El tábano economista | 20 de Octubre de 2020

Tanto millonarios como grandes corporaciones multinacionales y autóctonas se presentan ante la sociedad como los consagrados triunfadores por esfuerzo propio o como vencedores del mercado. El concepto podría dar la errónea apariencia que estos grupos del establishment no han tenido ningún tipo de ayuda estatal, o, al menos, así lo reconocen la sociedad y los medios de difusión que se encargan meticulosamente de ocultar el acopio de estas asistencias.

La tesis de la perversidad supone que quienes necesitan protección social están en esa posición debido a una falta de “autodisciplina” (haraganería), porque quien quiera esforzarse y trabajar más saldrá adelante. La idea del mérito está profundamente arraigada en el relato del poder. Por lo que quienes reciben ayuda estatal son fracasados, perdedores, a los que la sociedad en su conjunto tiene que soportar fiscalmente dada su manifiesta incapacidad. Pero cuando la ayuda estatal va a privados, sean empresas o personas, parecería ser que es algo aceptado por la población que simula no tener conciencia de que también soporta fiscalmente tales ayudas.

La madrugada del 4 de septiembre de 2012, cuando el consorcio alemán Audi dio a conocer la decisión de instalar su primera planta en el continente americano, y que esta se establecería en el municipio de San José Chiapa, los segmentos productivos de la industria automotriz del mundo voltearon hacia una minúscula comunidad del estado mexicano de Puebla. Podría haber elegido Tennessee, en Estados Unidos, alguna localidad brasileña, y hasta algún otro estado mexicano, ¿Por qué en este municipio de solo 8 mil habitantes, desértico, sin infraestructura alguna, una pequeña localidad de campesinos donde 8 de cada 10 habitantes es pobres? ¿Ahí invertiría Audi U$S300 millones?

Bien, aquí tenemos una magnífica exposición de la terminología que distrae a la clase media. Los pobres recibe ayuda estatal y los multimillonarios o las corporaciones reciben incentivos. Bueno, estaría bien mirar de qué se trata esto de los incentivos y quién los solventa.

Mientras Audi se “compromete” a invertir U$S 300 millones para general 3.800 puestos de trabajo, el estado de Puebla, “como contrapartida”, se responsabiliza en invertir 642 millones de dólares, más del doble de la inversión de la automotriz alemana por todo concepto. En caso que el estado poblano quisiera pagarle 400 dólares de salario a cada uno de 3.800 puestos que la multinacional creará, los podría abonar con su inversión por el módico espacio de 35 años.

De qué constan estos incentivos: condonación de impuestos por un periodo de 12 años y la enajenación de 460 hectáreas para la automotriz; la construcción de obras de adecuación vial, hidráulica, de seguridad y salud (hospital); edificación de las oficinas temporales de Audi y de su Centro de Capacitación y Entrenamiento, obras de drenaje, la construcción de una línea ferroviaria y de un acceso al complejo industrial de la misma vía, una subestación eléctrica para brindar energía, y un camino perimetral. En el mismo estado las autoridades dieron un subsidio gubernamental a Volkswagen por U$S 32 millones, más la compra de automóviles patrulla, para ayudar a la pobre empresa alemana a paliar el escándalo del dieselgate.

Cuando las empresas extranjeras arriban a nuestros países deberíamos analizar el interés de los inversionistas extranjeros en algunos temas. En primer lugar, debemos pensar que las empresas extranjeras vienen por ventajas que no tienen en otro lugar del planeta y por una inmensa ayuda estatal: menores salarios, derechos sociales y laborales bajos o nulos, en general exceptuados de alguno; impuestos y obligaciones tributarias bajas o nulas; acceso fácil y barato a recursos naturales y energía; normas ambientales, laborales y financieras permisivas o inexistentes, y un sistemas judicial débiles y vulnerables. Todo esto a cambio de “generar empleo”.

Todas las ayudas indirectas antes mencionadas no están simbolizadas como activo en ningún lado. Pero figuran en el top ten de la desfachatez: grandes empresas, empresas trasnacionales, corporaciones locales, medios de difusión, periodistas, entre otros, que se las arreglan para no pagar impuestos en sus países, estableciendo su sede principal en paraísos fiscales, de las cuales no vamos a hablar aquí, pero reclamaron la ayuda pública a cuenta de la crisis del coronavirus.

