En un paso significativo hacia una economía descarbonizada y competitiva, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo ha aprobado hoy la propuesta para la reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea, presentada por el ponente socialista Nicolás González Casares. Con un sólido respaldo de 55 votos a favor, 15 en contra y 2 abstenciones, la iniciativa se encamina hacia la siguiente fase: las negociaciones interinstitucionales con el Consejo, previstas para septiembre, con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes del final de esta legislatura.

El principal objetivo de esta reforma es brindar estabilidad y un enfoque social al mercado eléctrico europeo, protegiendo a los consumidores más vulnerables y asegurando que la ciudadanía de Europa no vuelva a enfrentarse indefensa ante una crisis energética. En palabras del eurodiputado González Casares, la propuesta busca frenar los picos de precios, impulsar el uso de energías renovables para obtener precios más asequibles y reforzar la competitividad en el mercado.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la garantía de acceso a una energía asequible durante una crisis de precios de la electricidad. Para ello, se reducirán los umbrales para declarar una crisis energética y se obligará a los Estados miembros a ampliar los precios minoristas regulados a los hogares y pymes, con excepciones pautadas. De esta manera, se establecerán criterios claros y objetivos para declarar una crisis de precios de electricidad y se tomarán medidas concretas para abordarla, incluso aplicando precios específicos a las empresas electrointensivas.

En relación a los consumidores, los Estados miembros tendrán la obligación de prohibir las desconexiones de clientes vulnerables, incluidos aquellos que sufren de pobreza energética. Además, las empresas proveedoras deberán ofrecer contratos de precio fijo a plazo fijo y no podrán cambiar los términos o condiciones unilateralmente. También se prohibirán las desconexiones durante disputas legales o extrajudiciales entre proveedores y clientes durante un período de ocho semanas. Se establecerán medidas específicas para que los consumidores puedan administrar su consumo y evitar facturas elevadas, especialmente durante el invierno y el verano.

El fomento de las energías renovables es otra prioridad clave de la propuesta. Se implementarán esquemas directos de sostenimiento de precios para promover nuevas inversiones en la generación de electricidad a través de los Contratos por Diferencias (CfD). Estos mecanismos tienen como objetivo estabilizar los precios para los consumidores y redirigir los excedentes de ingresos hacia los consumidores vulnerables y la financiación de la transición energética. Los CfD también incluirán inversiones en nuevas instalaciones de generación de energía y repotenciación de las existentes, siempre que el aumento de capacidad sea significativo.

Asimismo, la propuesta aboga por eliminar los obstáculos que dificultan el desarrollo de acuerdos de compra de energía (PPA) y establecer una guía europea que oriente su implementación, además de crear una base de datos para recopilar y compartir información. Se garantizará el acceso a los PPA a los pequeños consumidores y se enfocará el apoyo estatal a la nueva generación renovable, excluyendo el respaldo a los combustibles fósiles. Un Esquema Europeo de Subastas de Energías Renovables complementará los esfuerzos de los Estados miembros para lograr el ambicioso objetivo del 45% de energía renovable para 2030 y cumplir los compromisos climáticos de la Unión Europea.

La reforma del mercado eléctrico de la Unión Europea marca un hito importante en la búsqueda de una transición energética sostenible y justa. Con el respaldo de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, la propuesta de Nicolás González Casares se encamina hacia la fase de negociaciones interinstitucionales, con la mirada puesta en un acuerdo que garantice un mercado eléctrico europeo estable, competitivo y respetuoso con el bienestar de los ciudadanos y el medio ambiente.