Que nadie se quede atrás, dijo el Presidente del Gobierno, al decretar el Estado de Alarma. Y adoptó numerosas medidas para proteger la economía, las empresas, los trabajadores, los autónomos... y, por último, a las personas en peligro de exclusión.
Esto último ha sido llamado el ingreso mínimo vital. Y sí, da para comer. Para pagar el alquiler, eso ya tal. Como en este programa nos temíamos, el ingreso mínimo vital no incluye a más de 600.000 personas. Para optar a esta ayuda hace falta residir legalmente en España hace por lo menos un año. Si resides hace diez o quince, pero no has logrado la residencia legal, no tienes derecho a la ayuda
Pero ¿la intención no era que no se quedara nadie atrás? Las en torno a 600.000 personas que están en situación de irregularidad administrativa, más las que residen legalmente pero hace menos de un año se quedan atrás. Ellas, para el gobierno, son nadie.
No les queda más recurso que la solidaridad de vecindario, que las instituciones de caridad. Porque estas personas, para el gobierno, son nadie.
Le ha faltado tiempo a Vox para decir que esto va a provocar un efecto llamada. No sabemos cómo, ya que no se incluye a quienes puedan llegar mañana, ni legal ni ilegalmente. Pero no les vamos a pedir ahora que digan la verdad.
Afortunadamente, en nuestra ciudad, los nadies, las nadies, tienen derecho a la Renta Social Municipal y a las ayudas de emergencia. Es un avance que logró la Marea Atlántica, que hay que reconocerle y que es un alivio. Y no ha producido ningún efecto llamada.
Si el gobierno quiere ser coherente con lo que prometió, tiene dos opciones: ampliar el ingreso mínimo vital; o bien, regularizar de una vez a todas las personas. Por aquello de respetar los derechos humanos.
