El informe recoge 247 incidentes racistas

SOS Racismo en su Informe 2016 urge al próximo Gobierno a la elaboración de leyes antidiscriminación y de protección de víctimas de delitos de odio

Familias de origen extranjero que reciben insultos del tipo “esclavos”» o “dejad en paz a los españoles” y golpes en la pared de su casa; Denegaciones de autorización de matrimonio porque uno de los cónyuges desconoce el español siendo «imposible» llevar a cabo la «audiencia reservada» que exige la Ley; agresiones a vendedores ambulantes con graves consecuencias físicas, son parte de los casos que la Federación SOS Racismo ha trabajado en el último año y que se han recogido en el Informe 2016 y que se ha presentado hoy en Madrid.

SOS Racismo en su Informe 2016 urge al próximo Gobierno a la elaboración de leyes antidiscriminación y de protección de víctimas de delitos de odio
Rueda de prensa de presentación del Informe 2016 de SOS Racismo
Rueda de prensa de presentación del Informe 2016 de SOS Racismo

16/09/2016

En el informe, disponible en la página web de la Federación (www.sosracismo.eu), se recogen 247 incidentes racistas en todo el Estado y casi 100 casos dentro de la categoría de delitos de odio, que visibilizan en personas de carne y hueso una realidad oculta de nuestra sociedad y que es  la base del trabajo de la Federación. Sobre esta cuestión, Vanessa Míguez, presidenta de SOS Racismo Galicia valoró, “estos números se traducen en la práctica en insultos, agresiones, conflictos vecinales o casos acoso que menoscaban la convivencia e influyen de forma muy negativa en la vida cotidiana de personas que deben considerarse víctimas de delitos”. Dentro de los casos recogidos en este informe 2016; el 28%  están relacionados con conflictos y agresiones racistas seguidos de denuncias de racismo institucional (22.86%) y problemas con la seguridad pública (18%) .

Respecto a las cifras del número de casos atendidos y de la aparente estabilidad del número de casos recogidos en los últimos años, Mikel Mazkiaran, Secretario General de la Federación señaló que “a pesar de que el número de casos en los que interviene la Federación es estable en los últimos años, no significa que no hayan aumentado, sino que permanecen invisibles bien porque el acto se ha normalizado el acto discriminatorio y no se percibe como un delito, bien porque el desconocimiento de las víctimas”. Sobre esta afirmación, se expuso como ejemplo los resultados del reciente testing realizado por la Federación sobre acceso a la vivienda en el que en muchos de los casos se aprecian preocupantes comportamientos racistas en nuestra sociedad que no se ven reflejados en ninguna estadística oficial.

Otro de los motivos de preocupación de la organización es el contenido de violencia (física o verbal) que representa el 50% del total de los incidentes de odio con motivación racista o xenófoba denunciados a las oficinas de SOS Racismo y que han sido perpetradas por particulares, por miembros de grupos de extrema derecha, así como por agentes de empresas de seguridad privada. Igualmente, es significativo el número de casos de discriminación racista y xenófoba vinculada a la denegación acceso a establecimientos de ocio como bares y discotecas, servicios inmobiliarios, alquiler de vehículos etc.
Una realidad, la planteada en el informe, que se reproduce en la mayoría de los territorios en los que interviene SOS Racismo. Alba Cuevas, portavoz de SOS Racisme Catalunya afirmó que “actuaciones de violencia como las denunciadas en el informe de la federación o en el propio de Catalunya muestran un preocupante aumento de las actitudes racistas y de un racismo de baja intensidad en el Estado”. 

Por ello, Mohamed Gerehou –Presidente de SOS Racismo Madrid- y Mikel Mazkiaran insistieron en la necesidad de buscar soluciones que mejoren el tratamiento de estas situaciones que se están enquistando en nuestra sociedad. Propuestas que pasan por la exigencia al próximo Gobierno de la elaboración urgente de una Ley Integral contra la discriminación así como una Ley de protección de víctimas de delitos de odio – que proteja a ésta independientemente de su situación administrativa- que amplíe el concepto de delito de odio a otros supuestos recogidos en el Código Penal como son la  denegación de prestaciones públicas y privadas, la discriminación laboral o actuaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. 

Todo ello, a juicio de la Federación, debe partir no sólo del aumento del conocimiento de esta realidad, sino también de la creación de una estrategia integral y consensuada entre administraciones públicas, sociedad civil y ciudadanía en las que la lucha contra todas las formas de discriminación, en sus formas directas, indirectas o virtuales, sea uno de los vectores de las políticas de convivencia. 

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