Concretamente señalan como algo indispensable añadir al anteproyecto de ley de Memoria Democrática la derogación de mecanismos legales, como la ley de amnistía de 1977 y que se adecue la legislación penal a las exigencias del derecho internacional penal en materia de prescripción. “La justicia es un pilar fundamental para afrontar nuestras responsabilidades frente a crímenes que repugnan a toda la humanidad”: Señalan.

Este requerimiento llega después de que el Tribunal Supremo haya vuelto a pronunciarse, tras 9 años, sobre memoria histórica. En esta ocasión lo ha hecho para desestimar el recurso de casación interpuesto por Dignidad y Recuerdo, contra el archivo de la causa de la fosa de los maestros de Soria. Esta decisión del tribunal viene motivada por los mismos argumentos que ha esgrimido en otras ocasiones para archivar o cerrar otros juicios sobre los desaparecidos tras el levantamiento militar de 1936: Los delitos estarían prescritos, los presuntos responsables estarían muertos, el carácter permanente de la desaparición es una ficción inaceptable jurídicamente y, de todas formas, sería aplicable la ley de amnistía de 1977.

Esta sentencia confirma y consolida la doctrina de los tribunales españoles en esta materia y significará continuar con la práctica judicial de archivo de las denuncias que se realicen por desapariciones del franquismo. Una doctrina que está en contradicción con la que sostiene el derecho internacional. En este sentido, diferentes grupos de trabajo, relatores especiales y comisiones de la ONU en materia de derechos humanos y desapariciones forzadas han exigido a España que legisle removiendo los obstáculos que impiden investigar los crímenes. El actual relator especial de la ONU para la promoción sobre la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli declaró: “El comité de derechos humanos de Naciones Unidas cuando ha examinado a España, le ha señalado en la última oportunidad, con claridad, que debe avanzar en los procesos de justicia, en el proceso de rendición de cuentas de las personas responsables de violaciones de derechos humanos,de el proceso de averiguación de la verdad, en ayudar a las víctimas a llevar adelante el duelo, no dejarlas solas en el trabajo de exhumaciones y a muchas otras cuestiones que marcan una brutal deficiencia en el Estado.”

La fosa de los maestros

En Soria, como en Galicia, la sublevación triunfó pronto. No hubo combates, más allá de algunos tímidos intentos de resistencia. Por eso el bando nacional comenzó temprano con la represión civil. En España se calcula que alrededor de 6000 maestros fueron asesinados y decenas de miles sufrieron penas de cárcel, destierro o inhabilitación.

Era agosto de 1936 cuando 5 maestros y otra persona fueron detenidos y llevados a la cárcel de Almazán. Los sacaron del centro penitenciario para una supuesta práctica de diligencias. Los subieron a un camión y, en plena carretera al anochecer, fueron fusilados. Mientras los detenidos trataban de escapar, un grupo de falangistas los tiroteó hasta que los abatieron uno a uno. A la mañana siguiente los campesinos de los terrenos próximos los enterraron clandestinamente en una fosa común.

La Asociación Recuerdo y Dignidad se ocupó de investigar el caso en profundidad para tratar de esclarecer las circunstancias del supuesto crimen. Después de dos intentos de recurrir a la justicia para la exhumación de la fosa, con una negativa definitiva por parte de la fiscalía, la entidad logró reunir los fondos y ocuparse ella misma del proceso que se llevó a cabo en septiembre de 2017. Los restos de los maestros y 2 personas más sin identificar, fueron entregados a sus familias al año siguiente.

El pasado día 1 de Marzo y en consecuencia de la sentencia del alto tribunal, la Asociación Recuerdo y Dignidad ha puesto en marcha una campaña para hacer público el requerimiento que le hacen al gobierno español: #Nohaymemoriasinjusticia