Después de la segunda inspección impedida, el Ayuntamiento ya puede recurrir al juzgado de guardia, donde pedirá una orden de entrada para inspeccionar el centro. Si la vía judicial da la razón al consistorio, podrán entrar en el CIE y comprobar si hay internos encerrados, incumpliendo la orden municipal. Si es que sí, ordenará el precinto del centro.
En caso de que la Policía Nacional impida el precinto del CIE como ha impedido las inspecciones, el consistorio tendría que volver a recurrir a los juzgados, que podrían ordenar el desalojo del CIE con la intervención de los Mossos d'Esquadra como policía judicial.
Con motivo de las obras de reforma, ordenadas por el juzgado de vigilancia del CIE porque se veían vulnerados los derechos de los internos, el Ayuntamiento pudo comprobar que el centro seguía sin contar con una licencia de actividades adecuada –tiene la licencia que corresponde a una comisaría de la Policía Nacional– ni cumplir con las medidas de seguridad. El consistorio dio un mes al Ministerio del Interior para remediarlo, pero este consideró que no tenía que pedir licencia.
