A Coruña, 26 de julio de 2024.- El día 24 a las 10 de la mañana terminó el plazo para presentarse al concurso de urgencia que puso en marcha el gobierno municipal para contratar a una empresa que se hiciese cargo de la recogida de residuos mientras dure la emergencia. Valoriza comenzó ayer con sus labores de saneamiento. 5 equipos se pusieron en marcha para recoger la basura en puntos especialmente sensibles. Tarea que se llevó a cabo sin incidencias y que nos permitió ver las primeras estampas de contenedores vacíos.

De aquí en adelante la Comisión de Seguimento da Emerxencia Sanitaria realizará el control sobre los avances en el servicio temporalmente paralizado y de los actos vandálicos que se han producido en distintas zonas de la ciudad. La comisión está integrada por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, la concejal de Medio Ambiente, Yoya Neira, la concejal de Seguridad ciudadana e Interior, Montserrat Paz, y el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage. Además de los técnicos municipales de las diferentes áreas.

El conflicto laboral

El conflicto entre los trabajadores de la limpieza, la empresa concesionaria de la recogida de basuras y el gobierno municipal; no es ninguna novedad. En 2022 Inés Rey ya tuvo que declarar otra emergencia sanitaria por el mismo motivo. En 2019 la Marea Atlántica amaneció con más de 200 toneladas sin recoger y desde hace un año, los problemas se han ido sucediendo uno tras otro. Han culminado esta semana, en la decisión de contratar a otra empresa que se encargue de la recogida hasta que la ciudad vuelva a la normalidad. También en la interposición de sanciones a Precero, la empresa concesionaria que mantiene una lucha interminable con sus trabajadores.

En este conflicto existen 3 actores principales y una sola víctima. El Concello de A Coruña, Precero, y los trabajadores representados por STL (Sindicato de los Trabajadores de la Limpieza). La víctima es la urbe herculina que se enfrenta a una crisis sanitaria y de seguridad que afecta a la vecindad, los comerciantes, la hostelería y el turismo que reciben cada día el impacto brutal en su calidad de vida o en su negocio.

El origen

Las acusaciones cruzadas entre los 3 actores del conflicto proliferan en los medios. Los trabajadores señalan que sus derechos están siendo vulnerados por la empresa, mientras el ayuntamiento no pone de su parte. La concesionaria reclama que se ponga fin al absentismo y que la huelga es una forma de presión para que STL controle la contratación. El gobierno local amenaza con sanciones a la empresa, la insta a regularizar el servicio e insinúa que los huelguistas podrían estar vinculados a los incendios de la ciudad. No hay acuerdo entre las partes, solo un enfrentamiento con consecuencias terribles para la ciudadanía. Aclaremos, entonces, cómo surge esta problemática.

El germen de lo que hoy observamos, lleva gestándose desde el diciembre pasado. En aquel entonces, la huelga fue desconvocada el día 22, a las puertas de las fiestas navideñas, con un presunto acuerdo entre trabajadores y patronal. Este incluía la reorganización del servicio en el turno de mañanas— para optimizar los recursos existentes y mejorar el servicio. La concesionaria aceptó que todos los empleados puedan rotar en los puestos de trabajo existentes y que no estén exentos por acuerdos anteriores, siempre dentro del mismo grupo de trabajo y descanso. Ambas partes también decidieron trabajar de forma conjunta en la reducción de la tasa de absentismo laboral.

Sin embargo, dos meses después la basura volvía a amontonarse en A Coruña. Era febrero, se acercaban los carnavales y las elecciones autonómicas; aunque desde el STL señalaban que no se trataba de una huelga, sino de un problema de falta de personal. Su portavoz, Alfonso Seijo, comunicó que Precero había cumplido hasta el 2 de enero con lo pactado y que aquella situación se debía  a una falta de personal.

STL por aquellos días presentó ante la Fiscalía de A Coruña una denuncia contra Precero por incumplimiento de los pliegos. El portavoz explicaba que la concesionaria distraía personal de la recogida de otros servicios para ocuparse de la habitual. De forma que, en sus palabras, cuando faltaban manos en el servicio de recogida de basura diaria, la empresa usaba a los empleados que se ocupa de la recogida de muebles, chatarra, cartón… por ejemplo. Un mes después, en Marzo, ampliarían esa denuncia por los mismos motivos. La concesionaria, por su parte, había hecho público en enero una cuota de absentismo que se situaba en el 25%.

