El tábano economista

Nacionalizar empresas ya no es un tema tabú para ningún estado. En otras épocas, no muy distantes de las actuales, entre 1980-1990, la primera ministra británica Margaret Thatcher revolucionó la economía británica. Su desastre económico mutado a éxitos por los medios hegemónicos inspiró al resto de los países europeos y latinoamericanos para que adoptaran políticas liberales. El modelo de privatización y desregulación de Thatcher coincidió con el colapso de la Unión Soviética en 1991. Fue el fin del auge de la empresa pública.

Tras la década de 1990, y los inicios de las privatizaciones del siglo XXI y sus desastrosos resultados, la crisis económica de 2008 devolvió un papel central a la propiedad estatal; el brote de COVID-19 dio como resultado un salvataje divino a los funestos resultados económicos, un respiro teórico permitiendo el rescate de las empresas por parte del Estado, y también abrió las puertas a un aire fresco de financiamiento a las principales empresas, lo que representó endeudamiento público para beneficio privado. La lista de sacar provecho al Estado es larga: rescates bancarios, empresas aeroespaciales, dieron el puntapié inicial, energéticas, mineras y, por fin, tecnológicas, dan el último sprint a un negocio que oscila entre beneficios, crecimiento e intrigas de seguridad nacional, todo por el mismo precio.  

Históricamente, el término “nacionalizar” ha sido visto con profunda desconfianza en la mayoría de los países. Este sueño húmedo de los partidos de izquierda fue considerado la peor pesadilla de los partidos de derecha, pero gracias a un excelente relato, el establishment no solamente esquivó la decadencia del sistema para su beneficio, sino que descartó que cualquiera de los verbos relacionados con el comunismo: nacionalizar, estatizar, financiar o subsidiar empresas públicas o privadas sean malas palabras. Y si se llevan a cabo a través de endeudamiento estatal, que paga la sociedad en su conjunto, es una ocurrencia maravillosa, un reaseguro de ganancias futuras de monopolios y transnacionales sin oposición. 

A pesar de la habitual percepción alemana de la intervención estatal en las empresas privadas como una violación de la ortodoxia del libre mercado, en mayo 2022, el gobierno de Ángela Merkel rescató la aerolínea Lufthansa a cambio del 20% de sus acciones; el Grupo Lufthansa incluye a las aerolíneas Eurowings, Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, entre otras, con unos 10.000 empleos que se mantendrán con fondos públicos. El gobierno francés nacionalizó en cuotas su gigante nuclear Electricité de France SA (EDF), que se encuentra en dificultades financieras, es decir, un rojo de 43.000 millones de euros, para ayudarlo a superar la peor crisis energética e invertir en nuevas plantas atómicas, el sueño del poder francés. Siguiendo con la lógica francesa, el gobierno alemán se hizo cargo del 98,5% de la importadora de gas UNIPER con un coste total 8.400 millones de dólares.

Cualquier desprevenido podría creer que debido a la invasión rusa de Ucrania se provocó la crisis energética, lo que no implica minimizar el impacto de la guerra, pero sí impulsó una ola de nacionalizaciones en un intento por mantener las luces encendidas, y la industria funcionando en el invierno. Los números ya indicaban, antes de la guerra, en abril del 2021, que el índice medio del valor de la energía en Europa para enero 2021 era 105.66, en enero del 2022, sin guerra, había alcanzado 138.22, es decir, antes de la conflagración los consumidores enfrentaban un costo 30% mayor.

Dejando fuera la crisis monetaria de 1991, tequila 1994, asiática 1997, las puntocom 2.000, colapso inmobiliario 2.009, guerra de divisas 2.010, crisis de tasas de Silicon Valley Bank 2023, todas acarrearon sálvate y deuda estatal, omitiendo, entonces, todas estas crisis bancarias generadoras de deuda estatal, el Covid potenció un endeudamiento sideral de los estados centrales y de los emergentes.

Si los bancos fueron las principales empresas nacionalizadas durante la última crisis económica de 2008, hoy es el momento de las aerolíneas. La Comisión Europea aprobó ayudas públicas en el canje de participaciones en Alemania, con el desembolso de 9.000 millones de euros a Lufthansa y 1,25 mil millones de euros a TUI; en Finlandia, con 286 millones a Finnair; en Letonia, con 250 millones a airBaltic; en Dinamarca y Suecia, con mil millones de euros entre los dos para SAS. Italia estuvo cerca de recapitalizar Alitalia, pero finalmente optó por crear una nueva aerolínea sustituta, Ita. Mientras tanto, Francia aún no ha nacionalizado ninguna empresa, y su estrategia hasta ahora ha sido inyectar 5.000 millones de euros a Renault. 

Como se ve, el peso económico de las empresas públicas en la UE como porcentaje del PIB es importante y valdría la pena rescatarla. Pero la idea no es esa, no es salvar el empleo o minimizar la protesta social, va un poco más allá. Tiene que ver, a través del relato de la seguridad nacional en todo Occidente, darle vía libre al endeudamiento estatal para justificar la independencia energética, financiera, tecnológica, etc.

Los países desarrollados continuaron desplegando la regionalización, sobre todo con la inversión extranjera directa (IED), marcando una tendencia a regular la inversión de manera más estricta, y proporcionar medidas menos favorables a los extranjeros. El número de operaciones de fusiones y adquisiciones valoradas en más de 50 millones de dólares que se retiraron por motivos reguladores o políticos se mantuvo estable (14 operaciones), pero su valor se cuadruplicó, hasta más de 47.000 millones de dólares.

