En nuestro país existe un incremento en problemas de salud o enfermedades crónicas (15%) en las edades tempranas, desde la obesidad infantil (18%) hasta alergias o intolerancias, entre otras, sin olvidarnos de las problemáticas de salud mental más presentes de cara al alumnado adolescente (trastornos alimentarios, ansiedad o depresión).

Es necesario destacar el papel fundamental que juega el personal docente en la educación del alumnado dada su cercanía y debido a que tiene las herramientas y conocimientos necesarios para educar en salud. No obstante, el personal constituyente de la enfermería escolar poseería los conocimientos y competencias no solo para educar en salud, sino que también para actuar (prevenir, atender, orientar, medicar, realizar un seguimiento, etc.), formar en Primeros auxilios, promover hábitos saludables, etc.

La enfermería escolar a pesar de existir en nuestro país desde hace más de treinta años todavía se considera un perfil emergente y su presencia es mayoritaria y casi exclusiva de centros privados (en los cuales tienen presencia solamente un 32% del alumnado en España y no todo este disfruta de la enfermería escolar). Asimismo, no cuenta con una regulación clara y uniforme dado que las competencias en dicha materia son autonómicas, motivo por el cual se llevó como propuesta su reconocimiento y regulación con motivo de la pandemia al Parlamento Gallego, pero la misma fue tumbada por el gobierno de Feijoo. Por otra parte, resulta llamativo que en otros países de la Unión Europea como puede ser el caso Alemania, Noruega, Suecia o nuestro vecino Francia, sí exista este perfil profesional de forma generalizada.

La enfermería escolar es una necesidad reclamada por la mayoría de la comunidad educativa. Esto es así, ya que, el índice de siniestralidad resulta bastante elevado en las edades tempranas, siendo un alto porcentaje (57,2%) en lugares de ocio infantil o escolar (Fundación Mafre, 2014). La existencia de esta figura supondría favorecer la conciliación y tranquilidad familiar con menores que padecen enfermedad crónica (ya que no existe un permiso laboral dirigido a tutores/as, madres o padres para ausentarse de su trabajo y medicar a sus hijos/as, dando lugar a su vez a que en la mayoría de las ocasiones sean las mujeres las que reducen su jornada laboral o dejan de trabajar para centrarse en los cuidados y atención familiar provocando así una vez más la precariedad femenina y poniendo en evidencia la falta de corresponsabilidad en el cuidado de los/as hijos/as).

Asimismo, durante la pandemia de la Covid-19, de existir esta figura en los centros hablaríamos de seguridad y tranquilidad para toda la comunidad educativa y la sociedad al completo, de una revolución de nuestro sistema educativo y sanitario. El virus se encontraría más controlado y con un seguimiento mucho más concreto, también se desahogaría la saturación de las líneas telefónicas de información e incluso se podrían realizar cribados en los propios centros o incluso planes de vacunación, que no impliquen el desplazamiento en ninguno de los dos casos, muchas veces complejo debido a los bajos recursos familiares y la problemática de conexión territorial y horaria del transporte público, al menos en Galicia, que provoca que muchas personas vean muchas veces imposible llevarlo a término, especialmente las personas más vulnerables o con menos recursos.

A priori, pensar en dotar de este perfil profesional cada centro educativo nos lleva a reflexionar sobre su coste y caer en el erróneo pensamiento de lo caro que resultaría pues según cálculos de SATSE no resultarían más de 20 euros al año por habitante y reduciría a largo plazo una ingente cantidad de dinero público dirigido a tratamientos o medicaciones, ingresos hospitalarios, etc. ya que supondría una mejora y aumento de la calidad no solo de vida, sino que también educativa, debido a que reduciría el absentismo y mejoraría los hábitos saludables.

La educación es el arma más poderosa y la salud un bien fundamental que deben estar garantizados de forma pública para paliar la diferencia socioeconómica de las familias derivando en un beneficio generalizado de forma inmediata y a posteriori, tanto de forma directa como indirecta y atajando de forma transversal muchas problemáticas derivadas.