Diferentes medidas de socorro a los ricos se implementaron en el mundo. Argentina, por ejemplo, acordó recortar el 15% del salario de los trabajadores que permanecieran en sus hogares, el restante 75% del salario sería afrontado en dos partes, 50% por el Estado y el resto, 15%, sería pagado por las empresas. Aun hoy, el Estado sigue afrontando la nómina salarial, cosa que no está mal,aunque se vuelve un problema cuando ayuda a las mayores empresas, Clarín y Techint, Coca Cola, Pepsi, etc. Cuando estas reciben ayuda no son criticadas como los pobres, pero, además de blanquear dinero, fugarlo y evadir impuestos desde hace décadas, algunas de ellas, con la pandemia, ganaron más dinero por tener plataformas, medios, internet, cable, que la gente consumía de manera desesperada contra el aburrimiento.

Por otra parte, en Argentina, para ser presidente desde el retorno a la democracia, se puede carecer del plan de gobierno, pero no debe faltar un blanqueo de capitales para bandidos que han arruinado al país, y que tienen sus fondos ilegal en el exterior. En la letra chica debe figurar entre las principales políticas del Estado benefactor de delincuentes. Obvio, no es como cuando se ayuda a los pobres, estos ricos sí son una bomba económica para el país, pero dicen traer crecimiento, empleo e inversiones.

Desde el retorno a la democracia hubo cinco (5) blanqueos, asistencia estatal a ricos, y se está pensando un sexto. En 1987, con el gobierno de Raúl Alfonsín, el blanqueo se llamó “Régimen de Normalización de Impuestos” que, básicamente, perdonaba que las empresas y las personas físicas se hubieran olvidado, extraviado o simplemente omitido declarar ganancias o incrementos patrimoniales desde 1985-1987. El neoliberal Carlos Menem amplió un poco el blanqueo y la facilidad del Estado benefactor de ladrones. Durante su gobierno no solo se podían blanquear capitales, sino ahorros en dólares sacados del país evitando al fisco (o llamando a algún narco amigo) por menos de 500 mil dólares.

La penalidad por legalmente blanquear fondos provenientes de coimas, secuestros, venta de armas, drogas o evasión, no necesitaban ninguna explicación porque lo dejaba claro la ley: “no se exigía al contribuyente declarar el origen de sus fondos”, según la ley 24.073 de abril 1992. Ahora, eso sí, con una firmeza ejemplar, la ley tenían una “penalidad”. Si exhibía su desfalco al Estado en el primer año, pagaba solo el 0.5% pero si no le creía y tardaba más tiempo, tenía que pagar 2.5%, una verdadera expropiación. El pueblo les perdonaba sus robos, no los cuestionaba, y encima, todo servía para un slogan, “Tráigala de vuelta… y póngala a producir”.

El gobierno kirchnerista realizó dos blanqueos, uno en 2009, el “Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales.” con ley 26.476, y un segundo en el 2012 para reactivar la construcción con un instrumento llamado Cedin (Certificado de Depósito para la Inversión Inmobiliaria).

Pero la más desopilante colaboración estatal para negocios privados para activar el Estado benefactor de delincuentes (EBD) fue el presidente Mauricio Macri. El blanqueo lo ingreso como una ayuda a jubilados con el nombre “Programa nacional de reparación histórica para jubilados y pensionados” que estafa al fisco en varios frentes, pero en el caso de blanqueo en sí, los saqueadores del país, para ocultar sus intenciones, lo bautizaron exteriorización o sinceramiento. Ni siquiera tenían que traer el dinero, solo mostrar lo adquirido con la evasión. Por cierto, una vez que la ley fue aprobada, no permitía que los parientes de autoridades pudieran blanquear. Pero el presidente sacó el decreto Nº 1.206/16 que los habilitaba; de hecho, su hermano blanqueó U$S 63.5 millones. Por último, se recaudaron U$S 148 millones y se sinceraron U$S 130.000 millones. Nos devolvieron el 0.1% de lo evadido. Así son los incentivos para apuntalar el despegue del país.  

