Contra las "políticas especulativas" de la Autoridad Portuaria
El Pleno aprueba tres mociones en defensa de la titularidad pública de los terrenos de la Solana
Todos los grupos de la Corporación apoyan una iniciativa para exigir la reapertura de la causa judicial por el asesinato de 'Jimmy' y demandar el máximo esfuerzo para que este no quede impune
Fuente: Ayuntamiento de A Coruña | 09/01/2017
La Corporación coruñesa aprobó este lunes en sesión plenaria tres mociones impulsadas por el grupo de Gobierno, el PSOE y el BNG a favor de la titularidad pública de los terrenos de la Solana y en contra de la subasta proyectada por la Autoridad Portuaria para enajenar este terreno -así como otros, como los muelles de Calvo Sotelo y Batería-, como fórmula para disminuir su deuda millonaria. En el caso de la iniciativa presentada por el grupo de Gobierno, y apoyada en la sesión por el BNG, con abstención del PSOE y votos contrarios del PP, en ella se llama al Ministerio de Fomento y a Puertos del Estado a revisar de oficio y dejar sin efecto el acuerdo por el que el pasado 22 de diciembre, el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria daba adelante a la subasta de la Solana y el hotel Finisterre y para que, por el contrario, se acepte la solicitud de adjudicación directa de la parcela de la Solana presentada por el Ayuntamiento de A Coruña, con el objeto de recuperar este espacio para la ciudad. Del mismo modo, la moción reclama la apertura de un expediente de investigación y fiscalización de la gestión de la presidencia de la Autoridad Portuaria por parte del Gobierno central, al que se insta a ejercer, en caso de que proceda, las medidas legales que correspondan en los distintos ámbitos -administrativo o jurisdiccional- en relación con las negociaciones y posterior acuerdo desarrollados por esta en el período en el que estaba en suspenso el procedimiento de enajenación de los terrenos de la Solana, en virtud de un acuerdo adoptado por el propio Consejo de Administración portuario (el 30 de junio del año pasado) de forma unánime para dar tiempo al Ayuntamiento a formalizar su solicitud para la adjudicación directa, y, en general, en relación con su gestión económico-financiera. "La mala gestión económica y la deslealtad institucional del presidente de la Autoridad Portuaria, que obró de forma opaca y desleal, nos llevan también a pedir su cese, por su actitud en contra del interés público de la ciudad de A Coruña", señaló durante su exposición el concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á vivenda, Xiao Varela, quien lamentó las "evidencias, explicitadas por el propio presidente del puerto, de que lo que se quiere es hacer negocio, atendiendo exclusivamente al interés económico". "La mala gestión no puede amparar este tipo de operaciones especulativas", subrayó, destacando que "el debate está más vivo que nunca y desde este Ayuntamiento trabajaremos sin descanso para devolver los bienes comunes a su legítimo propietario, que es la ciudadanía de A Coruña". En ese sentido, la moción exige además a Fomento que, en caso de proceder a la desafectación de los terrenos de los muelles interiores (Batería y Calvo Sotelo), estos sean cedidos gratuitamente al Ayuntamiento, en vez de procederse a la privatización de suelo público.
En la misma línea van dirigidas las mociones del PSOE y el BNG, la primera de las cuales salió adelante con los votos favorables del grupo de Gobierno y el PP y la abstención del BNG. La iniciativa socialista llama, igualmente, a paralizar la subasta de los terrenos de la Solana y el hotel Finisterre y urge a la Autoridad Portuaria a negociar con el Ayuntamiento, de cara a mantener la titularidad pública de este espacios. Al mismo tiempo, reclama al Gobierno de la Xunta que defienda los derechos de la ciudadanía coruñesa en este ámbito y urge a que el Ministerio de Fomento y Puertos del Estado estudien fórmulas de apoyo y de rescate de la deuda de la Autoridad Portuaria de A Coruña para evitar la subasta como fórmula para enfrentar las deudas del ente. En su moción, el PSOE recuerda también la necesidad de concretar nuevos términos de los convenios firmados en el año 2004 entre el Ayuntamiento, la Xunta y el Gobierno estatal sobre la reordenación de los terrenos portuarios de la ciudad, y reclama que se convoque la comisión de seguimiento que evalúe estos acuerdos, así como la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación del puerto exterior.
