No fue por humanitarismo del gobierno, empeñado en demostrar una total crueldad e indiferencia hacia las personas migrantes y refugiadas. Fue que la misma ley que regula los CIEs limita la estancia en los mismos a dos meses. Y con las fronteras cerradas y el confinamiento, resultaba absurdo acumular personas que no se van a poder deportar.

Muchas organizaciones vienen pidiendo el cierre de los CIEs desde hace muchos años. Son una aberración legal según los juristas, por privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito. Son una negación de derechos y un trato degradante según el testimonio de personas y organizaciones que los visitan e incluso según algunos jueces de control de los CIEs.

El Defensor del pueblo y muchas organizaciones solicitaron el cierre de los CIEs por el estado de alarma que se decretó: había que liberar a las personas encerradas y garantizarles un alojamiento seguro ante la epidemia. El ministro de Interior se negó en redondo. Su postura era soltar a las personas conforme cumplían el plazo de 2 meses máximo de encierro que permite la ley. Era obvio que, una vez decretado el estado de alarma y cerradas las fronteras no se les podía deportar, que es el único fin de estos centros. Sin embargo, el Ministro negaba la lógica liberación de las personas represaliadas.

Desde la campaña "CIEs No abogan por el cierre definitivo de los CIEs, conscientes de que esta es una situación coyuntural forzada por el mismo estado de alarma, y que cuando este desaparezca, el aparato represivo contra las personas migrantes volverá a llenar los CIES.

Según los informes de los últimos años del Mecanismo de Prevención de la Tortura, firmados por el Defensor del pueblo, en realidad más de la mitad de las personas que sufren la detención en los centros no son deportadas, sino liberadas. Siendo que la única justificación legal de la existencia de los CIEs es facilitar la deportación, esta estadística revela otro interés oculto: matener asustada a la población en situación de irregularidad administrativa. Y está claro que al Ministro del Interior, el Sr. Grande Marlaska, no le tiembla el pulso con las personas más vulnerables. Es el mismo ministro que ha planteado una deportación colectiva, de inmigrantes en el CETI de Melilla, algo ilegal, incluso durante el estado de alarma.

El acuerdo de gobierno que firmaron PSOE y UP rezaba: “España seguirá comprometida con la atención de aquellos migrantes que llegan a nuestro país en situaciones de alta vulnerabilidad, mejorando la coordinación de todos los actores involucrados en la atención humanitaria y en la identificación de vulnerabilidades, especialmente las mujeres víctimas de trata y los menores.”

En la realidad esto se traduce en perseguir a estos colectivos, negarles los derechos más básicos, como el ingreso mínimo vital, y condenarles al ostracismo. Los CIEs vacíos de hoy son un espejismo que se romperá al concluir el estado de alarma.