El Ministro del Tribunal Supremo Federal (TSF), Luiz Edson Fachin, anuló todas las decisiones procesales tomadas contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por la Justicia Federal de Paraná dentro de la operación Lava Jato. Las sentencias contra el expresidente, dictadas en el ex feudo juez Sérgio Moro en el Juzgado XIII de Curitiba, serán eliminadas de los casos, tanto del Triplex de Guarujá como de Sítio de Atibaia.

Los abogados defensores ​​en el Lava Jato han cuestionado y apelado durante mucho tiempo, en base al principio del juez natural, según el cual, el tribunal al que se remite un caso se relaciona con la ubicación de los delitos investigados. Sin embargo, una decisión del pleno del STF sobre el inicio del Lava Jato permitió que todos los casos de corrupción en Petrobras se mantuvieran en Curitiba, donde se encontraba el Juez Moro, acérrimo opositor al gobierno petista.

Con el mismo formato, en la Argentina todos los casos que involucraran a la expresidenta de la república Cristina Fernández terminaban en la avenida Comodoro Py, donde se ubica el edificio de los juzgados y tribunales federales con las causas que investigan delitos federales de corrupción. Invariablemente las causas eran asignadas por sorteo al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11 del fallecido, y acérrimo opositor a la presidenta, el juez federal Claudio Bonadio. Que todas las causas ingresaran en su juzgado le valió el cálculo del matemático y pedagogo Adrián Paenza, a pedido del periodista Horacio Verbitsky, para determinar cuál era la probabilidad que habiendo 12 juzgados, 10 causas vayan a uno solo de ellos. La solución arrojada fue de 0,00000000177%.algo así como 2 posibilidades cada mil millones.

En el caso de Brasil, como dijimos, la decisión del pleno del STF sobre el inicio del Lava Jato permitió que todos los casos de corrupción en Petrobras se mantuvieran en Curitiba. Pero el Juzgado 13, a cargo del juez Moro, solo podía considerar los casos de esta causa que involucraban malversación de dinero de Petrobras. En una decisión individual, el mencionado ministro de la Suprema Corte, Edson Fachin, reconoció que este juzgado no tenía la competencia para juzgar los casos que involucran al expresidente Lula porque los hechos imputados no ocurrieron en Paraná. En ese momento, Lula era presidente y estaba en Brasilia, por lo que la competencia para juzgar el caso sería del Distrito Federal.

Por esas condenas, que el ministro Luiz Edson Fachin describe como un “error de procedimiento” por “incompetencia”, según la anulación desplegada en 46 páginas del Supremo Tribunal Federal, Lula pasó 580 días en la cárcel y fue liberado en noviembre de 2019, después de que la Corte fallara, en una estrecha decisión de 6 a 5, que una persona solo puede entrar en prisión cuando no le queden apelaciones posibles.

Lo interesante es que en la democracia brasileña en los últimos años, al igual que en la argentina, el poder judicial interfiere en la política como si manipulara marionetas, decidiendo quién puede o no competir en las elecciones presidenciales, ya sea por vía directa, anulándolo, como el caso de Lula, o por vía indirecta, desprestigiando su carrera, como ejemplifica el caso de Cristina Fernández de Kirchner.

En lo que respecta a Brasil, existía un imaginario enfrentamiento entre Lula y Bolsonaro, que nunca se llevó a cabo en las urnas porque al ex presidente se le prohibió su candidatura por cuestiones judiciales ligadas a lo que dio a llamar “el expediente limpio”, en 2018. Quien tiene juicio no puede competir electoralmente, con lo que quedarían fuera un sinnúmero de políticos brasileños, pero esto solo afectó a Lula.

En 2018, a menos de una semana para las elecciones presidenciales en Brasil, el juez Moro hizo público el preciado alegato del exministro del gobierno de Lula y Dilma, Antonio Palocci, contra el encarcelado expresidente Lula. En él acusa al ex presidente de haber pedido sobornos para financiar campañas del Partido de los Trabajadores, sin mostrar una sola prueba. Esta publicación colaboró a la victoria de Bolsonaro. El juez Moro dejó el poder judicial para asumir, a principios de 2019, el cargo de Ministro de Justicia de los triunfadores.

Ante la decisión del STF, todos los diarios del mundo destacan más que la libertad del ex presidente su posibilidad cierta de ser candidato a la presidencia del Brasil en el 2022. La conveniencia temporal de este suceso se produce en forma simultánea con los periódicos del mundo encabezando sus primeras planas con un Brasil como un “Auschwitz a cielo abierto”, dado su irracional trato con la pandemia del COVID-19, la elevada mortalidad por los contagios y nuevas cepas y mutaciones del virus, que podrían afectar al mundo.