El BNG, por su parte, trasladó al Pleno una moción a propuesta de la plataforma en Defensa do Común, que recibió el respaldo del grupo de Gobierno, con abstención de las y de los concejales socialistas y el voto negativo del grupo popular. El documento denuncia la política "especulativa" de la Autoridad Portuaria, "que a través de subastas pretende que espacios que siempre fueron públicos pasen a manos privadas", y exige la devolución gratuita de la Solana y el Finisterre a la ciudad, una vez finalice su concesión, en el año 2027. También esta iniciativa reclama de la Xunta un pronunciamento público en defensa de los intereses de la ciudad y llama al Pleno a apoyar las iniciativas del Gobierno municipal en la presentación de los recursos jurídicos necesarios "para impedir esta actuación especulativa de la Autoridad Portuaria". "El Ayuntamiento debe ponerse al frente de la movilización y defender lo que siempre fue de A Coruña, que debe quedar en A Coruña y beneficiar a sus ciudadanos y ciudadanas", consideró la portavoz nacionalista, Avia Veira, quien censuró que la venta de espacios como el de la Solana vaya dirigida a resolver una deuda -la derivada de la financiación de la obra del puerto exterior- "viciada de origen, ya que la obra tiene que financiarse mediante los Presupuestos Generales del Estado, como se ha financiado en otras partes del Estado".
Ordenanza de la ORA
Por otra parte, el Pleno municipal rechazó este lunes la aprobación definitiva del nuevo texto de la ordenanza reguladora del servicio público de ordenación y regulación del aparcamiento, la ORA, que fue apoyado por el grupo de Gobierno y recibió los votos contrarios de los y de las concejales del PP y el PSOE, además de la abstención del BNG, después de que todos los grupos se habían abstenido en la comisión informativa celebrada la semana pasada. Para el concejal responsable de este área, Daniel Díaz Grandío, la normativa tumbada hoy está llamada a tener "un papel trascendental en el necesario cambio de modelo de movilidad con implicaciones en la ciudad, y también en el Área Metropolitana, por medio de políticas que protejan el espacio público y que lo pongan en valor, junto con la apuesta por un transporte público que dé respuesta a los principales requerimientos de la ciudadanía". En ese sentido, destacó alguna de las novedades que se habrían incorporado, como la posibilidad de retirar los avisos de denuncia por estacionamiento sin autorización o por exceso del tiempo permitido, a través del pago de una tarifa de entre los 1,5 y los 6 euros. Como también destacó el concejal de Mobilidade Sostible, el texto llegó este lunes a Pleno después de la incorporación de hasta nueve alegaciones del resto de grupos municipales y la estimación parcial de otras siete; entre las novedades incluidas en este trámite de alegaciones, indicó Grandío, se cuenta la desaparición del llamado 'párking exprés' o la posibilidad que se abría para que las personas con discapacidad titulares de tarjeta que habilita el estacionamiento en plazas especiales, residentes en el término municipal, puedan estacionar de manera gratuita en espacios de uso general durante un máximo de dos horas al día, en estimación de propuestas formuladas por el BNG y el PSOE. Este último grupo pidió, antes de la votación del asunto, su retirada, petición a la que se sumó el PP después de censurar que el texto que se sometía a debate no especifique el destino de los ingresos adicionales que se deriven de las tarifas de anulación de las denuncias. Por su parte, el BNG defendió su voto al considerar prioritario darle a la gente la posibilidad de anular las denuncias, pese a echar en falta una reforma "más profunda".
Sí salió adelante en la sesión plenaria la modificación de la ordenanza fiscal número 21, que establece la tasa que rige el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en la vía pública, con los votos en contra del grupo popular y la abstención del BNG y el PSOE.
