Muchos países del Sur Global enfrentan problemas de deuda, por lo que vale la pena preguntarse acerca de las posibilidades que estas naciones tienen para financiar dichos pagos, y de poder hacerlo, conocer de dónde provendrían los recursos. Por otro lado, la propuesta de un mecanismo de canje de deuda por acción climática, lanzada por el gobierno argentino en 2021, y sostenida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), se imagina como un dispositivo ficcional que busca dar respuesta a la crisis de deuda financiera y a las crisis ambientales.
Los distintos proyectos extractivos anunciados en la Argentina en los últimos años se presentan como una justificación que parecería inapelable: la necesidad de conseguir divisas para el repago de la deuda se puede realizar a través de un único y exclusivo sistema de exportaciones manejados por trasnacionales, ya sea agro, energético, minero, etc. No hay elecciones posibles, y en el caso de algunas alternativas barajadas por los economistas progresistas, resultan ser, en general, las mismas propuestas neoclásicas, pero enmascaradas.
Es fundamental entender la interacción entre la crisis de deuda y desarrollo nacional para afrontarla, ambos están condicionados como una solución integral. El endeudamiento macrista en Argentina, y su posterior aceptación por las nuevas autoridades, no es inocente. El pago de los servicios de deuda orienta los recursos escasos de los países del Sur Global y la acumulación de capital a los acreedores del Norte, en lugar de destinarlos a políticas de desarrollo económico. Entre 2011 y 2020, estos pagos se triplicaron y hoy representan, en promedio, el 17,4% de los presupuestos nacionales de los países del Sur.
Las recomendaciones del FMI en los acuerdos que establece con los gobiernos siempre incluyen un aumento de las exportaciones y, por ende, una aceleración del extractivismo. Este es el caso de la Argentina: el 80% de las exportaciones provienen del agro, la minería y las energías fósiles. El acuerdo firmado en 2022 con dicho organismo incluye la sanción de regímenes especiales de incentivos. Estas actividades extractivas aceleran las consecuencias negativas de las crisis de desarrollo.
Elaborar una política pública implica construir una representación, una imagen de la realidad y del futuro sobre el cual se busca intervenir y donde se pretende arribar, lo que se llama modelo de país. En referencia a esta imagen cognitiva, los actores organizan su percepción del sistema, confrontan sus soluciones y definen sus propuestas de acción. Este conjunto de imágenes constituye la referencia de esta política. Las políticas públicas operan a través de códigos, modelos de referencia que aseguran la continuidad de su acción, lo que los liberales llaman la desaparición de la incertidumbre, que en general opera para que los negocios privados y que sus beneficios fluyan libremente.
Un ejemplo es la privatización de YPF, que se caracterizó por elementos instrumentales, cognitivos y normativos, que se vieron fuertemente acentuados cuando el Estado entregó la acción de oro sobre la empresa: esto implicó el desprendimiento de un instrumento estratégico para el desarrollo local y social, cedido y librado al sector privado. La pérdida para el Estado no fue solo su principal y emblemática empresa, sino de las inversiones en materia de exploración, equipamiento y saberes acumulados durante años.
Cualquiera podría pensar que las acciones estatales deben acompañarse de un cambio referencial sectorial y global, dado que es a través de ellos que se define un equilibrio necesario entre regulación y legitimación. Es decir, las directrices del Estado deben dirigirse a las políticas de desarrollo del país, y a ellas están supeditadas las políticas energéticas, para dar un ejemplo. En términos de instrumento, YPF implicaba hasta antes de su privatización no solo ser la principal empresa del país, sino un instrumento macroeconómico poderosísimo, capaz de subsidiar al conjunto de la sociedad. Numerosos pueblos, ciudades y empresas crecieron a través del efecto multiplicador que producía la petrolera estatal y su política social directa e indirecta.
Mediante sus tarifas preferenciales esta empresa proporcionaba combustible a precios más accesibles para el desarrollo de zonas desfavorecidas del país, para que los productos sean más competitivos o que fuera utilizada como mecanismo antiinflacionario en momentos donde la espiral de precios se hacía difícil de contener. En otras palabras, YPF constituía un verdadero dispositivo técnico y social capaz de organizar las relaciones sociales específicas entre el poder público y sus destinatarios en función de las representaciones y significaciones que este entraña.
Si uno tiene los recursos naturales o las materias primas, se pueden ejecutar políticas de contención de precios de commodities propios para desarrollo sectorial, diferenciación de valorización externa–interna, tener productos más competitivos, desarrollar sectores, recursos o regiones, o sea, un cúmulo de despliegues de creatividad económica, para el bienestar social. La otra opción es cuando uno es CEO de las grandes firmas, actúa para el gobierno, piensa solo en pagar la deuda, y entrega de diferentes maneras el patrimonio nacional, nada nuevo en América Latina.
Lo que puede resultar un tanto novedoso es el constante ataque al Estado por la ayuda social a los pobres, que en general se realiza como consecuencia de sus políticas que los marginaron, y lo que llamamos en otro artículo el EBD (Estado Benefactor de Delincuentes) cuando se subsidia a las grandes empresas, porque debe quedar claro, los pobres reciben ayuda estatal y los multimillonarios o las corporaciones reciben incentivos, que suena mucho más agraciado que choriplanero.
Veamos cómo las grandes empresas se llenan los bolsillos con subsidios y, además, los medios de difusión destacan el riesgo de la iniciativa privada de inversión, que en general es subsidiado por el Estado, pero como no se la publica encima de micros yendo a marchas y comiendo choripanes, son totalmente desconocidas.