Esta sería una hipótesis de por qué se anularon los procesos en la actualidad, es una idea que ensamblaría perfectamente con la temporalidad de la anulación de las causas. Según Pepe Escobar, varias fuentes informadas confirmaron que la mayor parte de la Corte Suprema de Brasil está comprada. Después de todo, legitimaron de facto todos los inadmisibles hechos ocurridos en Brasil desde 2014. Fueron parte de un golpe de guerra híbrido hipercomplejo, en cámara lenta bajo el manto de una investigación de corrupción que llevó al desmantelamiento de las industrias nacionales; el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff bajo cargos falsos, y el encarcelamiento de Lula, obra del juez, jurado y verdugo Sergio Moro, ahora exministro de Justicia de Bolsonaro, quien quedó completamente desenmascarado por las revelaciones de The Intercept.

Quizás este relato sea un poco más complejo. Con la destrucción de PETROBRAS, y con ella de Pre-Sal, se eliminó el legítimo fondo de financiamiento de la política nacional y regional de Brasil a través de la operación Lava-Jato. Esto fue solo el inicio de una política destructiva que apuntaba a Odebrecht, OAS y J&F, Embraer, todas empresas que iniciaban su conquista de mercados externos avalados y financiadas por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo). Con la idea de una nueva política económica, que en esa época produjo un giro posneoliberal, y que generó tanto la idea de un “nuevo desarrollo” como el flujo de corrientes económicas alternativas: neoestructuralismo, neoextractivismo o el Modelo Económico Social, Comunitario, Productivo de Bolivia.

Recordemos que, por esos años, salieron a relucir los golpes blandos cuando muchas grandes empresas extranjeras, como las españolas Repsol, YPF, Endesa y Red Eléctrica, fueron expropiadas o compradas en varios de esos países. Si ponemos en perspectiva la lucha actual entre China y Estados Unidos y esa idea de regionalización con los diferentes procesos de integración, como el Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Mercado Común Centroamericano (MCCEAM), no resulta una buena apuesta para la nueva política exterior demócrata que estas ideas retornen en el Sur.

Pero, como bien dice Escobar, el bosquejo planificado de la destrucción de Brasil, para seguir la secuencia desde el golpe a Dilma, no ha modificado su estructura en lo más mínimo. Brasil sigue siendo una pieza fundamental de la destrucción regional del Sur. Los militares acatan la abismal incompetencia de Bolsonaro, porque ni siquiera pueden ir al baño sin la autorización del general Augusto Heleno, jefe de la GSI (Oficina de Seguridad Institucional), la versión carioca del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano. Se dice que el presidente de Brasil, alterado por la conmutación de la pena, solicitó ayuda al verdadero poder en Brasil, los militares, y lo más importante, en su cuenta de Twitter definió a Lula como un sinvergüenza, y he aquí lo notable, que estaba “momentáneamente” libre.

La idea de Escobar, es que este momentáneamente podría delatar el juego castrense. La situación de Lula está lejos de decidirse, más con lo mostrado por la justicia de Brasil, y es perfectamente posible que sea enviado nuevamente a la cárcel, pero esta vez aislado, en una prisión federal de máxima seguridad, o hasta incluso en un cuartel militar. ¿Por qué?

Los militares están apostando por una estrategia del caos: mala administración de la pandemia, mortalidad elevada, pérdidas de trabajo, descontrol económico. Con el líder del PT libre, con una inmensa base social en todo Brasil, que, en caso de su regreso a prisión, unido al desastre financiero que hunde más a la clases medias, prepare un  escenario listo para un cóctel tóxico definitivo: la “conmoción”, crimen organizado y movilización social son el pretexto exacto para la intervención militar, el modelo chileno.

Eso es todo lo que los militares necesitan para lanzar una operación extensa para restaurar el “orden” y, finalmente, obligar al Congreso a aprobar la versión brasileña de la Ley Patriota (cinco proyectos de ley separados sobre este tema ya se están abriendo camino en el Congreso). Esta no es una teoría de la conspiración. Es una medida de cuán incendiable es Brasil en este momento, y los principales medios occidentales no harán ningún esfuerzo por explicar la desagradable y complicada trama para una audiencia global.

La novena cumbre de los BRIC tendrá lugar en Brasil esta semana. Pepe Escobar piensa en un contragolpe maestro, organizando reuniones extraoficiales, discretas, entre Putin, Xi Jinping y Lula, ya que considera que tanto el líder chino como el ruso son aliados del líder del PT en el escenario mundial, y que le darán la bienvenida y una muestra de protección ante los militares y los negocios americanos.

Si Lula sigue el guión, hasta ahora impuesto por la derecha, de pacificador y reorganizador de la izquierda de Brasil, e incluso de guía en América del Sur, el sistema militar imperante en Brasil y su tesis de odio se lo tragará de nuevo. Personalmente no creo que se pueda postular para las elecciones del 2022, pero la pandemia nos ha demostrado que si no somos atrevidos, las nuevas ideas disruptivas que parecían apuntar a crear un futuro mejor, y que una tras otra están siendo eliminadas, nos llevaran a un futuro peor.