Aquella “huelga encubierta”, tal y como la llamaron distintas voces implicadas, se recrudeció a mediados de febrero tras la decisión de Precero de eliminar a toda la plantilla el pago del plus de asistencia por la acumulación de 22 bajas de trabajadores. Esa medida suponía eliminar un aumento del 1% en la subida del salario anual. La noticia provocó que el comité de empresa no llegara a un acuerdo y que el conflicto continuase enquistándose hasta hoy.

Escala de Emergencia Sanitaria 

En este estado de cosas llegamos al pasado San Juan, fecha tras la cual comenzó la huelga de la recogida de basura en A Coruña que nos trae de cabeza a toda la ciudadanía de la urbe.

El comité de empresa llamó a la huelga denunciando que Precero  vulneraba sistemáticamente los derechos de sus trabajadores y hacía oído sordos a la legalidad vigente. Los trabajadores señalaban incumplimientos de los pliegos del contrato, del convenio regulador y del estatuto de los trabajadores. Así, presentaba sus exigencias: inicio de negociación de un nuevo convenio, formación, categorías y protocolo de indefinidos y subida salarial del 1%. También reclamaron un aumento de medios técnicos y del personal en plantilla.

Desde aquel 24 y 25 de junio el servicio no ha vuelto a la normalidad en A Coruña. Aunque es cierto que de forma intermitente, se han ido recogiendo los amontonamientos de basura; los contenedores apenas han llegado a vaciarse en un par de ocasiones desde entonces. Eso sí, en zonas alternas de la ciudad y nunca simultáneamente en todos los barrios. La alcaldesa, Inés Rey, informaba el pasado 2 de julio de que el absentismo laboral alcanzaba ya a un tercio de la plantilla. 66 de los 200 trabajadores estaban de baja. Lo que impedía, incluso, cumplir con los servicios mínimos de forma adecuada.

La situación no ha dejado de empeorar durante este mes. La basura se amontonaba, comenzaron a darse decenas de incendios en los contenedores abarrotados y la inquietud de la ciudadanía aumentaba ante lo que parecía no tener solución. Más de una veintena de los trabajadores fueron expedientados por Precero por ausentarse del trabajo de forma injustificada, tal y como defiende la empresa. Las negociaciones no parecían avanzar. Además, el gobierno municipal exigía transparencia en las reuniones y en las exigencias planteadas y señalaba que STL parecía tener a la ciudad como rehén en un chantaje del que no se conocían siquiera las condiciones.

Para el día 16 de julio el acuerdo parecía más cercano que nunca. Había sensaciones optimistas y así se encaraba la reunión del día entre el comité y la patronal. Desde Precero se mostraron dispuestos a conceder las medidas al respecto de las categorías y la formación que exigía la otra parte; siempre y cuando se desconvocase de inmediato la huelga y la basura fuera recogida lo más rápido posible. Los trabajadores aceptaron esa máxima e incluso cedieron en la subida del 1% del salario a cambio de las mejoras en el protocolo de indefinidos y en la formación.

Horas después descubrimos que la negociación había llegado a un punto muerto. STL había puesto sobre la mesa una condición obligatoria para poner fin al conflicto: debían cerrarse los expedientes de los compañeros sancionados. Cuestión ante la que la empresa expresó una rotunda negativa.

El viernes 19 llegó el ultimátum de Inés Rey. La alcaldesa daba 72 horas de margen para que Precero y sus trabajadores terminasen de una vez por todas con el problema y la basura desapareciese de las calles. El lunes se cumplió el plazo y A Coruña amaneció con inmensas montañas de basura y con las noticias de decenas de incendios durante las noches del fin de semana. Rey cumplió su amenaza y el día 22 declaró el estado de Emergencia Sanitaria para atajar la incómoda situación de los vecinos y vecinas que ya había cristalizado en una manifestación de 200 personas en María Pita. La decisión del gobierno municipal fue apoyada por el BNG y el PP, aunque para ambos el control de la situación debería haber llegado antes.

La medida no consiguió flexibilizar la postura de los trabajadores. Muy al contrario, Miguel Ángel Sánchez, líder de STL, anunciaba el día 23 de julio que la huelga iba para largo. Tan solo un día después, conocíamos que Precero abría 10 nuevos expedientes por faltas muy graves. Según fuentes cercanas, son 29 empleados los que permanecen suspendidos de empleo y sueldo.

Chantajes, amenazas e irregularidades

¿Por qué tantas voces del gobierno municipal, los partidos de la oposición y la misma empresa hablan de un chantaje relacionado con el poder de contratación? ¿De dónde vienen estas acusaciones y a qué se refieren?  En febrero de 2023 saltaba la noticia: 4 personas habían sido detenidas por una presunta trama de corrupción que implicaba a STL y que situaba en el centro a Miguel Ángel Sánchez.

