A partir del 24 de octubre, en el municipio nororiental de El Estor, Izabal, rige el estado de sitio por un plazo de 30 días. La medida, aprobada por el gobierno y ratificada por el Congreso, limitará la libertad de acción y movilización, el derecho de reunión y manifestación y permitirá las detenciones sin orden judicial. Fue tomada luego de más de veinte días de resistencia de las comunidades maya q’eqchis en contra del proyecto minero Fénix.
Dicho proyecto es operado por Compañía Guatemalteca de Niquel (CGN) y Compañía Procesadora de Níquel de Izabal (Pronico), subsidiarias de la multimillonaria corporación ruso-suiza Solway Investment Group.
Según el medio digital Prensa Comunitaria, se trata de la licencia minera más grande de Mesoamérica, con una extensión de casi 250 kilómetros cuadrados (municipios de Cahabón, Panzós, El Estor y Senahú), es decir un área de explotación doce veces más grande de lo que permite la ley guatemalteca.
Hace dos años, autoridades indígenas y pobladores de El Estor se ampararon ante la Corte de Constitucionalidad, que mandó a suspender la licencia de explotación minera otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a CGN-Pronico. El fallo fue dejado firme por los jueces un año después (junio 2020).
En su resolución, la Corte consideró que, al no realizar la consulta previa, libre e informada establecida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el MEM había violado “los derechos de los pueblos indígenas de participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo económico, social y cultural que los afecta directamente”.
Además, el estudio de impacto ambiental del proyecto Fénix fue realizado sólo sobre una porción muy pequeña – 6.29 kilómetros cuadrados – del total de territorio objeto de explotación minera, que es de 247.9 kilómetros cuadrados. En este sentido, los jueces ordenaron al MEM que delimitara el espacio territorial de la licencia “únicamente en los 6.29 kilómetros cuadrados que cuentan con el estudio de evaluación de impacto ambiental”.
Finalmente, la Corte de Constitucionalidad resolvió que se debía realizar un proceso de preconsulta y consulta con los pueblos asentados en la zona donde se pretende desarrollar el proyecto Fénix, en un plazo máximo de 18 meses.
Dieciséis meses después, la resolución de la Corte ha quedado prácticamente en papel mojado: las subsidiarias de la transnacional ruso-suiza nunca pararon las actividades y el MEM se rehusó a tomar en cuenta e involucrar a las legítimas autoridades q’eqchis en el proceso de preconsulta.
Ante esta situación, las comunidades iniciaron una protesta pacífica con el objetivo de impedir el paso a los camiones de CGN-Pronico, forzar el cumplimiento de la resolución de la Corte y, sobre todo, defender sus territorios de los impactos destructivos del proyecto minero.
Brutal represión
El viernes 22 y sábado 23 de octubre, cientos de efectivos policiales y militares arremetieron en contra de la protesta pacífica de las comunidades q’eqchis, haciendo uso desmedido de la fuerza. Varios periodistas que estaban cubriendo los hechos fueron agredidos por agentes.
La brutal represión fue condenada por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que pidió al presidente Giammattei y al titular del Ministerio de Energía y Minas “cumplir estrictamente la resolución de la Corte de Constitucionalidad”.
El procurador Jordán Rodas denunció, a través de redes sociales, que CGN-Pronico sigue operando ilegalmente, que el gobierno resguarda camiones de la empresa y que las fuerzas de seguridad reprimen a la población y a periodistas. Asimismo, condenó y rechazó el uso de bombas lacrimógenas contra manifestantes pacíficos.
También la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Guatemala expresó su preocupación e hizo un llamado al diálogo, recordando al Estado guatemalteco que tiene la responsabilidad de “proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y facilitar la libre reunión pacífica”.
La Convergencia por los Derechos Humanos expresó su respaldo a la digna resistencia del pueblo Q’eqchi’ “ante la imposición de la industria extractiva y depredadora realizada por una empresa que destruye la vida en el lago Izabal y en el municipio de El Estor”.
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (Udefegua) se solidarizó con las comunidades y población Q’eqchi’ “que resisten ante la imposición de un proyecto que ha sido temporalmente suspendido (…) La ausencia de cumplimiento de lo establecido en el Convenio 169 es la causa expresa de las demandas de la población”.
Udefegua hizo un llamado a la sociedad guatemalteca para que exprese “su repudio ante estos actos de violencia y su solidaridad con la resistencia en el municipio de El Estor”.
“Es una vergüenza lo que está pasando en El Estor. Estamos muy preocupados por la represión que han desatado y ahora con el estado de sitio, una medida extrema que roza el estado de guerra”, dijo Carlos Barrientos, directivo del Comité de Unidad Campesina (CUC).
“Se está incumpliendo la sentencia de la Corte, se están excluyendo del proceso de preconsulta y consulta aquellas comunidades y sectores de la población que promovieron el amparo y se están imponiendo los intereses de la transnacional, dejando que siga operando y abriendo a sangre y fuego el paso a sus camiones”, agregó.
Barrientos recordó también que esta grave situación se da en un territorio muy conflictivo, donde en las últimas décadas las oligarquías nacionales y el capital transnacional han venido impulsando la expansión incontrolada de monocultivos y la acelerada implementación de proyectos energéticos y extractivos.
Además, es un momento muy delicado para el país, donde el denominado “pacto de corruptos” ha tomado el control casi total de la institucionalidad y está legislando y tomando medidas ultra regresivas para criminalizar, cada vez más, las personas defensoras y la protesta social.
“Nos enfrentamos a un gobierno que, ante la conflictividad social, prefiere declarar estado de sitio, reprimir y acallar en lugar de buscar un diálogo. Se están dando graves violaciones de derechos humanos.
Es importante que la comunidad internacional se pronuncie y rechace la manipulación de la consulta, la represión contra las comunidades y el estado de sitio en El Estor. Además es importante que se solidarice con todas aquellas personas que están sufriendo la violencia”, concluyó Barrientos.
Guatemala se desangra
De acuerdo con el más reciente informe de Global Witness “Última línea de defensa”, Guatemala sigue siendo uno de los países más letales en el planeta para quienes defienden la tierra y los bienes comunes. El año pasado fueron 13 las personas defensoras asesinadas y Guatemala fue el cuarto país con más asesinatos de defensores per cápita a nivel mundial.
Entre enero y diciembre de 2020, que corresponde al primer año del mandato del presidente Giammattei, en Guatemala se registraron 1055 casos de agresiones, 15 asesinatos y 22 intentos de asesinato contra personas defensoras de derechos humanos.
Entre enero y junio de 2021, Udefegua registró 551 agresiones. “De seguir esta tendencia, este año se transformará en el período con más agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos en Guatemala”.
De la totalidad de estas agresiones, el 45% fue contra defensores, el 42% contra defensoras y el 14% contra organizaciones y comunidades. Udefegua hizo énfasis en el aumento de ataques contra mujeres defensoras que, de manera inédita, alcanzó el mismo índice de violencia de los hombres.
Después de la represión del 23 y 24 de octubre y la declaración de estado de sitio, varias fuentes denunciaron el allanamiento de las instalaciones de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a y de la Defensoría Q’eqchi’, así como hostigamiento y persecución policial contra miembros de la resistencia antiminera y periodistas.
