¿Ha avanzado la No Violencia en América Latina y el Caribe? ¿O es un espejismo de minorías, un sueño bohemio, en el mejor de los casos, una aspiración noble?

¿Es posible registrar avances no violentos en el marco de un sistema signado por la apropiación, la imposición de modelos, la mercantilización de la vida? ¿Es acaso lícito rescatar acontecimientos alicientes cuando millones de personas sufren a diario los flagelos de la amenaza física, la inclemente miseria, la discriminación, la soledad y un desgarrador vacío de sentido existencial? ¿Lícito? Claro. También imprescindible.

Violencia y No Violencia en la esfera política

La violencia vuelve a asomar en el escenario político regional. En Ecuador, sucesos como el asesinato del candidato presidencial Villavicencio y el alcalde de Manta Agustín Intriago, la denuncia de un atentado frustrado contra la candidata de la Revolución Ciudadana Luisa González junto a múltiples hechos delincuenciales han ensombrecido el panorama social. Fogoneado incesantemente por los medios monopólicos, el pánico ha hecho presa de la ciudadanía, corrompiendo los resultados electorales y corriendo el eje de la discusión y el discurso político de la precarización socioeconómica a la precarización de la existencia física.

Insuflada por actores similares, detrás de los cuales es posible entrever al omnipresente poder económico, la violencia política y el discurso de odio se ensañan nuevamente con la Argentina. A algo más de un año del fallido intento de magnicidio contra la dos veces presidenta y actual vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, el negacionismo del terrorismo de Estado y la relativización de las conquistas en los derechos humanos reaparecen encarnados en una facción política extremista – también aquí amplificada por la mediática concentrada – que parecería jugar un papel lastimosamente relevante de cara a la contienda electoral de Octubre próximo.

Entretanto, en el Caribe, la población haitiana continúa siendo rehén de bandas armadas que luchan por apoderarse de pequeñas parcelas locales, mientras el país, devastado por desastres naturales y despojos estructurales, continúa en manos de un gobierno ilegítimo respaldado por la ocupación fáctica de poderes extranjeros.

En El Salvador, el gobierno ha salido al paso de la violencia de las pandillas con la aplicación de métodos violentos. Según Amnistía Internacional, los encarcelados suman unas 65000 personas, presentando, con más del 2% de su población en prisión, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. En el contexto de un régimen de excepción perpetuo se han construido gigantescas cárceles, privado de libertad también a líderes comunitarios y dificultado la tarea de la prensa crítica. Esquema que parece encontrar eco favorable no solo en la población, sino también ser replicado por otros gobiernos centroamericanos de distinto signo político.

En Perú, un golpe de estado legislativo contra el presidente electo Pedro Castillo ha precedido a una ola de represión de la protesta popular, reinstalando el poder de facciones al servicio de un sistema corrupto y excluyente.

Pero todo esto no empaña ni empequeñece, tal como pretende la prensa funcional al interés corporativo, los esfuerzos y avances de la No Violencia como respuesta política a la iniquidad sistémica.

Manifestaciones masivas y nuevos gobiernos populares

Las multitudinarias movilizaciones que se sucedieron de manera concomitante en el año 2019 en Chile, Ecuador y Colombia, todas eminentemente pacíficas, lograron ganarle la pulseada a los gobiernos neoliberales, logrando primero un éxito relativo para sus demandas y consiguiendo luego el triunfo de opciones progresistas en las contiendas electorales.

Otro tanto sucedió en Bolivia, Honduras, Brasil, Perú, y más recientemente en Guatemala, donde la resistencia y la organización de opciones políticas populares consiguieron doblegar en las urnas a las mafias oligárquicas y los golpes que habían secuestrado la voluntad popular.

Una mención muy especial merecen los liderazgos protagónicos de Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro y Lula da Silva, quienes junto al gobierno de Alberto Fernández, éste último acosado por la forzada crisis económica que azota a la población argentina, han sabido erigir un muro de contención soberanista a las continuas incursiones con pretensiones de dominación de los Estados Unidos en la región.

La labor transformadora de los presidentes de México y Colombia, naciones laceradas por una violencia indecible, va avanzando en la desnaturalización de las lógicas destructivas constituidas en dolorosas “marca país”, abriendo así progresivamente el futuro de sus pueblos.

