“Tomaron esta decisión sin siquiera correr vista a la defensa, que conlleva una violación de la igualdad de partes que debe regir el proceso penal. El fundamento central de la prórroga es que la defensa presentó innumerables recursos y nulidades, pero esto carece de sentido porque todas las presentaciones se realizaron en el marco del legítimo derecho a la defensa, que es un derecho constitucional. Ese no es un argumento válido para prolongar una medida de excepción como es la prisión preventiva. De ningún modo han especificado cuáles son las complejidades de la causa que utilizan como otro de los fundamentos, no valoran circunstancias como la calificación de arbitraria realizada por el GTDA de la ONU y que fue refrendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Que la causa esté lista para ir a juicio, por otra parte, no es un argumento a favor de la extensión de la preventiva, sino al contrario. Producidas las pruebas que se van a utilizar en el debate, la decisión debería haber sido exactamente la contraria”, explicaron desde la defensa.

Por otra parte los argumentos vinculados con la supuesta intimidación de testigos tampoco ha sido probada en ninguna instancia, siquiera fundamentada más que a través de enunciados dogmáticos.

La decisión de prorrogar la detención arbitraria en el marco de la causa que fue armada en plena feria judicial de 2016 fue firmada por María Silvia Bernal, José Manuel del Campo y la ex diputada de la UCR, Clara Langhe de Falcone, que en distintas declaraciones públicas prejuzgó a la diputada del Parlasur y rechazó las recusaciones en su contra.