La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de un comunicado, ha mostrado su rechazo al pacto al que han llegado las formaciones políticas del Gobierno del Estado español, PSOE y Unidas Podemos, con EH Bildu la semana pasada. Los vascos habían decidido abstenerse en la votación del dictamen del anteproyecto de ley sobre la inclusión de los Planes de Pensiones de Empleo a cambio del compromiso del Gobierno de incrementar las pensiones no contributivas en un 15 %.

CGT ha recordado que hasta hace muy poco EH Bildu se había opuesto a los Planes de Pensiones de Empleo de capitalización privada por entender que estos suponen un ataque directo al Sistema de Seguridad Social, ya que se iban a detraer miles de millones de la caja común para beneficiar al empresariado con deducciones fiscales directas en el Impuesto de Sociedades.

Por otro lado, CGT ha argumentado que incrementar las pensiones no contributivas en un 15 % es un acto de justicia sin duda, sobre todo si la mayoría de quienes las perciben son mujeres. Sin embargo, aún con este incremento estas personas continuarán siendo pobres y el Estado seguirá incumpliendo el derecho fundamental a pensiones dignas y suficientes para todas las personas.

CGT también ha manifestado que desde Bruselas se intenta, desde hace mucho tiempo, el desmantelamiento de los Sistemas de Seguridad Social de los Estados miembros de la Unión Europea. En este sentido, el Estado español a través de PSOE y Unidas Podemos, y debido a la condicionalidad para poder recibir fondos para la recuperación, va a proceder a la incorporación de la capitalización y gestión privada ligados a la negociación colectiva. Los mal llamados “agentes sociales” (CC.OO., UGT y CEOE) se encargarán de garantizar el consenso y la paz social para que este nuevo ataque al Sistema de la Seguridad Social se lleve a cabo, junto a la acción de los partidos políticos.

CGT insiste en que la única manera de frenar esta nueva traición a la clase trabajadora es saliendo a las calles, demostrando la rabia luchando por el derecho fundamental a una pensión digna y suficiente para todas las personas.