El tábano economista. Por: Horacio Rovelli

Por eso, en primer lugar, antes que nada, todos (pueblo y gobierno) debemos tener en claro que el problema no se reduce a que nos reduzcan la tasa de interés que nos cobran, ni tampoco a que nos otorguen cuatro o cinco años de gracias para no pagar el capital,  e incluso (que el FMI desde ya dijo que no) que en lugar de darnos 10 –diez- años de plazo para pagar lo hagamos en 15 ó 20 años.

El problema principal es que se debe investigar a donde fueron, cual fue el destino de los 32.200 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro) unos aproximadamente 45.400 millones de dólares que le otorgaron al gobierno de Cambiemos y que se fugó en su totalidad.

¿En que se invirtió esa plata?  Cuando el ministro Guzmán le pregunta al empleado de Clarín, Marcelo Bonelli, a donde se había ido esa deuda, la respuesta obvia fue: se fugó.  Esa deuda sin ser observada por el FMI, pasó a engrosar el capital que los ricos del país tienen en el exterior, sin embargo pretenden que la pague el pueblo argentino.

Por eso, antes que nada, se debe exigir, en el acuerdo a firmar, que el FMI como corresponsable de la fuga, brinde todo su apoyo con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país. Es más condicionar en el acuerdo a firmar que, de no hacerse así, en un plazo prudencial y antes de que se comience a pagar el capital de la deuda (supongamos después de los cuatro o cinco años de gracia), por incumplimiento de una de sus partes (el FMI), la Argentina queda librada de esa obligación hasta que esa investigación finalice

Y hay datos fehacientes de quienes compraron, en qué fecha y porqué monto, como consta en los registros de los bancos públicos y privados que le compraron esos dólares al BCRA (Banco Central de la República Argentina) y lo hicieron para sí y para sus grandes clientes.

De no investigar la fuga, en el mejor de los casos se reprograman los vencimiento de capital adeudado al FMI para que los pague una nueva administración del país que asuma en diciembre 2023 (suma imposible de abonar serían con capital e interés un monto total no menor de 50.000 millones de dólares a razón de 10.000 millones por año) a lo que se debe sumar el vencimiento ya reprogramado con los grandes fondos de cobertura por más de 100.000 millones de dólares, pero la paga el pueblo argentino y se beneficia la minoría que la fugó.

El Presidente Alberto Fernández en el discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo del año 2020, le pidió al Presidente del Banco Central de la República Argentina un informe de cuál fue el destino de los más de cien mil millones de dólares contraído de deuda por el gobierno de Cambiemos. La repuesta fue el estudio “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” de la autoridad monetaria que afirma que, fueron casi siete millones de personas físicas y jurídicas las que compraron 86.200 millones de dólares en la gestión de Cambiemos, pero los 100 (cien) primeros lo hicieron por 24.679 millones de dólares.

Nunca se informó oficialmente quienes eran esos cien primeros compradores, pero en la nota titulada “Los 100 de Macri” de El Cohete a la Luna del 24 de mayo de 2020, se da a conocer ese listado, jamás desmentido por ninguna de esas cien empresas ni por el BCRA.  Ese listado está encabezado por dos sociedades en las que el mismo Larry Fink, CEO de Blackrock, reconoce tener fuerte participación:  Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” que compró en esos cuatro años la suma de 1.248 millones de dólares y, Pampa Energía 903,8 millones de dólares, ni esas empresas, ni ninguna que conforman el grupo de las 100 (el grupo Clarín, Techint, Arcor, Aceitera General Deheza, FIAT, y un número significativo de los clientes del estudio que atendió Carlos Rosenkrantz, antes de ser Presidente de la Corte Suprema de Justicia), no declararon, ni pagaron impuesto a las ganancias por el monto de dólares que compraron. La pregunta es, de donde extrajeron esa suma, con lo cual, además de recuperar en parte esa deuda, se logra hacer un avance sobre las contabilidades paralelas y la evasión tributaria. 

EL AJUSTE FISCAL Y LA DEUDA 

Obviamente que el acuerdo con el FMI sin estar todavía firmado está vigente, lo demuestra que en plena pandemia, en la llamada segunda ola del covid -19, se hizo un fuerte ajuste en las cuentas públicas para reducir el déficit fiscal, incluso por debajo de lo presupuestado en la Ley 27.591, dado que fue de El déficit fiscal primario (antes del pago de los intereses de la deuda) fue del 0,5% del PBI y el déficit total  fue de $514.005 millones (1,3% del PBI) en el primer semestre 2021.

Para ello se contrajeron siempre en términos reales (esto es descontada la inflación que fue del 25,3% acumulada en el período según el INDEC), fundamente las jubilaciones y pensiones (9,6% a/a) y salarios públicos (5,0% a/a), pero también debido a que las erogaciones destinadas a la emergencia sanitaria fueron inferiores en la comparación con el primer semestre del año pasado. Finalmente los gastos totales presentaron una contracción de 9,7% a/a (por $ 4.209.857 millones)

Incluso se desfinancia el sistema previsional porque el gobierno emplea como compensación a las empresas la reducción de contribuciones patronales a sectores afectados por la pandemia (sector de la Salud, sectores críticos del programa REPRO II, régimen de Norte Grande, entre otros).

E incluso en este acuerdo implícito con el FMI, el Tesoro de la Nación Argentina se financia mínimamente con emisión monetaria (palabra prohibida por el FMI para los países dependientes, no para la Unión Europea y los EEUU que en plena pandemia emitieron para pagar los gastos) y lo hace colocando títulos de deuda y pagando intereses (que acrecienta la deuda pública y se convierte así en un factor cada vez más importante del gasto público)

Para cubrir el déficit fiscal se efectuaron en el primer semestre 2021, tres licitaciones de títulos de deuda que lograron captar financiamiento por un total de $ 402.511 millones, o sea el 78,3% del déficit discal total del semestre que fue de $514.005 millones (1,3% del PBI).

