Fuente: ElDiario.es | Desalambre | Patricia Ruíz | 06/09/2016

En los meses de 2012 que Fadoul estuvo fuera de España, nuestro país pasó a tener una Ley más y él un derecho menos. Cuando el joven marroquí consiguió volver a Melilla –donde había sido tratado de tuberculosis antes de ser deportado–, los brazos de los que le recibían en el hospital ya no estaban abiertos. Le denegaron el tratamiento. 

Aquel 1 de septiembre había entrado en vigor la retirada de tarjetas sanitarias a los inmigrantes sin papeles debido al Real Decreto Ley 16/2012 (RDL), que arrebató este documento a más de 800.000 extranjeros residentes en España. A día de hoy, como en el caso de Fadoul, los principales afectados viven en Melilla. El alto porcentaje de población migrante, la aplicación más estricta posible del RDL y el gran número de personas viviendo en la calle (debido a la saturación de los centros de atención) hacen que esta ciudad autónoma encabece el ranking del drama de la exclusión sanitaria en nuestro país. 

Según el último informe de la  Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER ), entre abril y julio de 2016 se han detectado 388 casos de vulneraciones del derecho a la salud, con las que suman un total 2.496 desde la creación del colectivo hace dos años. Con frecuencia se detectan en Castilla y León, La Rioja, Ceuta y Melilla, las pocas regiones autónomas que no aprobaron medidas para contrarrestar la reforma. 

En esta última ciudad preocupa especialmente la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENA) que viven en la calle debido a la saturación de los centros de acogida o, como ellos mismos han explicado, al miedo a ser agredidos en algunos de ellos. "Cuando acuden al hospital, se niegan a proporcionarles asistencia hasta que no llegue la policía local. Esto genera miedo en los niños y provoca que, en numerosas ocasiones, los menores terminen por escapar sin haber recibido la atención debida", relata el informe. 

Samir también vive en la calle, aunque ya es mayor de edad. Tiene 21 años y un sueño que espera cumplir: ser cantante de rap. La escayola de su brazo señala las agresiones que, dice, le provocó la Guardia Civil en una de las redadas de Melilla, donde sobrevive mientras se prepara para intentar alcanzar la Península. "Fui al hospital y no me atendieron por no tener papeles. No pude más que echarme a llorar", recuerda.

Médicos del Mundo consiguió que finalmente le atendieran, pero no recibe ningún seguimiento médico desde entonces. "No sé qué va a pasar con mi brazo, ni si se curará bien o no", explica. Tiene miedo de que le queden secuelas en la mano y en el oído, mientras ve pasar los días sin que sepa quién o cuándo le quitarán el yeso y la venda.

Al margen de la Ley

La de Samir es una de las consecuencias de la ausencia de protocolos de actuación definidos y la desinformación que se vive en los centros de salud desde la entrada en vigor del decreto, por las que el personal deniega en múltiples ocasiones la asistencia aún en las excepciones que contempla la Ley. Esto sucede hasta en una quinta parte de los casos de este año que recoge el informe: en urgencias (20), a menores (35) y embarazadas (14). 

Los otros grandes afectados son las personas que llegaron a España por procesos de reagrupación familiar, en su mayoría ancianos que a menudo sufren enfermedades crónicas que requieren un seguimiento constante. Fue el caso del padre de Natalia, a quien denegaron la tarjeta sanitaria cuando se trasladaron a vivir a León.

"Cuando llegamos no estaba tan mal, pero al no tener un seguimiento médico mi papá se deterioró a pasos agigantados", recuerda esta argentina nacionalizada en España. Vio morir a su padre porque el país en el que ella reside desde hace 14 años "le dejó completamente desatendido".

Castilla y León tampoco realizó modificaciones particulares para tratar de paliar las consecuencias del RDL, por lo que las posibilidades de ahondar en vacíos o excepciones legales, en su caso, eran mínimas. "Ellos, con la Ley en la mano, tienen razón. Pero es un ser humano", dice aún con impotencia. 

El pasado mes de julio el colectivo Yo Sí Sanidad Universal denunciaba también casos en los que la Seguridad Social había privado de asistencia a personas sin tarjeta sanitaria incluso en centros de salud y hospitales de Comunidades como Madrid, Valencia o Jaén, donde sí existen leyes o instrucciones para evitar la exclusión. "Lo único que puede acabar con esta exclusión es la derogación del decreto", recordaba el colectivo. 

Promesas incumplidas

El real decreto llegó casi de repente, sin un debate social previo y sin apenas discusiones en el Parlamento, bajo el argumento de que peligraba la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Cuatro años después y tras casi 2.500 casos documentados de personas excluidas del sistema de Salud Público por REDER, el Gobierno no ha presentado aún ningún informe económico que respalde las medidas adoptadas.

"Todo lo contrario. Retirando la asistencia están generando un sistema sanitario más caro, porque la gente llega con enfermedades más avanzadas. Eso es más caro económicamente y también en términos de salud", explicaba a eldiario.es  Marta Malo, integrante de Yo Sí Sanidad Universal. La ONG, junto con otros colectivos sociales y defensores de derechos humanos, lleva años denunciando la vulneración de los derechos de los afectados. 

Pero no basta. Pese a que la presión llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a asegurar en marzo de 2015 que empezaría a levantar las restricciones para garantizar la atención primaria a personas sin permiso de residencia (aunque sin devolverles la tarjeta sanitaria), un año y medio más tarde aún no se ha cumplido. El consenso y las conversaciones con las comunidades autónomas para acordar un documento común de atención no existe y regiones en manos del PP, como Melilla, siguen aplicando el decreto de la manera más restrictiva posible, denuncia el informe. 

"Yo cuento todo esto porque no quiero que le vuelva a pasar a nadie", dice Natalia, quien confiesa que le cuesta compartir su caso. En su particular lucha contra la Ley la última losa cayó en julio, cuando el Tribunal Constitucional avaló en una sentencia el Real Decreto 16/2012 por no considerar inconstitucional el recurso que había presentado el Parlamento de Navarra. Mientras, REDER continúa denunciando que las historias de Natalia y su padre, Fadoul o Samir, "seguirán siendo una realidad hasta que la Ley no se derogue".