El tábano economista

Cada uno de estos bancos: JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank y Bank of New York Mellon, fueron multados por diferentes entidades gubernamentales internacionales, por múltiples y variadas infracciones, algunas de no creer, por cierto.

Por ejemplo, desde la década de 1930, las obligaciones de mantenimiento de registros y libros han sido una parte esencial de la integridad del mercado y un componente fundamental de la capacidad de la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos –Securities and Exchange Commission(SEC)– cuya función principal es proteger a los inversionistas de los mercados de valores con dichos registros para ser un vigilante eficaz de los movimientos de dinero.

Desafortunadamente, se han visto violaciones en los mercados financieros que se cometieron utilizando canales de comunicación no oficiales, como por ejemplo… !!Mensajes de texto y de WhatsApp!!! La Comisión de Bolsa y Valores y la Comisión de Bolsa y Valores​​ de Estados Unidos terminaron sancionando a JP Morgan por un total de U$S 200 millones por no mantener, preservar y producir registros que debían de crearse bajo los criterios de los entes reguladores.

A su vez, el Reino Unido, multó al banco británico HSBC por sus fallas en controles antilavado. La Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority FCA) de aquel país multó al banco por más de 84 millones de dólares por fallas en sus mecanismos de prevención de blanqueo de capitales. De acuerdo con el regulador británico, del 2010 hasta el 2018, el banco no consideró escenarios para identificar señales de lavado de dinero; tampoco probó ni actualizó los parámetros dentro de los sistemas para determinar si una operación podría considerarse como sospechosa.

Desde la primavera el 2018 el Deutsche Bank parecía haber logrado lo que los rascacielos del banco en la metrópoli financiera alemana de Fráncfort habían anhelado durante mucho tiempo: la calma, sobre todo si no existían nuevas acusaciones ni multas. Pero no vayamos tan rápido, el detestable pasado no se ha desvanecido, y resultó que un sitio de noticias, BuzzFeed News, se apoderó de una serie de archivos de actividades sospechosas conocidas como SAR – en la mayoría de los países, la notificación de actividades sospechosas se realizan con un documento enviado por una institución financiera a la autoridad correspondiente, de acuerdo con las regulaciones de cumplimiento, llamado SAR.

La agencia se apoderó de unos 2.000 reportes de actividades sospechosas, realizadas por bancos de Estados Unidos a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro norteamericano (FinCEN) a quien deben reportar, y compartió los archivos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Rara avis estos periodistas adheridos al consorcio, que atesoran el innovador perfil de develar secretos por países, dándose a los medios más concentrados de cada uno de los países el visado para desatar y publicar la información.

Lo cierto es que Deutsche Bank tenía una serie de muertos en el placar. Compró hipotecas mal garantizadas de compradores de viviendas estadounidenses: en el 2013 fue condenado a pagar millones de dólares a las estatizadas instituciones hipotecarias estadounidenses Freddie Mac y Fannie Mae. En 2017, el banco llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses. Al principio se habló de un total de 14.000 millones de dólares, lo que lo habría llevado a la ruina. Finalmente pagó U$S 7.200 millones. Desde el 2011 al 2015, por otro lado, el banco había blanqueado en rublos rusos unos 10 mil millones de dólares a través de transacciones de acciones, y como eran en dólares las autoridades estadounidenses intervinieron. Lo multaron, en este caso por 600 millones de dólares.

En 2013, la Comisión Europea impuso a seis grandes bancos internacionales una multa de 1.700 millones de euros por manipular los tipos de interés, la tasa de oferta interbancaria de Londres (Libor). Gran parte de la multa, unos 725 millones de euros, fue pagada por el Deutsche Bank, que más tarde fue multado con otros U$S 2.500 millones de dólares por las autoridades británicas y estadounidenses. En el 2015 el banco alemán había violado el embargo estadounidense existente sobre Irán y debió pagar una multa de 260 millones de dólares. Bien, llevamos unos U$S 11.500 millones hasta ahora de este sagrado y todavía no canonizado banco. 

Resulta que el JP Morgan, el mismo del inicio del escrito, según los registros de FinCEN Files, permitió que una empresa moviera más de US$1.000 millones a través de una cuenta de Londres sin saber quién era el propietario. Más tarde, el banco descubrió que la compañía podría ser propiedad de un mafioso que se encuentra en la lista de los diez más buscados del FBI. ¡Qué distracción!El sospechoso en cuestión es Semión Mogilevich, un prominente miembro de la mafia rusa que ha sido acusado de crímenes que incluyen narcotráfico, tráfico de armas y asesinato.

