CGT considera que esta ley no va a suponer el cambio esperado por años por víctimas, familiares y organizaciones memorialistas, quienes además no han sido consultadas ni tenidas en cuenta para la elaboración de la misma

La Confederación General del Trabajo (CGT), tras analizar el texto de la “nueva” ley de Memoria Democrática que prepara el Ejecutivo de PSOE-Unidas Podemos, considera que esta norma sigue siendo insuficiente para reparar el dolor y el sufrimiento de décadas de las víctimas del terror franquista y el de sus familiares.

La organización anarcosindicalista entiende que la nueva ley propuesta por los socialdemócratas no aborda los acontecimientos ni va a la raíz de las causas que desencadenaron la Guerra Civil, como tampoco aclara las circunstancias de vida de quienes afrontaron una durísima posguerra, una cruel dictadura y una “modélica” transición hacia la consolidación –en teoría-, de un Estado democrático.

CGT critica que la ley haya olvidado poner nombres no solo a los verdugos, sino también a los cómplices del golpe de Estado, ni que haga referencia a la negativa del Gobierno republicano a entregar armas a la clase trabajadora, algo que fue determinante en el transcurso de los primeros días tras el levantamiento militar. Además, apuntan los y las anarcosindicalistas, la nueva ley exalta ejemplos de luchas anteriores, como la que derivó en la Constitución de 1812, obviando nuevamente que esta norma fue hecha por y para la burguesía.

Por otro lado, un aspecto muy importante que hay que resaltar de la nueva ley es el concepto de víctima, el período temporal que abarca y la intención de realizar un discurso común. En este sentido, desde la CGT han dejado claro que no todas las víctimas pueden ser comparadas, ni mucho menos se puede dejar fuera del período temporal los años de la transición, puesto que durante los mismos muchas personas entregaron su vida precisamente por la libertad.

En relación a esta idea, CGT vuelve a insistir en que la ley de Amnistía del 1977 sigue siendo un impedimento para poder juzgar crímenes de lesa humanidad según tratados internacionales que el propio Estado español ha firmado en materia de Derechos Humanos. 

Por último, desde CGT no ven con claridad que las diferentes Administraciones públicas vayan a aceptar medidas encaminadas al intercambio de información y actuación conjunta en relación a la gestión de todo lo referente a la Memoria Histórica, puesto que ya existen territorios, gobernados o cogobernados por los herederos ideológicos de los golpistas que no han condenado lo ocurrido, e incluso están legislando contra cualquier avance legislativo en este ámbito.