Son Letras y Bonos del Tesoro de la Nación como los LEDES y LEPASE, mientras que las LECER se ajustan por inflación (CER es el coeficiente de estabilización de referencia que se basa en el IPC del INDEC) más un plus.

Por ende se realiza un fuerte ajuste del gasto perjudicando a los jubilados y pensionados y a los trabajadores estatales, pero también al ser menor el gasto público real o primario, implica un menor nivel de actividad en general, cuando las empresas son reticentes a invertir y prefieren prestarle al Estado sin correr ningún riesgo (y se acrecienta el déficit por pago de intereses).

Para sostener este programa en el tiempo, de reducción del déficit fiscal y su financiamiento por parte de los inversores de la plaza doméstica y, evitar la necesidad de una asistencia mayor del Banco Central a través de emisión de pesos, proponen un plan que denominan de “Creadores de Mercado”, una iniciativa que contó con asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional y que busca, a grandes rasgos, establecer un sistema de liquidez “adicional” para un puñado de títulos públicos de deuda en pesos como los que coloca la Secretaría de Finanzas de la Nación, para hacer más atractivos esos bonos y letras para inversores minoristas.

El esquema implicará una serie de obligaciones e incentivos a grandes bancos y Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), que serán los participantes del programa. Su función, de cara al resto del mercado, será la de garantizar una “ventanilla” de oferta y demanda permanente por esos bonos y que eso disminuya, por un lado, volatilidades en la cartelera en un mercado de capitales pequeño como el argentino y, por otro, que sirva como referencia de precio porque esa presencia permanente de oferta y demanda de los títulos les dará más liquidez, menos volatilidad y referencias de precio más claras a los ahorristas que quieran invertir en esos bonos y letras, argumentan en la Secretaría de Finanzas.

Por ende los sectores medios en lugar de reñir para comprar dólares por las distintas alternativas (blue, turista, CCL, dólar bolsa, etc.), van a ganar plata prestándole al Tesoro de la Nación, que les asegura el pago por inflación o por “dollar linked” que son los títulos públicos ajustados por valor dólar oficial

Las entidades que busquen participar de Creadores de Mercado deberán estar registradas ante Comisión Nacional de Valores y en el Central de Registro y Liquidación de Instrumentos de deuda pública, regulación monetaria y fideicomisos financieros (CRyL) y poseer cuenta corriente en moneda nacional en esa entidad. Además, contar con equipos de venta especializados en títulos públicos radicados en el país.

Como incentivos, bancos y Alycs que se inscriban podrán formar parte de las reuniones con los funcionarios de Finanzas que tengan que ver con el desarrollo del mercado de capitales y el diseño de instrumentos.

Finalmente el Banco Central de la República Argentina financió al Tesoro de la Nación en el primer semestre 2021 en $ 410.000 millones. Unos $220.000 millones corresponden a Transferencias de Utilidades y $190.000 millones por Adelantos Transitorios.

De esta manera, plantea el gobierno enfrentar los fuertes vencimientos de deuda en títulos públicos colocados en el mercado local que ronda los $ 800.000 millones en el segundo semestre del año 2021, importe al que se le debe sumar un déficit fiscal que la Secretaría de Hacienda de la Nación prevé en unos $ 1.300.000 millones (o sea 1,3 billones de pesos), conformando unos 2,1 billón de pesos.  Para lo cual se confía en un roll over (renovar deuda vieja por nueva) del total de los $ 800.000 millones en títulos que vencen en el período y en tratar de colocar la mayor cantidad de títulos de duda nueva en el sistema “Creadores de Mercado” y que el BCRA asista al Tesoro de la Nación con la diferencia (que estiman en tono a los $ 900.000 millones), por lo tanto la asistencia del BCRA al Tesoro de todo el año rondaría 2,9 puntos del PBI y no 3,5% como estaba previsto en la Ley 27.591 de Presupuesto de la Administración Nacional 2021

EN SINTESIS

Para que todo este andamiaje creado funcione, se debe contar con el apoyo del FMI, que es para el capital el verdadero y único garante, por ende la exigencia del FMI (para que sigamos reduciendo el gasto público) y, parte del déficit lo financien los sectores medios del país, es que el gobierno de Alberto Fernández acepte toda la deuda sin investigar la fuga. Los beneficiados de esa transferencia de deuda al pueblo argentino (las menores jubilaciones y el menor gasto público lo demuestran) tienen nombre y apellido y el principal es Blackrock, que como dice su mismo CEO, Larry Fink, tiene importante participación accionaria en Telefónica Argentina y en Pampa Energía los dos principales fugadores y, también tiene parte del capital de los bancos Galicia, Macro, Santander-Río, y en BBVA. YPF y en Central Puerto, Loma Negra, IRSA. Telefónica, Coca Cola, Bayer, Exxon Mobil, Chevron, Apple, Microsoft, Procter & Gamble, Tenaris, Mercado Libre, TGN, Arcos Dorados y Adecoagro, más la tenencia de títulos de deuda pública Argentina por unos 3.000 millones de dólares

Detrás del FMI está Blackrock y las grandes empresas del mundo, por ejemplo ADM, Bunge,Cargill, Glencore, Louis Dreyfus,  todas ellas grandes acopiadores y comercializadores de granos que tienen sus garras sobre nuestro Río Paraná.