Una gran conquista en el mismo sentido ha sido el reemplazo de la política agresiva de Colombia contra Venezuela por una de colaboración y buena vecindad, refrendada en sucesivas reuniones sostenidas entre sus presidentes.

En relación a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, se han multiplicado las voces de repudio al permanente acoso al que esos países son sometidos desde el régimen estadounidense mediante medidas unilaterales contrarias al derecho internacional. Frente a las objeciones en relación a la falta de libertades, medidas represivas y vulneración de los derechos humanos de esos gobiernos esgrimidas por instituciones como la OEA, diversas organizaciones no gubernamentales y medios adláteres de la estrategia geopolítica norteamericana, debe señalarse que la larga opresión e injerencia de la potencia del Norte en los asuntos internos de Latinoamérica y el Caribe, obliga a acercarse críticamente a dichas afirmaciones.

Rechazo al armamento nuclear y a la guerra

Indudables éxitos de la No Violencia en la región son la firme posición de rechazo a la posesión o instalación de armamento nuclear en territorio latinoamericano y caribeño plasmada en el Tratado de Tlatelolco y la oposición a la guerra como forma de abordar conflictos explicitada en la Declaración de Zona de Paz, que fuera refrendada en la II Cumbre de la CELAC en La Habana en 2014.

En coherencia con estas posturas, varios gobiernos han logrado resistir las recientes presiones del atlantismo rehusando involucrarse en el conflicto bélico en Ucrania.

De un significado ejemplar es la política emprendida por el gobierno de Gustavo Petro, cuyo signo es el de lograr la Paz Total en Colombia. Concepto que representa una inequívoca traducción de No Violencia, ya que pretende no solo lograr el cese del conflicto armado entre el Estado y las organizaciones guerrilleras sino y sobre todo, abordar las causas que lo han motivado, la violencia asociada al despojo territorial y el ahogo popular por la concentración de riqueza en pocas manos.

Indicadores en perspectiva histórica

Según un informe de la Organización Panamericana de la Salud (2019)[1], en el último cuarto de siglo el continente americano (incluyendo a Estados Unidos y Canadá) ha hecho importantes progresos al aumentar la esperanza de vida de 72,3 a 76,9 años. Entre los mayores éxitos se encuentra el del Estado Plurinacional de Bolivia, cuya expectativa de vida al nacer aumentó 14 años para las mujeres y 11 para los hombres. Sin duda, fruto de la Revolución Democrática y Cultural encabezada por Evo Morales y los movimientos indígenas desde el año 2006.

Otro indicador que muestra un importante avance en las medidas de cuidado sanitario en la región es la reducción de las muertes de niños menores de 5 años. Según el mismo informe, la tasa media de mortalidad de menores de 5 años se redujo casi a la mitad entre 1995 y 2017 (de 28 a 15 por cada 1000 nacidos vivos).

Sin embargo, la violencia homicida no parece ceder. En América Central la tasa de muertes por asesinato se ha mantenido alta y constante a lo largo de los últimos 25 años, mientras que en el Caribe anglófono incluso aumentó. Hasta 2019, el mayor avance en la reducción de muertes violentas se obtuvo en la región andina y en el Cono Sur, registrándose un descenso importantísimo en Colombia, que pasó de 98 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 1995 a 26 en el año 2022, cifra similar a la de México.

Las cifras luctuosas tienen directa relación con el aumento y la expansión regional en el tráfico de armas y de narcóticos, fenómenos íntimamente ligados. Ante los estragos que ocasionan, sobre todo en la población joven, se hace evidente que el capitalismo, en su afán de acumulación rápida y prácticas de exclusión social, lejos de buscar respuestas, es la principal causa de la multiplicación de la delincuencia y la violencia que produce.

La persistencia de la violencia económica

En el ámbito socioeconómico, a pesar de las medidas, planes y promesas, no se registra un alivio sustancial en la región. Según datos de la CEPAL, los 3 deciles de mayores ingresos, que acumulaban en el año 2000 un 69% del ingreso total, disminuyeron su participación tan solo en seis puntos, mientras que el 30 % de la población de menores ingresos la aumentó de un paupérrimo 6.7% a un 9%, al tiempo que las franjas medias pasaron de un 25 a un 28 por ciento del total. La mayor parte del avance se produjo en la primera década, en base a los esfuerzos de redistribución realizados por distintos gobiernos progresistas junto al aumento del nivel educativo de la población.