El caso STL

La investigación se remontaba a enero de 2022 y la había abierto de oficio la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tras recibir información y observar que podía haber indicios de prácticas ilegales. Los cargos imputados iban desde la estafa y blanqueo de capitales, hasta la corrupción entre particulares.

La UDEF sostiene que los sospechosos se valían del sindicato STL y de dos empresas de colocación para cobrar mordidas a cada empleado que era contratado. Cada mes el trabajador contratado debía de pagar 73 euros y, según las fuentes policiales, si se negaban a pagar, eran finalmente despedidos.

De los cuatro detenidos, tres son sospechosos de estafa, blanqueo y corrupción entre particulares: Miguel Ángel Sánchez, secretario general de STL y presunto cabecilla de la trama de corrupción; Cristina Martínez, mujer de Sánchez y directora de una de las empresas implicadas y José Luis Varela, presidente del comité de empresa de Precero. Jimena Romero, directora de la segunda empresa investigada, está acusada solo de blanqueo y corrupción, pero no de estafa.

Tal y como explicó la UDEF, la trama partía de Sánchez. Precero habría delegado en él las competencias de selección de personal de las que se habría valido presuntamente para poner en marcha una estructura de corrupción.

En 2018 se fundó Imprego, una empresa dedicada a la contratación temporal, cuya directora y única empleada es Cristina Martínez. Según la UDEF, con esta empresa era con la que cobraban las mordidas de entre 70 y 80 euros mensuales durante todo el tiempo que el empleado permaneciese contratado.

La segunda empresa investigada por las autoridades es Inusvalía, creada en 2021 y dirigida por Jimena Romero. Se trata de un centro especial de empleo, dedicado a la colocación de personas con discapacidad.

Según informaron las autoridades, el funcionamiento era el siguiente: Miguel Sánchez decidía quién era contratado, con la colaboración de estas dos empresas y previo compromiso del pago de una mensualidad además de la cuota del sindicato de 12 euros. Mediante Imprego cobraban las mordidas.

En Abril del 2024 una nueva noticia al respecto de la presunta trama de corrupción de STL aparecía en los titulares. La Fiscalía de Ourense presentaba una denuncia ante el Juzgado de Guardia contra Ecourense (empresa que gestiona la limpieza del concello), STL y Cristina Martínez. Los delitos de los que se les acusaba eran los mismos y la mecánica de la presunta corrupción era una réplica de la de A Coruña, tal y como el sindicato CIG había denunciado ya en 2020.

Tan solo un mes después, en mayo de este mismo año, volvíamos a tener noticias del caso. La fiscalía señalaba a las concesionarias de limpieza como sospechosas de haber participado en la presunta trama corrupta. Las fuentes judiciales afirmaron que, como mínimo, las empresas tuvieron que haber sido colaboradoras necesarias en el entramado.

Las voces que insisten en la posibilidad de que detrás de esta huelga haya motivos ilegítimos se refieren a una supuesta intención del STL y de Miguel Ángel Sánchez de recuperar el control de la colocación y contratación del personal. Pues, a raíz de las investigaciones abiertas, Precero recuperó esas competencias, alejándolas de la influencia del sindicato y de su líder.

Irregularidades en el contrato

La cuestión de la basura de A Coruña no termina aquí. Y es que el contrato que existe entre Precero y el ayuntamiento para la recogida de residuos fue anulado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La empresa Valoriza, que se ocupa ahora de vaciar las montañas de basura en la urbe, presentó una demanda contra la adjudicación de 2020 que convertía a Precero en la concesionaria del servicio público. La argumentación se basaba en que la oferta era inválida por cuestiones técnicas en los requisitos del concurso. Así lo estimó el tribunal y el contrato quedó anulado y en enero de este mismo año se ratificaba de forma oficial. Para aquel entonces, la regidora de A Coruña, admitió que se debía realizar una nueva adjudicación, pero que aquello constituía una oportunidad excelente para mejorar el servicio. A estas alturas, rozando ya agosto, no ha trascendido ningún movimiento en este sentido, pese a las innumerables problemáticas que rodean a Precero y sus trabajadores.

Ayer amanecimos por fin con las primeras imágenes de contenedores vacíos, de aceras despejadas y camiones llenos. Un alivio para los vecinos y vecinas que lo celebraban incluso con aplausos para los nuevos operarios, pero el problema está lejos de solucionarse. Se trata este de un conflicto enquistado en el que tanto las empresas concesionarias, como el sindicato, como el ayuntamiento tienen responsabilidad y donde la única víctima es la ciudad herculina que sufre las consecuencias de las profundas irregularidades que rodean el asunto.