La actual crisis, consecuencia del Covid-19, enfatizó las desigualdades sociales, aumentando con ellas la reclamación de un cambio de paradigma; también en el habitar. Se pone de manifiesto la necesidad de repensar nuestro entorno bajo unos nuevos criterios que sitúen el foco en lo colectivo apelando al derecho a la ciudad1: reconocimiento legítimo de los ciudadanos a residir en un asentamiento, rural o urbano, que propicie la vida digna y garantice sus derechos como personas. 

En este contexto global, la ciudadanía coruñesa se suma a la demanda de que impere la lógica humana por encima de la lógica del capital en la respuesta urbana y se generan focos de discusión sobre el buen ejercicio planificador: Percebeiras, ampliación del CHUAC o terrenos portuarios son algunos de los ejemplos. Una posición enfrentada a la de un Ejecutivo Municipal aferrado a los modelos especulativos del pasado de los que, actualmente, la localidad ya sufre las consecuencias negativas.

Con miedos renovados, la población se enfrenta a un nuevo proceso de reorganización del espacio portuario interior con un grado de participación ciudadana menor al esperado y una institución al cargo (Universidad de A Coruña) que muestra en sus informes un dudoso compromiso con lo colectivo, pese a tratarse de un organismo público.

La dualidad de intereses que, históricamente, han ido disputándose la forma urbana coruñesa se encuentra retratada a la perfección en la propia configuración del puerto: por un lado, el malecón, terreno ganado al mar que el ingeniero Celedonio de Uribe reclamó como público en el siglo XIX, es ejemplo de un urbanismo ejecutado al servicio de la ciudad desde la moral y el conocimiento; por otro lado, la destrucción patrimonial del antiguo edificio de Sanidad de la Marina, el intento de privatización de la Solana o la obra faraónica de Palexco son ejemplos de un urbanismo ejecutado al servicio de unos pocos, expropiándole a la ciudadanía el derecho a su disfrute.

Esta tarea de planificación del suelo portuario se revela como una oportunidad excepcional y, podría afirmarse que, privilegiada para reimaginar colectivamente la ciudad, desde la pequeña escala de barrio hasta la gran escala metropolitana. Un área que hoy en día supone una barrera arquitectónica, fragmentando la ciudad, tiene posibilidad de ser alternativa a un escenario urbano de desigualdades, reconectando a los habitantes con el mar y tejiendo barrio con borde litoral.

Ante esta situación de oportunidad, ¿qué excusa la existencia de debate en torno a la futura titularidad?: Una deuda de 300 millones de euros contraída con instituciones públicas (Banco Europeo de Inversiones y Estado) con la cual se financió la ejecución del puerto exterior de Punta Langosteira y que, actualmente, está comprometiendo el futuro de todo el ámbito portuario de la ciudad.

El interés privado e individualizado, asume con urgencia que dicha deuda debe ser financiada con la venta de terrenos a inversores. En el escenario inmobiliario actual, no parece una solución efectiva: el crecimiento demográfico de A Coruña se encuentra estancado en valores similares desde los últimos treinta años y, cabe destacar, que no se prevé un crecimiento real cercano, pese a la sugestión contraria de algunas instituciones en su intento de mercantilizar la urbe y sus espacios. 

El interés público y colectivo, entiende que la condonación de la deuda debe negociarse, ahora o en un futuro; pudiendo, en el peor de los casos, ser pagada gradualmente. Garantizar la titularidad pública de los terrenos no supondría la renuncia a la riqueza de la trama urbana. Es posible edificar, pero esencial no asumir esta tarea bajo una lógica mercantil que arriesgue el derecho de la vecindad a un suelo de características idóneas para la democratización de la ciudad.

La balanza del debate parece decantarse, cada vez en mayor medida, hacia la segunda opción, apostando por actuar desde la prudencia que supone un proyecto cuya etapa final se sitúa en el 2050. Entendiendo que carece de sentido ceder a las presiones del sector privado y especular con la dignidad de vida de las personas existiendo opciones más democráticas.

A Coruña se nos presenta como escenario de desigualdades (fragmentada espacialmente y segregada socialmente por niveles económicos), con un crecimiento demográfico estancado y grandes carencias en cuanto a espacios verdes que respondan a una planificación real, más allá de ajustarse exclusivamente a estándares legales. Es momento de avanzar hacia nuestros derechos como ciudadanos y tomar parte activa de una transformación que marcará el futuro de nuestro hogar, la ciudad de A Coruña, reclamando consenso entre administraciones de cara a un proceso que únicamente responda a las necesidades de cada momento y lugar, enmarcadas en unas condiciones: naturales, paisajísticas, sociales, históricas y culturales que consoliden el derecho colectivo a la ciudad.

1.- Término al que da nombre, en la década de los sesenta (1968), el filósofo y sociólogo Henri Lefebvre con su libro El derecho a la ciudad