Más allá de la leve mejoría estadística general, la desigualdad continúa siendo galopante en América Latina: el 1% de mayores ingresos de la población concentra en promedio el 19,5% del ingreso bruto nacional, al tiempo que el 50% de menores ingresos apenas reúne el 12,6%.

En países considerados de amplia clase media como Argentina o Uruguay, el uno por ciento más rico se lleva el 14% del ingreso nacional total, mientras que el 50% más pobre debe contentarse en su conjunto con el 16%. Peor todavía es la brecha en Chile o Perú, paladines de la economía neoliberal,  donde la mitad más pobre debe vivir con tan solo con el 7% o el 6%, mientras que el insaciable 1% de la población acumula 23% y 29% respectivamente.

La violencia tiene género y color de piel. La No Violencia, también.

A pesar de la mayor toma de conciencia de las mujeres sobre la inaceptabilidad de soportar el maltrato y la humillación y las múltiples campañas que se desarrollan al respecto, las relaciones tóxicas y el patriarcado continúan produciendo tasas altas de feminicidio. En el tope de esta trágica estadística se encuentra Honduras, donde 4.6 mujeres por cada cien mil son asesinadas anualmente.

Según las cifras disponibles, una de cinco mujeres latinoamericanas y caribeñas se casan o mantienen una unión estable antes de cumplir los 18 años, estando asociadas estas uniones tempranas a la maternidad en niñas y adolescentes, a la deserción escolar, a una menor participación en el mercado laboral, a un mayor riesgo de sufrir violencia de género y a la falta de autonomía para tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos y sobre sus vidas.

La violencia sexual es una de las principales vulneraciones a los derechos humanos de las mujeres. Violencia que no es solo incidental o individual, sino que está entroncada en las actitudes, prejuicios y prácticas discriminatorias y en los sistemas legales de la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe.

Debido a las fuertes presiones que ejercen las cúpulas eclesiásticas sobre gobiernos y fieles, la interrupción voluntaria del embarazo es solo completamente legal en 6 países: Cuba, Argentina, Colombia, Guyana, Uruguay y recientemente en México. En otros seis – El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Surinam- el aborto es castigado con fuertes penas, llegando incluso a poder ser punido con la reclusión perpetua. En los demás lugares está también prohibido, aunque se autoriza según causales específicas de violación o de riesgo de muerte.

En vista de estas situaciones, uno de los principales frentes de la lucha no violenta hoy es justamente la relativa a la mejora en la situación de la mujer.

En términos de participación política se observan algunos avances: A inicios de siglo un 15% de los escaños parlamentarios era ocupado por mujeres, elevándose en 2023 ya a un 36%. Algo similar ocurre en los máximos niveles de administración de Justicia: en promedio, un tercio de las juezas de las Cortes Supremas son hoy mujeres, estando a la delantera en ello Cuba, Barbados, Jamaica y Surinam, con proporciones cercanas o superiores al 70%.

Las personalidades femeninas que mostraron presencia en los niveles ejecutivos de conducción en las primeras dos décadas del siglo en Chile, Argentina, Brasil, Costa Rica y Jamaica hoy tienen continuidad con Xiomara Castro en Honduras, Mia Mottley en Barbados, Christine Kangaloo en Trinidad y Tobago y en las candidaturas a la presidencia de Luisa González en Ecuador y Claudia Sheinbaum en México.

Muy relevante ha sido también la elección de Francia Márquez a la vicepresidencia de Colombia, la que no solo destaca por su condición de lideresa, sino también por ser de origen afrodescendiente.

En todos los casos, si bien la mayor participación de mujeres en los ámbitos de decisión no garantiza por sí solo políticas positivas para la eliminación de las violencias de género, no hay duda que facilita las transformaciones. Pero finalmente es la masiva movilización, denuncia y demanda del movimiento feminista lo que permite instalar la perspectiva de género de manera transversal, induciendo cambios en conductas y valoraciones obsoletas.