Otra forma de colaboración estatal fue la destinada durante la pendemia a las pequeñas empresas en el mundo que pidieron créditos blandos para mantenerse a flote. En general, no obtuvieron respuesta. Y, en Latinoamérica en especial, las pymes, que suelen generar más del 70% de los puestos de trabajo, no consiguieron la ayuda deseada. Sin embargo, quienes no la necesitaban, si la obtuvieron. Como se dice, el banco te presta dinero cuando no lo necesitas. Quizás la más conocida de las ayudas a los poco desamparados haya sido la cadena de hamburgueserías Shake Shack en Estados Unidos, que está devolviendo un préstamo federal de $ 10 millones después que el Programa de Protección de Cheques de Pago, destinado a ayudar a las pequeñas empresas, favoreció a la firma, quedando tan expuesto su beneficio fiscal que fue atacada ferozmente en las redes sociales.

La brillante idea americana para los restaurantes era ayudar a aquellos que tuvieran menos de 500 personas por ubicación. La cadena de hamburguesería efectivamente tenía menos de 500 empleados por ubicación, solo 45 por centro de comida. El problema es que tiene 185 centros Shake Shak en todo Estados Unidos, lo que suma más de 8 mil empleados. En este caso las redes sociales acosaron a la firma, porque con los impuestos de todos los estadounidenses, como dice la derecha, le estaban subsidiando un préstamo de 10 millones a una cadena de restaurantes que vale 1.6 MM de dólares.

Que el presidente americano haya pagado únicamente U$S 750 dólares por ganancias en 2016, según el New York Times, y que no publique su declaración jurada, forma parte de ser presidente y ayudarse uno mismo, pero ¿quiénes creen los contribuyentes que soportan todos los paquetes de estímulos fiscales en cualquier lugar del mundo si los ricos no pagan?

Las deducciones patrimoniales y de donaciones ayudan a reducir los ingresos sujetos a impuestos, pero ahora hay más razones para aprovecharlas. Los ricos evaden o deducen de manera abismal, y encima el relato económico es que hay que bajarles los impuestos, como lo hizo Trump, del 39.5% al 35%, para que puedan “invertir”, cosa que no hicieron. Pero esto está sucediendo en todos lados, los impuestos a las ganancias han caído en la mayor parte del mundo en unos 20 puntos, solo en Alemania pasaron del 56.8% en 1995 a 28% en 2018.

En Argentina pueden verse varios artículos relacionados con el tema. “Planes sociales, mitos y verdades, de Miguel Fernandez Pastor”, da un extenso vademécum de como desde 1933 se ha ido complejizando el sistema impositivo y cada vez se pagan menos ganancias por subsidios, descuentos por hijo, obra social, mucama, etc. Bienes personales también fue manipulado a la baja en la Argentina para que los amigos del poder pagaran cada vez menos.

¿Ustedes cree que esto es nuevo? En 1976, días antes de asumir como Ministro de Economía de la Dictadura, el padre de José Martínez de Hoz, miembro de esta acomodada familia, falleció y, como consecuencia del deceso, el futuro ministro se convirtió en el heredero de una de las más importantes fortunas del país, por cuyo traspaso tendría que tributar. La eliminación del impuesto a la herencia fue una de sus primeras medidas, con lo que quedó eximido de tal carga.

Cuanto más se gana, más se paga de impuestos. Esa es la idea. Pero la máxima hoy queda mejor así: “cuanto más se gana, menos se paga”. Exenciones, ayuda, subsidios, incentivos, llámense como se llamen, las grandes empresas y las grandes fortunas siempre reciben la colaboración estatal para que su placentera vida lo sea aún más. Si por equivocación se les solicita ayuda, con algún tipo de contribución especial, primero es necesario pedir de todas las maneras posibles perdón, compasión y generosidad ante tal osadía, y a sabiendas que seguramente será compensado, se da la concebida defunción del acto generoso de los más acaudalados para colaborar, mínimamente, con quienes llevaron a la pobreza.

El Estado benefactor de delincuentes pasa totalmente desapercibido o, en su defecto, es reconocido como una colaboración estatal aceptada ante alguna distorsión del mercado, un percance mundial que pone sus beneficios en jaque y el Estado los tiene que ayudar, aunque, claro, cuando se habla del Estado, el aporte fiscal es de todos. Son gente eficiente, sería, que tracciona al país. Mientras que los que realmente son una carga, son esos fracasados, iletrados y holgazanes que lo único que quieren es vivir sin trabajar.