En su mayoría, los países desarrollados introdujeron mecanismos de control de las inversiones sobre la base de criterios de seguridad nacional, reforzaron los ya existentes o ampliaron los mecanismos temporales creados durante la pandemia para proteger a las empresas estratégicas de las adquisiciones extranjeras. Con estas nuevas políticas, el número total de países que controlan la IED por motivos de seguridad nacional asciende a 36.

Por el contrario, los países en desarrollo siguieron adoptando principalmente políticas para liberalizar, promover o facilitar la inversión, confirmando el importante papel que desempeña la IED en sus estrategias de recuperación económica. Las políticas de facilitación de la inversión constituyeron casi el 40% de todas las políticas favorables a las inversiones, seguidas por la apertura de nuevas actividades a la IED y por los nuevos incentivos.

En general, las políticas nacionales de inversión adoptadas en el último decenio revelan un uso generalizado de los incentivos fiscales a la inversión en todas las regiones. De los 100 países que adoptaron políticas de inversión relacionadas con la fiscalidad, 90 redujeron los impuestos, introdujeron nuevos incentivos fiscales o hicieron más generosos los existentes. Más de un tercio de los incentivos fiscales introducidos (39%) se basan en los beneficios como: moratorias fiscales y reducción del impuesto de sociedades. Por el contrario, algo más de 1 de cada 10 nuevos incentivos fiscales se basan en el gasto, es decir, recompensan la inversión o la reinversión reduciendo el coste después de impuestos de los gastos de capital mediante deducciones, depreciaciones aceleradas o créditos fiscales.

Solo en un 30% de los casos los incentivos se conceden sobre la base de criterios automáticos de logros, es decir, con alguna meta real como el importe invertido, volumen de empleo generado o la ubicación de la inversión, mientras que el resto se asigna sobre la base de la discrecionalidad, de criterios no publicados o de la negociación con los inversionistas. Además, sólo alrededor de la mitad de los incentivos fiscales a la inversión introducidos en todo el mundo durante el último decenio tenían una duración determinada. Esto tiene importantes repercusiones para los ingresos no percibidos, la posibilidad de realizar evaluaciones de impacto y el potencial de distorsión del mercado.

Si bien el primer mundo ha adoptado, como vimos, una política de reinversión en sus países, restricción externa para la inversión extranjera, fusiones y adquisiciones y beneficios estatales, para el caso de Sudamérica priman las fusiones y adquisiciones dada por las devaluaciones, y se enfocan en los servicios, sobre todo en suministros de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones (ver La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2022, CEPAL). Por el lado de la protección de las materia primas y desarrollo tecnológico ni siquiera se menciona. Para tener una idea, Brasil cumplió un año con el servicio 5G con 10 millones de usuarios, tema que en la Argentina con sus internas presidenciales, no se nombra ni es motivo de debate.

Hace unas semanas se confirmó que Alemania desembolsará cerca de 10.000 millones de euros en subvenciones con el fin de garantizar que Intel instale una megafábrica de chips en Magdeburgo. Y a principios de este mes se conoció que la Corporación Japonesa de Inversión (JIC, por sus siglas en inglés), entidad pública controlada por el gobierno, adquirirá la empresa especializada en semiconductores Japan Synthetic Rubber Corporation (JSR), dedicada a la fabricación de resinas fotosensibles, esenciales para el grabado litográfico de los chips más potentes del mundo, tras un desembolso de 5.815 millones de euros. Esta adquisición se produce cuando Japón se acerca más a las restricciones de EE.UU. sobre la exportación de chips de alta gama y equipos de fabricación de chips a China. 

Con esta adquisición, el ejecutivo nipón pretende asegurar las cadenas de suministro de sectores definidos como clave según la Ley para la Promoción de la Seguridad Económica de 2022. En coordinación con los EE.UU., Tokio juega las cartas de Estados Unidos como aliado, endureciendo los controles de exportación a China de ciertos materiales y componentes clave, usados por Pekín para acelerar la ampliación de su propia industria de semiconductores, pero con propiedad estatal. En el mismo sentido, Japón ha destinado 3.040 millones de euros para subvencionar la construcción de una fábrica de TSMC en el país. También ha financiado la creación de la compañía Rapidus, impulsada por empresas japonesas (Sony, NTT, Toyota, SoftBank, Nec y Kioxia) que planea producir chips en la región de Hokkaido, y ha proporcionado fondos a Samsung para impulsar una fábrica en Yokohama.

Beijing devolvió el golpe en la lucha tecnológica con restricciones a la exportación de material de chips. La decisión de China fue restringir las exportaciones de dos metales ampliamente utilizados en semiconductores y vehículos eléctricos, galio y germanio, que congelaron o podría causar más interrupciones en las cadenas de suministro globales. Los analistas vieron la medida del Ministerio de Comercio de China para proteger la seguridad nacional, como una respuesta a los crecientes esfuerzos de Washington para frenar los avances tecnológicos de China. «China ha golpeado las restricciones comerciales estadounidenses donde más le duele», dijo Peter Arkell, presidente de la Asociación Minera Global de China. El anuncio se produjo en vísperas del Día de la Independencia de Estados Unidos y justo antes de que la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen pise suelo chino.

Una buena parte de los movimientos sectoriales y de bloques mundiales se llevarán a cabo con endeudamiento estatal en todas sus formas, sobre todo en políticas fiscales con alto costo para beneficios de las multinacionales o subsidios encubiertos, fuera de la vista de la sociedad, ocultos en el gasto primario que no se tiene que reducir. Lo peor es que mientras esto sucede, el modelo de país, la carrera tecnológica, los beneficios de las materias primas y el brutal endeudamiento no se discuten, todos están de acuerdo que el extractivismo y la concentración del ingreso y un nuevo endeudamiento sustentable forman parte del nuevo diseño mundial.