1.131 colectivos han dirigido al gobierno español una petición de regularicación de inmigrantes. Ante la negativa, que deja atrás también en la crisis de la pandemia, a las personas en situación de irregularidad administrativa, se han convocado manifestaciones en decenas de ciudades del territorio español.

Demanda urgente por la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria

A la atención del:

• Presidente Pedro Sánchez,
• Vicepresidente Pablo Iglesias,
• Ministra de Igualdad Irene Montero,
• Ministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz,
• Ministro de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá,
• Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska
• Defensor del Pueblo, Francisco M. Fernández Marugán.

Demanda urgente por la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria

La lucha de las personas migrantes y refugiadas, que exige al Gobierno la regularización extraordinaria y sin condiciones, está más vigente que nunca. Hoy, pese al confinamiento para contener al COVID19, seguimos movilizadas para que se reconozcan nuestros derechos y nuestra dignidad, e interpelamos a todas las autoridades competentes para que asuman este desafío de manera integral, inclusiva y humana.

Desde una acción articulada en una red estatal de colectivas migrantes y antirracistas autoorganizadas, alzamos la voz por nosotras, por las personas que no han podido sumarse porque se encuentran confinadas en los CETIs y las que puedan quedar en los CIEs, por la infancia que migra sola y por quienes quedaron silenciadas en el mar. Aquí estamos junto a las refugiadas, las supervivientes precarizadas que no pueden acceder al trabajo por no tener papeles y las que trabajan sin que se respeten sus derechos laborales.

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia, una vez más, que es la población migrante y refugiada quienes más sufrimos los efectos nefastos de las políticas de ajustes y recortes del Gobierno en el ámbito sanitario, social, laboral y económico. La consecuencia es el agravamiento de nuestras condiciones de vida, sobre todo para las casi 600 mil personas que nos encontramos en situación administrativa irregular.

En ese sentido, denunciamos las precarias condiciones laborales, la desprotección y la explotación que vivimos, las cuales han sido evidenciadas por diversas organizaciones y colectivos en todo el territorio español. Así se constató el pasado mes de febrero por el relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Philip Alston, cuando visitó a los temporeros de Huelva y a las trabajadoras del hogar y los cuidados en Madrid, -dos de los tantos sectores ocupados mayoritariamente por personas migrantes en situación de precariedad y de explotación-. El relator afirmó de los primeros, que sus condiciones eran “inhumanas”, de las peores que había visto por el mundo y de las segundas, que eran un sector empobrecido, exento de la adecuada protección legal.

Por lo tanto, estamos ante una oportunidad histórica para que los responsables políticos emprendan una recomposición social poniendo en el centro la preservación de la vida, la defensa de los bienes comunes, la solidaridad, justicia social, como principios rectores para este nuevo acuerdo político de país. En lo que nos atañe, estas respuestas implican también reconocer las luchas de organizaciones de personas migrantes que denuncian el racismo en las estructuras institucionales y legales vigentes que las excluyen y les niegan derechos, y reivindicar sus demandas de reconocimiento e inclusión social que hoy más que nunca son necesarias y urgentes.

Las medidas para hacer frente al impacto económico y social que ha venido adoptando el Gobierno desde el inicio de la emergencia sanitaria, han tenido el común denominador de dejar afuera a las personas y familias que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, en su mayoría personas migrantes y refugiadas. Por su parte, en los casos que las personas migrantes hemos sido tomadas en consideración, se lo hizo de manera instrumental, cortoplacista y sin garantizar condiciones mínimas de seguridad y prevención en el trabajo, como es el caso del Real Decreto- Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario o el Real Decreto ley 11/2020 cuyas medidas obvian la situación de infravivienda o sin techo en que vivimos muchas personas “sin papeles”.Se trata de políticas insolidarias, explotadoras, ciegas a nuestra realidad.

