Más de la mitad (55%) de las explotaciones de agricultura ecológica gallegas se quedan fuera de las ayudas al desarrollo rural de la PAC (Política Agraria Común), a pesar de cumplir con los requisitos exigidos y haber presentado las solicitudes en tiempo y forma. Así lo denuncia la Plataforma de productores ecológicos, compuesta por 180 agricultores y ganaderos inscritos en el Craega (Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Galicia).

El colectivo, constituido el pasado mes de diciembre, señala la deficiente aportación de fondos por parte de la Xunta de Galicia a esta partida. La PAC, la política más antigua de la UE, consta de tres ámbitos de actuación principales: ayudas directas y medidas de mercado (los fondos son exclusivamente comunitarios) y ayudas al desarrollo rural (son cofinanciadas por los diferentes estados y regiones). La Plataforma critica que la Xunta había destinado un monto muy inferior al necesario para estas ayudas, provocando que no lleguen a todo el sector. Las subvenciones están destinadas tanto a explotaciones que ya trabajan en ecológico como aquellas que se encuentran en una fase de conversión. Respecto a estas últimas, el 86 % de las solicitudes para la conversión a agricultura ecológica y el 83 % para la conversión a ganadería ecológica fueron denegadas.

Ante esta situación, que puede obligar a los productores a cerrar sus explotaciones o a frenar su conversión a ecológico, el grupo socialista, en la voz del eurodiputado gallego Nicolás González Casares se dirigió a la Comisión Europea. El europarlamentario preguntó si era posible, tal y como la Xunta le prometió a los agricultores, reprogramar los fondos del Plan de Desarrollo Rural para garantizar un presupuesto suficiente este y los cuatro próximos años, una medida que alberga muchas dudas, pues entra en vigor una nueva PAC para el período 2023-2027. Casares también quiere saber si el Gobierno gallego está vulnerando el derecho de los agricultores ecológicos a recibir ayudas comunitarias al no cumplir con su parte de la cofinanciación.

Esta falta de compromiso de la Xunta de Galicia con el sector pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos de producción ecológica (25 % de la UE en 2030) en una autonomía que solo aporta el 1,15 % al porcentaje nacional y en la que menos del 5 % de la superficie agraria útil se dedica a ecológico, frente a más del 10 % de media en España.