Carente de gobierno y de presupuesto oficial, Haití, un país semi-parlamentario, tampoco tendrá un parlamento válido y en funciones al comenzar el año entrante.
En la séptima semana de protestas, y a cien años del asesinato de Charlemagne Peralta, el héroe de la resistencia a la invasión norteamericana de 1915-1934, las mayorías haitianas se movilizan el día de hoy en todo el país. En la capital Puerto Príncipe marcharán, significativamente, a la embajada norteamericana, denunciando la continuidad de la injerencia estadounidense en los asuntos domésticos de la nación caribeña. Por otro lado el Foro Patriótico, espacio que aglutina a más de 62 movimientos sociales y partidos políticos, se movilizará en siete grandes ciudades repartidas por toda la geografía nacional: Jérémie, Les Cayes, Miragoâne, Jacmel, Port-de-Paix, Hinche y Mirebalais. Las organizaciones populares reclaman, junto a otros sectores de oposición, la dimisión inmediata del presidente Jovenel Moïse y la resolución de la interminable crisis haitiana. Crisis que no deja de profundizarse, alcanzando día a día nuevas dimensiones.
Crisis agrícola y alimentaria
El día 18 de octubre el gobierno haitiano solicitó asistencia alimentaria a los Estados Unidos a través de una misiva firmada por el Ministro de Asuntos Exteriores, Bocchit Edmond. Dirigida al Secretario de Estado Micheal Richard Pompeo, la carta expresa: «Hago a su país, a nombre del Gobierno de la República, un pedido de ayuda urgente y del soporte logístico correspondiente para su distribución. Esta asistencia podría inscribirse así mismo en el marco del importante programa «Food for Peace»». Y añade, respecto a las políticas estatales en la materia que «los mecanismos establecidos, carentes de los medios financieros adecuados, aún no han producido, infelizmente, los resultados esperados».
El flagelo del hambre alcanza en Haití al 49,3 por ciento de la población, según un informe de la FAO. Hoy en día, la crisis energética en curso, el desabastecimiento de combustibles, la paralización del transporte a nivel nacional y el cierre de mercados, imposibilita que el campesinado coseche y comercialice su producción agrícola, la que ya comienza a pudrirse en los campos. Consecuentemente, la población rural ve afectado su único medio de subsistencia, a la par que los los alimentos alcanzan precios exorbitantes en las grandes ciudades. Por último, el bloqueo casi permanente de regiones enteras del país y el control territorial de grupos criminales, impide la distribución de alimentos y agua por parte de las organizaciones internacionales que brindan asistencia a las poblaciones más vulnerables.
Sin embargo, diferentes sectores del país alertan sobre la utilización de la crisis alimentaria como una excusa para promover una «invasión humanitaria» del país, dado que la contraparte logística de la ayuda solicitada sería el despliegue de militares norteamericanos en todo el territorio nacional. Cabe recordar que no se trataría de la primera operación de estas características, si atendemos al hecho de que luego del terremoto del 2010, mientras países como República Dominicana, Colombia, Venezuela y Cuba enviaban rescatistas, médicos e ingenieros para socorrer a las víctimas, los Estados Unidos aprovecharon la debacle para ocupar el Aeropuerto Internacional y desplegar a miles de marines por todo el territorio.
Crisis política e institucional
En el presente mes de octubre deberían haber sido realizadas elecciones parlamentarias para renovar las bancas de los senadores del país. Sin embargo, la gravedad de la crisis, la inestabilidad política, y el rechazo unánime a un sistema electoral viciado, fraudulento, y controlado técnica y políticamente por los Estados Unidos y por organismos internacionales, produjeron que la realización de las elecciones no fuera ni siquiera sopesada por el gobierno y las fuerzas de oposición. Cabe destacar que desde la renuncia del ex Primer Ministro Jean-Michel Lapin, Haití carece de gobierno. La propia Constitución establece un régimen híbrido compuesto por un presidente, en el rol de Jefe de Estado, y de un Primer Ministro, encargado de la jefatura de gobierno. Si a esto sumamos el hecho de que las bancas de los senadores vencen en el mes de enero, el país se enfrenta a una profundización dramática de la dimensión política e institucional de la crisis. Carente de gobierno y de presupuesto oficial, Haití, un país semi-parlamentario, tampoco tendrá un parlamento válido y en funciones al comenzar el año entrante. Esto habilitará, de facto, procedimiento aún más discrecionales en la toma de decisiones, dado que el presidente comenzaría a gobernar el país por decreto, sin contrapesos ejecutivos ni legislativos de ninguna índole. La estrategia dilatoria de Moïse y sus aliados norteamericanos consiste en capear el temporal hasta enero, para socavar la de por sí escasa legitimidad del grupo de senadores opositores del Sector Democrático y Popular.
Crisis de seguridad y guerra psicológica
En los últimos días se han desplegado una serie de operaciones de desinformación y guerra psicológica bien orquestadas. En primer lugar, estas maniobras buscaron instalar en repetidas ocasiones la siempre desmentida renuncia del presidente Moïse. El 29 de octubre, en un breve discurso subido a sus redes sociales, éste ratificó su continuidad en el poder y volvió a convocar a un diálogo imposible, rechazado de plano por todos los sectores de la vida nacional. Consumando una extraña contorsión discursiva, e intentando reflotar su antigua imagen de «outsider» de la política tradicional, el empresario bananero comenzó a criticar el sistema político y económico del que es, sin embargo, su más alto representante.
En segundo lugar, diferentes fake news y tweets faltos, atribuidos a líderes de la oposición, al tradicional periódico Le Nouvelliste, y a periodistas reconocidos en el país, buscaron instalar que sectores de la oposición conservadora nucleados en el Sector Democrático y Popular habrían tomado la definición de tomar las armas para forzar la dimisión del presidente. El peligro de estas operaciones de río revuelto es que pretenden estimular la violencia callejera, que lejos de ser intrínseca a las movilizaciones de masas, es monopolizada por sectores criminales ligados al poder político, tal y como pudimos ver en algunos estremecedores tiroteos que fueron captados por ciudadanos y subidos a las redes sociales en los últimos días. La política de terror mediático sólo puede resultar provechosa para quiénes pretenden intimidar a la población para que ésta abandone las calles, o para quiénes quieren generar un escenario de guerra civil que dé la coartada a una intervención norteamericana que arbitre las disputas entre las diferentes fracciones de la burguesía y la oligarquía nacionales. Los dirigentes de los movimientos sociales han sido muy enfáticos al garantizar el carácter pacífico de las protestas, en rechazar la violencia externa al proceso de movilización popular, y en rechazar todo tipo de intervención odiosa.