Reafirmamos la denuncia de la instrumentalización que frente a la situación actual pretende realizarse de personas migrantes para cubrir las diferentes necesidades laborales y sanitarias y exigimos:

1. La regularización extraordinaria, amplia y urgente, de carácter permanente para todas las personas en situación administrativa irregular en el Estado españo
2. Que el procedimiento que se implemente ponga en el centro a las personas migrantes como sujetos de derechos y que garanticen su acceso y promoción
3. Resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y protección internacional en trámite.
4. Resolución favorable de las autorizaciones de residencia y trabajo presentados en las Oficinas de Extranjería de las distintas provincias, pendientes de resolución o en vía de recursos administrativos.
5.  Resolución favorable de las solicitudes de renovación de residencia y trabajo presentadas o a presentarse en los próximos meses, independientemente de los períodos mínimos cotizados y sin necesidad (en su caso) de presentar un contrato de trabajo en vigor.
6. La consideración prioritaria del derecho a la vida familiar para los trámites de reagrupación familiar y residencia de menoresnacidos en el Estado español como fuera de él, conforme a los estándares de derechos humanos establecidos en la CDN (Convención sobre los Derechos del Niño).
7. Resolución favorable de las solicitudes de autorización de residencia de familiar UE, en régimen comunitario inicial y/o permanente, en especial la no denegación del trámite por falta de acreditación de medios económicos del familiar español o comunitario.
8. Liberación inmediata de todas las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros, archivo de los expedientes de devolución y expulsión y el cierre definitivo y permanente de estos centros.
9. Traslado urgente a las personas que se encuentran en los Centros de Estancia Temporal para Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla para garantizar su salud, así como sus derechos.
10. Fin de las devoluciones en caliente y/o exprés a las personas que llegan a Ceuta y Melilla y traslado seguro y de manera rápida a la península donde se les garantice un recurso de acogida efectivo.
11. Para la infancia/juventud migrante sin referentes adultos,apoyo económico ysocio-educativo en la transición hacia la autonomía en la vida adulta. Adjudicación retroactiva de la residencia con trabajodesde la fecha inicial de la declaración de desamparo en caso de no haberse regularizadoal cumplir los 18 años.
12. Fin de la práctica de detención basada en la identificación por perfil étnico racial, por parte de las fuerzas de seguridad en el Estado español.

El pedido de regularización extraordinaria no nos impide seguir exigiendo la derogación de la Ley de Extranjería y un cambio de paradigma de la política migratoria centrado en derechos, que priorice la protección y promoción de derechos de las personas migrantes en España. La migración incide en cada dimensión de los derechos humanos, derechos civiles, sociales y económicos y el ejercicio de ciudadanía, por lo tanto la política migratoria debe poner en el centro el cuidado de la vida, de condiciones dignas de trabajo, de igualdad de oportunidades, del derecho a la vida en familia, de la participación social y política y no solo las necesidades de la economía. Es responsabilidad del estado garantizar los derechos de todas las personas que habitan en su territorio y desarrollar las políticas adecuadas para la consecución de tal fin.

El Estado español nos pide que este virus lo paremos todas las personas unidas, pero nosotras no podemos luchar partiendo desde una posición tan desigual. Para salir todas de esta crisis sanitaria tenemos que hacerlo todas juntas, en igualdad de condiciones. No podemos seguir en este limbo vital y administrativo en el que nos sumerge y condena el racismo institucional. Apelamos a la voluntad política de acabar con las violencias estructurales que nos clasifican en las categorías de ciudadana/ inmigrante, “legal/ no legal”, persona/ no persona.

Frente al virus que no reconoce fronteras, derribemos las políticas que nos sitúan en condición de NO derecho, nos racializan y nos invisibilizan. Impulsemos la construcción de una sociedad que ponga la vida en el centro, como una alternativa que erradique el capitalismo, el despojo y la violencia estructural. Que promueva la calidad de vida como modelo de estado colectivo, justo, equitativo, con reconocimiento de los derechos humanos y el cuidado de la vida.

Este virus lo paramos juntas, poniendo la vida de todas en el centro.