El banco británico HSBC -el más grande de Europa– y el mismo que tenía un estándar superior de WhatsApp, llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos por el cual deberá pagarle al gobierno la cifra récord de US$1.900 millones, esto fue en el 2012. Las autoridades estadounidenses acusan a la institución financiera de haber hecho posible el lavado de dinero de los carteles de la droga mexicanos y de haber manejado fondos de países sancionados por Washington, como Irán, Siria y Arabia Saudita. O sea, primero lava dinero para los narcos y después se comunica por mensajes con sus clientes a través de WhatsApp para que no queden registros.

Las multas comienzan a parecer algo absurdo, de hecho, y en honor a la verdad, lo son. Pero con el relato de no deteriorar la ya de por sí castigada imagen de los bancos, no se los cierra, solo se los multa. Aunque nadie sabe con certeza cuánto dinero movieron, lo que implicaría que quizás, y todo el mundo así lo interpreta, las multas son solo un costo de las negociaciones. 

Lo que están mostrando los documentos secretos de Tesoro norteamericano es que las promesas de los bancos eran huecas, al igual que la amenaza del gobierno. Incluso bajo el escrutinio más intensivo, los bancos continuaron facilitando y beneficiándose de transacciones que sospechaba que estaban sucias. 

Durante la última década, el gobierno americano se encaminó a realizar acuerdos de enjuiciamiento diferido como su principal estrategia para combatir el crimen corporativo de alto nivel.  La idea es que a través de esos acuerdos a menudo se puede lograr tanto, y a veces incluso más, de lo que se podría lograr con una condena penal.

Un estupendo relato argumentativo de velados permisos al infierno. Pero en lugar de lograr un cambio real, el enfoque del Departamento de Justicia ha producido un ciclo ineficaz de acusaciones e inacción, disculpas y promesas incumplidas, y aún más acuerdos de enjuiciamiento diferido. En ninguna parte es eso más claro que en el caso de HSBC que solo por un “error” pagó U$S 1.900 millones, aunque los errores ya huelen a grandes aciertos.

El último grito de la moda es Credit Suisse, que se enfrenta a una posible multa de 45,86 millones de dólares por no tomar las precauciones necesarias para evitar que los narcotraficantes laven dinero con el banco entre 2004 y 2008. Los fiscales han culpado tanto al banco como al ex gerente de relaciones. Una acusación de 500 páginas se encuentra en todos los periódicos del mundo, detallando cómo una narcotraficante convicta búlgara, Evelin Banev, junto con varios asociados, colocaron «maletas llenas de dinero en efectivo» en cajas de seguridad en el banco. 

Después de ser condenado en rebeldía en Italia y en su Bulgaria natal, Banev finalmente fue detenido, ¿en dónde más?, Ucrania, of course. En junio de 2007 los fiscales solicitaron a Credit Suisse información sobre las cuentas de Banev y sus socios en respuesta a una solicitud pedida desde Bulgaria. Al notar una serie de retiros, el departamento de cumplimiento del banco preguntó a los fiscales si congelaban las cuentas, pero se les dijo que no lo hicieran para evitar alertar a los clientes. Cuando los fiscales dieron el visto bueno a Credit Suisse, gran parte del dinero había sido retirado.

Como dijimos, y de acuerdo con el secreto bancario, las instituciones financieras están obligadas a detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero, informarlas a la autoridad de su país sobre movimientos de fondos que puedan indicar posible comisión de delitos que incluyen: lavado de dinero, fraude, evasión o vinculados al narcotráfico o el terrorismo. Estos reportes extremadamente confidenciales no son necesariamente indicativos de una conducta delictiva o una evidencia de irregularidad. Pero, según la experiencia, si no son del barrio estarían buscando casa.

Como los bancos son los intermediarios y atrevidos beneficiarios de extraños movimientos, tampoco son cándidos conejillos que no calculan denuncias favorables que disipen la mirada sobre sus movimientos, unas distracciones piadosas. La investigación arrojo una treintena de empresas argentinas con algunas irregularidades denunciadas. Por ejemplo, por Deutsche Bank de Nueva York. Según Infobae, uno de los medios que compartió la información, develó algunas confusiones legales-administrativas de las empresas.