Otras mociones
Por otra parte, los grupos de la Corporación apoyaron este lunes de forma unánime la moción presentada por el BNG para exigir la reapertura de la causa judicial sobre el asesinato de Francisco Javier Romero Taboada, 'Jimmy', en noviembre de 2014, durante el "brutal ataque" que sufrieron los aficionados deportivistas en el entorno del estadio Vicente Calderón durante el viaje a Madrid para asistir al partido entre el Deportivo y el Atlético de Madrid. A este respecto, el concejal de Culturas, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande, advirtió de la "manifiesta gravedad del caso, que fue prolongándose in creciendo en los últimos dos años de manera humillante y que recibió ninguneos varios", y reafirmó el apoyo del Gobierno local a la familia del fallecido y la colaboración del Ayuntamiento a las iniciativas de la plataforma de apoyo a 'Jimmy'. "Apoyaremos toda acción por el esclarecimiento de la verdad; esperemos que este caso sea el último de esta terrible historia", manifestó el responsable municipal, que invitó también a reflexionar también sobre "el papel de la ultraderecha en el Estado español". En este sentido, la moción aprobada censura el archivo del expediente judicial, criticando la impunidad "de la que disfrutan la extrema derecha y los grupos neonazis en el Estado español", y reclama, además de la reapertura de la causa, el "máximo esfuerzo e implicación" de las instancias judiciales para finalizar "con la impunidad que existe alrededor de este caso".
A mayores, la Corporación dio el visto bueno, con los votos del PP y el PSOE, a una moción sobre la regeneración de los asentamientos precarios impulsada por el PSOE, que igualmente presentó una iniciativa dirigida a que el Gobierno central va a permitir que las entidades locales reinviertan su superávit sin necesidad de generar ingresos por el mismo importe. En este caso, la propuesta salió adelante con el voto favorable del grupo de Gobierno -y abstención de PP y BNG, tras rechazarse una enmienda de este último grupo-, "al haber coincidencia con el fondo de la cuestión, si bien desde el Gobierno local creemos que es necesario avanzar un poco más; es necesario modificar la legislación de estabilidad presupuestaria", señaló la concejala de Facenda e Administración, Eugenia Vieito.
También salió adelante, con los votos favorables del grupo socialista y abstención del BNG y el grupo de Gobierno, una iniciativa presentada por el PP y dirigida a potenciar la colaboración entre los Museos Científicos coruñeses con la Xunta, de cara a poner en valor el patrimonio científico y cultural de la ciudad. "Ese camino ya estaba iniciado antes de la moción", expuso el concejal de Culturas, Deporte e Coñecemento, quien aludió a la colaboración con el Muncyt y otras instituciones, y los contactos que el Ayuntamiento mantiene con la Xunta para establecer una colaboración de divulgación y aumento de conocimiento del personal técnico a través de la Sala Maker de la Domus.
Los populares promovían otra iniciativa, que salió rechazada con el voto contrario del Gobierno local y la abstención del resto de grupos, de cara a la construcción del centro de salud "en condiciones" en Santa Lucía, en la que reclamaban la paralización de la licitación del contrato para la redacción del proyecto básico y de ejecución de la rehabilitación del mercado. "De ninguna manera podíamos permitirnos el bloqueo por más tiempo. El barrio de la Falperra puede estar tranquilo, porque tendrá una equipación pública; está en la mano del Sergas decidir cuál será, pero lo que pretende el Gobierno local es que tenga la equipación que el barrio merece", incidió el concejal de Rexeneración Urbana e Dereito á Vivenda, quien recordó las últimas reuniones mantenidas con las asociaciones de la zona, y quien se puso a disposición del vecindario y el comercio del barrio para nuevos encuentros. También, el concejal recordó los atrancos que encontró el Gobierno local para avanzar en el proyecto del centro de salud de Santa Lucía. "Es el Sergas el que está impidiendo que el proyecto de rehabilitación y el centro de salud vayan adelante, por eso decidimos darle una alternativa, aunque la posición del Gobierno local sigue siendo la ubicación de Santa Lucía", recalcó.