journal de que la administración Biden había cancelado los envíos cuando los talibanes se acercaban a Kabul.

El gobierno americano tomó como botín de guerra U$S 7.000 millones; nadie habló del oro, el efectivo y resto de cuentas internacionales. La sanción económica más destructiva es la confiscación estadounidense de más de U$S 7 mil millones en reservas internacionales. Estas reservas son necesarias para las importaciones esenciales, como alimentos y medicinas, pero también para que el banco central desempeñe su papel normal en el mantenimiento del funcionamiento del sistema financiero y la estabilidad económica.

El 11 de febrero, la administración Biden emitió una orden ejecutiva para asignar los fondos del banco central de Afganistán: la mitad (U$S 3.500 millones) sería «en beneficio del pueblo afgano”, y la otra mitad sería para las familias de las víctimas del ataque terrorista del 11 de septiembre, a la espera del resultado de los reclamos legales. En otras palabras, los 7.000 millones de dólares que tiene Washington, no serían devueltos al banco central. Por lo tanto, continúa la destrucción de la economía afgana y la hambruna masiva resultante. Ninguna cantidad de ayuda exterior compensará eso y, hasta el momento, no está claro cómo se beneficiará el pueblo afgano de los 3.500 millones de dólares reservados para ellos porque Estados Unidos dijo que no lo manejaran los talibanes.

Según la Universidad de Brown, Afganistán tendrá que vivir con U$S 2.26 billones menos, algo que este centro de estudios estimó como “costes totales de la guerra”. Pero a pesar de haber pagado el adiestramiento y los intereses de la deuda, U$S 530 millones solicitados para financiar el conflicto armado, hay al menos otros U$S 7.000 que, según la misma universidad, “gastos del Pentágono”, lo que sumado más de U$S 14 millones desde el comienzo de la guerra en Afganistán, con un tercio a la mitad del total destinado a contratistas militares.

Una gran parte de estos contratos, entre un cuarto y un tercio de todos los otorgados por el Pentágono durante los últimos años, se han destinado a solo cinco corporaciones importantes: Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon y Northrop Grumman. ¿Falta algo más todavía? increíblemente sí.

Quien brinda apoyo comprando alimentos para los países en crisis es el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, el principal proveedor mundial de alimentos para las poblaciones en riesgo. Durante 2021, el PMA adquirió extrañamente casi la mitad de su grano de Ucrania. Ahora está desesperadamente pidiendo la reapertura inmediata de los puertos del Mar Negro, incluido Odesa, para que los alimentos críticos de Ucrania puedan llegar a las personas que enfrentan inseguridad alimentaria. O sea, el culpable del hambre es la guerra y el bloqueo de puertos, no la imprevisión de comprar a un proveedor el 50% de los alimentos. Al cambiar de proveedor, los funcionarios del PMA estiman que el costo de sus operaciones habrán aumentado un 44% desde el comienzo de la guerra en Ucrania, y la agencia ahora enfrenta un déficit de financiación del 50%.

De acuerdo con esta lógica, la ONU emitió dos llamamiento urgentes a principios de marzo de 2022, uno para la asistencia humanitaria a Ucrania y otro para necesidades alimentarias mundiales. Para el 15 de abril, la asistencia humanitaria a Ucrania estaba financiada en un 65%. Los países en riesgo de hambruna, cuyos llamamientos han durado más, han recibido muchos menos fondos. El 15 de abril, la apelación de Afganistán estaba financiada en un 13,5%; la de Sudán del Sur, en 8,2%, y Somalia solo en un 4,4%. La financiación general para las necesidades humanitarias mundiales se situó en el 6,5 % de los niveles solicitados.

La pregunta es por qué el PMA compró esa cantidad de alimentos a Ucrania. Una respuesta es que se encuentra cerca de quienes tienen grandes necesidades Afganistán, Etiopía, Sudán del Sur, Siria y Yemen, pero también podría haberle comprado a Rusia y no lo hizo. La segunda respuesta alternativa es que, en conjunto, las autoridades del programa vieran con buenos ojos colaborar con la lógica americana comprándole a Ucrania, incluso en medio de la guerra.

El PMA está gobernado por una Junta Ejecutiva, compuesta por 36 Estados miembros. La organización está encabezada por un Director Ejecutivo, designado conjuntamente por el Secretario General de las Naciones Unidas y el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El director ejecutivo actual se llama David Beasley, miembro del partido Republicano y ex gobernador de Carolina del Sur. Fue propuesto en 2017 por la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas Norte, Nikki Haley (también exgobernadora de Carolina del Sur).

Los miembros de su junta ejecutiva son elegidos por tres años de entre los Estados incluidos en las listas que figuran en el Apéndice A del Estatuto. Hay cinco listados con países que van de la A hasta la E. De A ha C son países pobres, D y E, países desarrollados. La composición de la comisión será: 8 miembros del listado A, 7 del B y 5 del C, es decir, 20 todos pobres, los 16 restantes son de países desarrollados, esto es, el 44%, a quienes tienen que pedirle los fondos. Nada pasará o será aprobado, en cuanto a temas importantes, si no lo acuerdan las dos terceras partes, se entiende. Bueno, para eso fueron creados los organismos internacionales, para que protejan los intereses del imperio.