Tenaris Global Services S.A., una subsidiaria de Tenaris S.A. –del Grupo Techint del siempre colaborador Paolo Rocca–, despertó la atención de la FinCEN en 2013 por haber estadoinvolucrada en un hecho de corrupción para conseguir contratos estatales en Uzbekistán. La empresa admitió “el pago de ciertas comisiones por una de sus subsidiarias” que “podría haber beneficiado indebidamente a empleados del cliente y a otras personas, posiblemente en violación del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero”, una confusión de soborno imperdonable. Finalmente, Tenaris llegó a un acuerdo extrajudicial con el Departamento de Justicia norteamericano en 2011, tras admitir el ilícito y pagar una multa de U$S 8,9 millones.

A partir de ese antecedente, el Deutsche Bank de Nueva York identificó 56 transacciones de Tenaris Global Services S.A. por U$S 88,5 millones entre julio y septiembre de 2013, que consideró sospechosas. Motiva este reporte la falta de un propósito comercial de las transacciones, o sea, los movimientos estaban emparentados con un pago de sobornos a funcionarios extranjeros para ganar una licitación. Según Tenaris, no se comprende la conexión entre los ilícitos cometidos y las denuncias de Deutsche Bank.

En Argentina, ejecutivos de la multinacional y su CEO, Paolo Rocca, fueron procesados por presuntos sobornos a ex funcionarios de los Kirchner en el caso de los cuadernos de la corrupción. La Cámara Federal porteña revocó el procesamiento de Rocca y anuló la elevación a juicio de dos de sus ejecutivos de confianza. Luego, el año pasado, los ejecutivos recibieron la falta de mérito, pero el sobornado, no. Rocca ya acumulaba en su haber la citación de la justicia italiana por el pago de sobornos en Brasil por U$S 9 millones para quedarse allá con obras de Petrobras. Buscan determinar si directivos de Techint utilizaron sociedades offshore, y una cuenta en Suiza para pagar sobornos a funcionarios brasileros de Petrobras.

Nuevamente, Deutsche Bank reportó 2.922 transacciones por U$S 5.372 millones, operadas por distintos bancos, que involucraron a la compañía Nidera, una de las principales marcas de semillas de la Argentina, entre enero y octubre de 2016. El reporte de 2016 sobre Nidera Argentina se originó por una denuncia de la AFIP en el año 2011. Nidera figuró en un listado de empresas agrícolas multinacionales investigadas por presunta evasión y por supuestamente haber ocultado millones de dólares en dividendos a través de empresas fantasma. La AFIP había suspendido a Nidera del registro de exportadores en 2011, pero esa medida quedó sin efecto tras el pago de una multa de U$S 16.2 millones. 

El Standard Chartered Bank de New York emitió el 15 de diciembre de 2016 un reporte de actividad sospechosa sobre la empresa argentina Petroquímica Comodoro Rivadavia, ya que dos de sus dueños, Martín y Gustavo Brandi, estuvieron involucrados en el caso de evasión por las cuentas no declaradas en el HSBC en Suiza, en 2014. ¡Vaya coincidencia!

El banco identificó 275 transacciones por más de U$S 50 millones, realizadas entre 2009 y 2016. Petroquímica Comodoro Rivadavia está dedicada al cemento, petróleo, gas y energía eólica. En diciembre de 2016, el Banco Central incluyó a la compañía dentro de los «100 principales deudores del sistema financiero». A junio de 2019, su deuda ascendía a $8.142.062. Martin Brandi, su presidente, aportó un millón de pesos a la campaña presidencial de Mauricio Macri en las elecciones primarias de agosto de 2019.

Seguramente una parte de los dólares que se fueron para el pago de deuda de privados al exterior sea de Petroquímica Rivadavia. Según su director financiero “la deuda estaba bajo ley de Nueva York, y a mí se me ocurrió poner los activos financieros en el HSBC de Suiza, pero los declaramos”. La denuncia de la AFIP fue totalmente infundada.

Seguramente los fugadores de dinero, bancos facilitadores de negocios, blanqueadores, creadores de cuentas offshore, son impensables pilares sociales señalados por conducta delictiva. Que algún confuso y ambiguo suceso producto de traspapelar algún dato, quizás un olvido, una omisión, por qué no un descuido, pueda haber sucedido, es admitido, nada que una multa no pueda enmendar. Si eras un ladrón de gallinas, haz una cooperativa de saqueadores que junte el suficiente capital para comprar un banco. Tu vida será más fácil. No seas imbécil.