Fuente: Ayuntamiento de A Coruña | 09/08/206

El Gobierno local llevará al próximo Pleno extraordinario, que tendrá lugar este viernes, día 12, el proyecto de la Renta Social Municipal para su aprobación definitiva, después de que la ordenanza recibiera hoy el apoyo de la mayoría de los grupos municipales durante la Comisión Informativa de Justicia Social. En concreto, la Renta recibió los votos favorables del grupo de Gobierno, el socialista y el del BNG, mientras que el representante del grupo popular se abstuvo en la votación. Al final de la reunión, que tuvo lugar en la mañana de este martes, la concejala de Xustiza Social e Coidados Silvia Cameán, destacó el "alto consenso" conseguido. "La Renta Social es ya una realidad imparable, y podrá beneficiar a muchas personas de A Coruña que en estos momentos no tengan cubiertas sus necesidades más básicas", subrayó la responsable municipal, recordando que esta "es una cuestión de voluntad política en la lucha contra la pobreza". "Como dijimos y seguimos diciendo, para este Gobierno local las políticas sociales son la prioridad ya que gobernamos para el 99%. Queremos devolver la dignidad a esas vecinas que sufrieron las consecuencias de las políticas antisociales, el principio de igualdad no debe ser vulnerado", señaló, para recordar que "son las administraciones, los servicios sociales públicos, quienes deben estar a la cabeza de esta lucha en la que nos encontramos".

Tras pasar por la comisión de este martes, el proyecto -que ofrece una prestación económica periódica a aquellas personas del municipio que se encuentren en situación de vulnerabilidad y no perciben otras ayudas como la Risga (La Renta de Inclusión Social de Galicia) para hacer frente al pago de necesidades básicas como la alimentación o la vivienda y, al mismo tiempo, contempla itinerarios de inclusión para las personas beneficiarias, "para que estas puedan recuperar su autonomía vital"- podrá recibir esta misma semana el visto bueno definitivo para ponerse en marcha "de inmediato", después de haber sido aprobado de forma inicial en el Pleno celebrado el pasado 13 de junio.

La ordenanza que el viernes se someterá al Pleno tendrá como novedad la posibilidad de incluir en su cobertura a personas migrantes en situación irregular en la ciudad, una mejora que se incorpora en esta fase, como señaló la responsable municipal de Justicia Social. "Después del análisis jurídico vimos que estas personas podían tener cabida, por lo que emplazamos al Foro Gallego de Inmigración a presentar este alegato y los acompañamos en el proceso", precisó Cameán.

Del mismo modo, el documento que será sometido a validación del plenario municipal incorpora como novedad la creación de un Consejo Sectorial de Inclusión Social, en el que estarán integrados representantes de la corporación, personas o colectivos de especial relevancia social, así como entidades ciudadanas, y que tendrá como cometido, tal y como apuntó la concejala, continuar con la participación que se acaba de dar en la redacción de esta ordenanza. "En base a los buenos resultados del proceso que siguió el proyecto de la Renta Social, con amplia cabida a distintas voces, concluimos que resulta procedente darle continuidad a esta interlocución a través de esta comisión, cuyo cometido es impulsar la participación", expuso. El proyecto, para el cual el Gobierno local reserva este año 2,1 millones de euros y que, según las estimaciones municipales, podrá ayudar a recobrar la autonomía a cerca de mil familias en la ciudad, estipula que el pago de la prestación económica tendrá un máximo de 18 meses, y siempre estará vinculado al establecimiento de itinerarios de inclusión activa orientados al logro de la mejora personal y social de las personas beneficiarias, así como su unidad de convivencia. La cuantía máxima de la ayuda será el 100% del IPREM -el indicador estatal de referencia para la prestación de ayudas sociales- para unidades de convivencia de un único miembro e irá aumentando en 20 puntos porcentuales por te conviviente adicional hasta un máximo del 200% del IPREM. Para poder acceder a la prestación, las vecinas y vecinos solicitantes deberán cumplir una serie de requisitos, entre ellos, estar empadronados en la ciudad, ser mayores de 18 años, encontrarse en una situación de vulnerabilidad social y colaborar en itinerarios de inclusión social que llevarán a cabo las trabajadoras sociales de referencia.