La necesidad de generar divisas continua ha derivado en que una de las formas esperadas por Argentina para conseguirlas es generando excedentes exportables de energía, y para eso es necesario tener precios competitivos, que nadie conoce por cierto, pero por sobre todo, invertir, arriesgar, dejar que el sector privado se encargue, bueno, con alguna ayuda.
Pensando en este desarrollo, en este nuevo modelo de país, bueno, mejor olvídense de eso, pensando en los negocios, término que se podría maquillar como una nueva la ley de hidrocarburos presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional, y que ambos avalen que el pueblo pague este nuevo negocio. Centrándose en ofrecer ventajas económicas para las empresas hidrocarburíferas por 20 años y que se complemente con una política de desarrollo energético, la Resolución 46/2017, que promovió Juan José Aranguren (Shell), permitió ampliar la producción de gas en Vaca Muerta, pero generó desequilibrios en el mercado ayudando a Tecpetrol y Compañía General de Combustibles (CGC), mientras que YPF fue perjudicada.
De la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), tomamos el documento “Los subsidios a los combustibles fósiles 2020-2021”, aunque dejamos fuera los efectos de la guerra que se utilizan para opacar la verdadera iniciativa que es subsidiar los negocios privados.
Según el informe, los subsidios económicos y gastos de capital para la generación energética en 2020 mostraron un incremento del 46%, U$S 7.339 millones de dólares. “Estos montos representan 3 veces las erogaciones en Asignaciones Universal”. Mientras que, durante 2021, en una comparación con el 2020, entre enero y mayo se observó un incremento del 27% en dólares de los subsidios energéticos, ya que se erogaron U$S 3.042 millones en concepto de subsidios. “Estos gastos, por ejemplo, podrían cubrir los presupuestos de las universidades nacionales”.
Las transferencias a empresas hidrocarburíferas (subsidios a la oferta) durante 2020 totalizaron U$S 645 millones, lo que equivale a 11 millones de Asignaciones Universales por Hijo. Las tres beneficiarias que recibieron más subsidios a la oferta durante 2020 fueron Tecpetrol (53%), Compañía General de Combustibles (20%) e YPF (9%). Según los datos de sus estados contables de 2020, los subsidios han representado el 29% de los ingresos por ventas totales de Tecpetrol, y como veremos, sirvieron para subsidiar la inversión propuesta por las empresas en más de un 70% entre 2018 a 2021.
Desde la aprobación del Plan Gas No Convencional, el Estado nacional ha erogado casi U$U 1.600 millones para la extracción de gas del reservorio no convencional de Vaca Muerta. Este monto total de los subsidios para este sitio representa 13 veces lo erogado en energías renovables entre 2018 y 2021, es decir, que por cada $1 destinado a renovables, $13 fueron a Vaca Muerta.
Los subsidios a Vaca Muerta durante 2020 equivalieron al gasto de 1.903.000 jubilaciones mínimas, 8.695.000 asignaciones universales para la infancia y hubieran permitido cubrir el costo de 772.000 camas de terapia intensiva para personas afectadas por el COVID-19. Pero los subsidios comenzaron a mediados del 2018 – 2021 con el negocio implementado por la Resolución 42/2017 plan que subvencionaba a los privados con unos U$S 3.800 millones.
El Tesoro nacional ya pagó, hasta mediados del 2021, o sea en tres años, unos $ 99.437 millones a partir de mediados de 2018, más de la mitad fueron a Tecpetrol, el brazo petrolero de Techint (la compañía de Paolo Rocca), que despuntó con el desarrollo del yacimiento Fortín de Piedra.
Cualquiera podría imaginar el riego al que Tecpetrol se veía inmerso, ya que la compañía había prometido U$S 2.000 millones de inversión durante esos años. Bueno, el Estado le ayudó con un incentivo de U$S 970 millones, lo que le permitió producir unos 17,5 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) de gas natural, equivalentes al 13% del consumo promedio anual del país, un choripán efectivamente beneficioso.
Según fuentes cercanas a la empresa, esto derivó en una mejora de U$S 1.660 millones en la balanza comercial energética. Es decir, gracias a ellos Argentina puede tener dólares mejorando la balanza de pagos, en caso que los liquiden en el país, ya que una parte se lleva a cabo en el extranjero. Muy por detrás, la segunda mayor beneficiaria de la Resolución 46 fue la Compañía General de Combustibles (CGC). Fueron unos $ 19.307 millones los que percibió la firma de la Corporación América, de Eduardo Eurnekian.
Los precios mínimo y máximo promedio de las exportaciones de gas en 2020 fueron entre 2,38 y 3,85 USD/ MMBTU, los usuarios residenciales y de las pymes tuvieron, en 2020, una tarifa de 3,95 USD/MMBTU, valor mayor al promedio de precios máximos cobrados por las exportaciones durante ese año, y también mayor al promedio surgido de las licitaciones del nuevo Plan GasAR, que se ubica en 3,7 USD/MMBTU.
El link del detalle del pago por empresa y por año se encuentra aquí, donde hay ocho planillas de Excel con los pagos en pesos y cómo se acelera antes de las devaluaciones de cada periodo. Como se ve, hay un apetecible negocio de inversión para producir y si el Estado ayuda y la gente lo ve como un costo a su bolsillo, mejor. Sin pensar, claro, en un modelo sustentable de energía como una parte del mecanismo de la estructura de desarrollo, sino un simple negocio privado. El problema es que los medios no acusan ni a Audi en México ni a Tecpetrol en Argentina que viven del Estado, sino a la pobre gente que quedó fuera del sistema por recibir ayuda. Yo no estoy en desacuerdo de que la República separatista de Roca reciba subsidios, para, según algunos medios, volver competitiva a Vaca Muerta, pero que se haga cargo también de la deuda.