Discriminación y lucha no violenta de los pueblos indígenas y afrodescendientes

Como herencia de la larga cadena de explotación, abuso y negación absoluta de derechos sufrida durante los últimos siglos, los pueblos indígenas y afrodescendientes continúan en la actualidad experimentando la violencia del sistema en forma de segregación, discriminación, exclusión y desigualdad.

Los pueblos indígenas, en reclamo de respeto a sus cosmovisiones e identidades, en defensa de sus territorios y reivindicando mejores condiciones de vida, son hoy vibrantes actores de la lucha No Violenta.  A través de diversas formas como la huelga de hambre, la marcha, los piquetes, los pronunciamientos y la incidencia pública en diversos foros nacionales e internacionales, las naciones originarias han logrado el reconocimiento y la ampliación de sus derechos, instalando una mayor conciencia social acerca de los perjuicios de la discriminación y los beneficios de valorar la diversidad.

Por su parte, en las naciones insulares del Caribe, cuya población desciende casi en su totalidad de africanos esclavizados,  se exige a viva voz reparación por parte de las potencias coloniales y ha comenzado un importante proceso de emancipación definitiva de los lazos formales que aún los mantienen bajo la potestad de la cruel corona británica. También reivindican con fuerza la equiparación de derechos los movimientos de afrodescendientes en distintos lugares del continente, habiendo sido claves en la recuperación de la democracia en Brasil y la elección de Lula como presidente y decisivos en regiones de Colombia donde triunfó con amplitud el Pacto Histórico.

En definitiva, el avance de la No Violencia en la región tiene como eje la afirmación integral de los Derechos humanos, que no se restringen a las libertades cívicas, sino a una concepción universal e igualitaria, muy alejada de la manipulación de la que son objeto por parte de visiones interesadas de poder. Como lo señala el pensador humanista Silo en sus Cartas a mis Amigos: “La lucha por la plena vigencia de los derechos humanos lleva, necesariamente, al cuestionamiento de los poderes actuales orientando la acción hacia la sustitución de éstos por los poderes de una nueva sociedad humana.”

Las revoluciones pendientes

Aun sin pretender un análisis exegético sobre las violencias y las señales de avance de la No Violencia, lo que demandaría estudios más profundos y detallados, es obvio que han quedado múltiples campos sin abordar. Cuestiones como la ciencia y la tecnología, el modelo actual de producción y distribución económica, la educación, la comunicación, la geopolítica, entre otros tantos, revelarían igualmente la imperiosa necesidad de transformaciones para superar las modalidades violentas incrustadas en dichos ámbitos.

Si fuera posible conectar de algún modo los conos de sombra que arrojan estas sucintas descripciones sobre la convivencia y la evolución humana, habría que sintetizarlas en un aforismo breve: El sistema de valores y organización social es un traje que hoy le queda estrecho a la especie. Un traje que no admite remiendos parciales sino que exige su renovación total, no solamente en su apariencia externa, sino en su íntima esencia.

Para acometer ese cambio radical, como venimos sosteniendo desde estas columnas repetidamente, habrá que trabajar sostenidamente y en simultáneo a los cambios sistémicos,  sobre el sujeto esencial de la transformación – es decir, nosotros mismos – para lograr una modificación de la matriz cultural que produce o acepta la violencia como modo de relación entre los seres humanos.

Modo de relación que afirma falsamente a la violencia como inherente a una supuesta naturaleza humana estática e inmóvil y parte de la equívoca y fatal premisa de negar la intencionalidad de los demás, lo que forzosamente termina en sufrimiento y destrucción.

El objetivo de esta revolución pendiente en la interioridad será conquistar la posibilidad de que la No Violencia eche raíces en nuestro comportamiento y visión del mundo a través de una configuración de conciencia avanzada en la que todo tipo de violencia provoque repugnancia.

La instalación de tal estructuración de conciencia no violenta en las sociedades sería una conquista cultural profunda, que iría más allá de las actuales expresiones para comenzar a formar parte del entramado psicosomático y psicosocial del ser humano, proyectándose en todo su quehacer.

 

[1]https://opendata.paho.org/en/core-indicators/health-trends-1995-2019