¿Por qué deberíamos tener una empresa farmacéutica pública?
La frecuente situación de desabastecimiento farmacéutico (el ultimo ejemplo es la escandalosa actuación de Aspen) y el elevado gasto en medicamentos, que tiene un muy preocupante crecimiento (14% entre 2014 y 2017 y el 22,7% solo en farmacia hospitalaria) obliga a la búsqueda de soluciones para hacer sostenible esta situación a la vez que se garantiza a todas las personas el acceso a los medicamentos que necesitan. En este contexto se ha planteado la idea de poner en marcha una empresa pública de fabricación de medicamentos, y por eso me gustaría señalar al menos 5 motivos concretos y una reflexión estratégica que a mi entender sustentan esta propuesta.
Para garantizar la seguridad de los medicamentos. El reciente caso del Valsartan ha puesto de relieve como con frecuencia las farmacéuticas intentan maximizar los beneficios mediante la “externalización” de la producción de los medicamentos, en países conde los controles de calidad son menos rigurosos, y eso produce potenciales riesgos sobre los usuarios. Una industria pública permitiría que los criterios económicos no se impusiesen sobre la seguridad de los enfermos.
Para acabar con los desabastecimientos. Los grandes beneficios de la farmacéutica se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (se ha denunciado en España el desabastecimiento de 170 medicamentos, cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen precios muy bajos y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia, una vez más, la preocupación de las farmacéuticas solo por sus extraordinarios beneficios y no por la salud de la población. El caso de Aspen de utilizar el desabastecimiento para presionar en la consecución de aumentos de precios es el ultimo escándalo conocido al respecto. Una de las tareas de una empresa pública es acabar con estas situaciones garantizando la accesibilidad de todos los medicamentos de eficacia probada aunque no tengan rentabilidad empresarial, eliminando de paso las maniobras especulativas de las farmacéuticas.
Para reenfocar la investigación. Es bien conocido que las farmacéuticas dirigen una parte muy sustancial de la investigación hacia por un lado áreas de gran rentabilidad económica, no necesariamente social, y hacia modificaciones poco significativas de moléculas preexistentes que les permitan nuevas patentes a precios muy superiores sin añadir un valor terapéutico significativo. Una industria publica valdría para reenfocar esta situación y potenciar la investigación hacia enfermedades prevalentes desatendidas, y hacia áreas ahora casi abandonas por sus elevados costes y escasa rentabilidad (el mejor ejemplo es la búsqueda necesaria de nuevos antibióticos ante la utilización inapropiada de los mismos).
Mejorar la transparencia. Las empresas farmacéuticas frecuentemente distorsionan el acceso a las informaciones sobre efectos adversos, limitaciones, etc, de sus medicamentos, una empresa pública serviría para garantizar la transparencia de todas las actuaciones, problemas y efectos adversos relacionados con la producción y utilización de los medicamentos.
Favorecer el control de los precios. Una empresa pública podría mejorar la relación entre los precios reales de producción y dispensación, tanto por los precios de sus productos, como por su influencia sobre los competidores no públicos. Conviene recordar que una de las propuestas iniciales del denominado Obamacare era precisamente el establecer un aseguradora pública que pudiera ejercer esta función de moderación de los precios de los mismo (se calculaba que lograría rebajas en torno al 15%) Otro ejemplo, en Brasil recientemente una iniciativa empresarial pública proponía la producción de Sofosbuvir a un precio 5,81 veces inferior del que factura Gilead (que por cierto vende el producto en ese país a 16.000 reales, unos 4.000€ al cambio).
La reflexión estratégica tiene que ver con el punto anterior. La presencia de una empresa farmacéutica pública daría un gran margen de negociación al gobierno a la hora de acordar y/o pactar precios y condiciones con las farmacéuticas, un margen hasta ahora inexistente, debido en gran parte en la ausencia real de alternativas. Imaginemos que el Gobierno en su día hubiera decidido en el caso del Sofosbuvir la “quiebra de la patente”ante una necesidad de salud pública, al día siguiente se hubiera encontrado en la misma situación de no poder atender la demanda asistencial, porque ninguna otra empresa estaría dispuesta a fabricar el producto por miedo a las consecuencias (legales, boicoteo de productos, etc.). Solo la presencia de una industria pública farmacéutica convierte a esa alternativa en una realidad factible.
Finalmente habría que hacer otras consideraciones suplementarias. En primer lugar podría pensarse que el elevado numero de medicamentos existentes (mas de 70.000 patentes de medicamentos en el mundo), seria un obstáculo difícilmente salvable. No obstante conviene recordar que la ultima lista de medicamentos esenciales actualizada por la OMS en junio de 2017 recoge solo 433 medicamentos, y que ese elevado numero de patentes incluye toda la variedad de “pseudo medicamentos” presentes en el mercado, que ninguna industria pública seria tendría el menor interés en producir. Incluso admitiendo que la lista de la OMS es probablemente demasiado restrictiva, no tiene interés la producción pública de mas de 1.000 o 1.500 medicamentos distintos, y por supuesto cualquier intento consistente de poner en marcha una industria pública, debería de comenzar por un listado mucho mas limitado, porque se trata de un sector que precisa inversiones y experiencia para poder desarrollarse que no pueden improvisarse de la noche a la mañana.
La segunda es el conocido problema de las patentes y los sistemas internacionales que las protegen, una realidad incuestionable, que debería de cambiarse y que sólo es factible hacerlo a escala internacional, precisando de actuaciones coordinadas y muy complejas, en las que por supuesto hay que ir dando pasos. Ahora bien, fiarlo todo a este cambio en las relaciones que regulan el comercio y la investigación en el ámbito global, me parece una actitud demasiado pesimista, porque es improbable que se consiga a corto y medio plazo. Algunas cosas pueden y deben hacerse aquí y ahora, propiciar un industria pública farmacéutica es una de ellas, y por cierto nada fácil de conseguir, porque va contra la tendencia neoliberal de privatizar y adelgazar el estado, y se encontrara con una gran resistencia de ese poderoso “lobby” que es Farmaindustria.
La tercera tiene que ver con la existencia de un dispositivo público en nuestro país, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa que posee instalaciones y personal cualificado para constituir un embrión de esta empresa pública farmacéutica y que a día de hoy se encuentra totalmente infrautilizado.
Entiendo que hay razones suficientes para poder avanzar en esta iniciativa, que puede ser clave para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública en nuestro país.
Marciano Sánchez Bayle es médico y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública
