Pressenza | 13.03.2018 - Catalunya - Esperanza Fernández - Redacción Barcelona
Encarna Escribano

Así empezó la conversación con un médico con el que me senté a conversar sobre la privatización de la sanidad pública. Llevamos años hablando de los recortes y escuchando que viene el lobo. Que en algún momento el chicle no podrá estirarse más. Que convertir la salud en un negocio nos pasará factura. Que seguir reduciendo el porcentaje de presupuestos dedicado a hospitales nos matará.

Hay casos aislados, como el del paciente que murió tras ser trasladado del Joan XXIII de Tarragona al hospital de Bellvitge porque estaba cerrada la unidad de hemodinámica del centro que debería haber servido para tratarle el infarto con el que ingresó. Era enero de 2015 y para llegar a hablar de un aumento de la mortalidad necesitaríamos mucha más perspectiva histórica. Pero, ¿dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde vamos?

Back to Basics

Para entender qué le falla al sistema hay que entender el sistema. David Carbajales, secretario de Acción Sindical del Sindicato de Enfermería (SATSE) me desarma en una frase: “No creo que llegues a comprenderlo porque no lo conocen ni los gestores”. Pero como una es de Aragón, allí va.

Hay que remontarse a la época franquista. “Con su amor por Cataluña”, describe Josep Maria Puig, secretario general de Metges de Catalunya, Franco no hizo grandes inversiones en infraestructura hospitalaria en la región. De ahí que con la llegada de la democracia se crearan en 1981 dos sistemas: el Institut Català de la Salut (ICS), 100% público, y la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública (XHUP), un sistema concertado. En esa red de centros creados durante la dictadura por entidades privadas sin ánimo de lucro, como fundaciones religiosas, mutuas o cajas de ahorros, empezó a entrar dinero público para planes de asistencia sanitaria públicos que atendieran a la población general.

De ahí lo “endiablado”, en palabras de Carbajales, del sistema català. Porque hay que sumar que en casi 40 años de democracia se han hecho pocos cambios. Para verlo más claro: en la zona del Vallès Occidental “solo hay uno o dos centros de atención primaria que sean 100% públicos”, afirma el secretario de Acción Sindical. El resto vienen de ese sistema concertado en el que participan todo tipo de fundaciones privadas sin ánimo de lucro. Hasta finales de 2010.

Esto pasa en todas las comunidades. Por cuestiones de logística, donde ya existía un hospital, ¿para qué se va a hacer uno nuevo? Se le concierta una serie de servicios y listo. Pero mientras estos casos son minoritarios en el resto de España, en Catalunya hay 8 centros del ICS y 183 que no son del ICS, es decir, que tienen participación privada. Y desde 2010 algunos están también y cada vez más, gestionados por empresas con ánimo de lucro. O sea, que convierten la salud en un negocio.
Porque no es del todo verdad que no se hayan hecho cambios en estas tres décadas largas, lo que está por ver es si son a mejor. En ese año 2010, el tripartito saliente de José Montilla aprobó la creación del Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), con la intención de abarcar bajo el mismo paraguas el ICS y la XHUP y hacerlo más efectivo. Pero entre sus objetivos de “diseñar y desplegar modelos de atención transversal”, como lo define el mismo Servei Català de la Salut, se introdujo un artículo que de golpe y porrazo cambiaba las bases del sistema: podrían formar parte del SISCAT los “centros de titularidad privada cuyos servicios sean necesarios para implementar las previsiones del Plan de Salud”. Se lo traduzco: se abre la puerta a contratar con una empresa privada con ánimo de lucro para atender a la población.

Privatización. What’s the Problem?

Entre siete y ocho meses más tarde de que el nuevo conseller de Salut en el gobierno de Artur Mas, Boi Ruiz, tomara posesión del cargo, el grupo Capio, que ya tenía el Hospital General de Catalunya, se hizo con el Sagrat Cor y la Clínica del Vallés. Después cambió su nombre a IDC Salud y en 2015 compró las clínicas Quirón y unas cuantas mutuas de accidentes como Mutua Universal y MC Mutual. Detrás de todo este conglomerado que acumula el 30% del mercado sanitario español estaba el fondo de capital riesgo CVC que tiene su sede entre Londres y Luxemburgo. En 2016, el mayor operador privado hospitalario en Europa, Fresenius, compró los hospitales Quirón por 5.760 millones de euros.

La otra gran empresa privada es Hestia Alliance, que se hizo con el Duran i Reynals en enero de 2015. Por su contrato con el Sistema Català de Salut ingresó 500 millones de euros y ese contrato se adjudicó sin concurso y, por supuesto, tampoco publicidad. Casualmente el grupo había donado 80.000 euros a CDC a finales de 2010.

Más allá de que la salud se convierta en un instrumento más de corruptelas o engrose los bolsillos de un número no marginal de empresarios o el yuyu que nos pueda dar que alguien se lucre con nuestras enfermedades, ¿qué hay realmente de malo?

Nos encontramos con un sistema en el que bajo el nombre de la “utilización pública” conviven hospitales públicos del ICS, hospitales concertados sin ánimo de lucro y hospitales privados con ánimo de lucro. Mientras en los dos primeros se obliga a la reinversión en los centros sanitarios y sus servicios, los beneficios de los terceros no se reinvierten. Se van a esos bolsillos del capital.

El presupuesto público de Salut cayó un 16% entre 2010 y 2014. De los 9.903 millones de euros a poco más de 8.305. Y mientras eso sucedía, se iban contratando cada vez más servicios con la privada con ánimo de lucro. ¿Y qué pasa con esos centros privados? Que son mucho más caros, entre otras cosas, por los salarios de sus directivos. Veamos ejemplos.

En 2012 se adjudicó sin concurso al Sagrat Cor (Quirón) la asistencia médica de la Esquerra del Eixample por un precio un 32% más caro al de la última adjudicación que había tenido lugar seis años antes y aquella vez sí, se dio por concurso público. Podríamos pensar que la población ha aumentado, pero no al mismo ritmo. El Ayuntamiento no dispone de la cifra del barrio en 2006, pero sí del distrito: el Eixample sumó 267 habitantes en esos seis años. Por un lado, CiU recortaba el presupuesto y por otro, contrataba parte de nuestra asistencia a empresas privadas con las que los ciudadanos acabamos pagando más por lo mismo.

Otro caso más reciente. El conseller Toni Comín (ERC), que llegó al Departament de Salut con el gobierno de Puigdemont desde Junts per Catalunya y la promesa de desprivatizar la sanidad, decidió en 2016 expulsar del SISCAT a la Clínica del Vallés. El centro privado gastaba 7,5 millones de euros en atender 3.700 ingresos; pues bien, el hospital de Terrassa y el Parc Taulí de Sabadell absorbieron ese trabajo ahorrando en total más de un millón de euros: más de 185.000 el de Terrassa y 894.000 el Taulí.

Where’s the Limit?

Cuando en un hospital público, pero de gestión privada, conviven pacientes que vienen de la pública y pacientes que vienen de la privada, ¿dónde está el límite? No hay unos quirófanos para pacientes públicos y otros para privados y así con todo lo que requiere un gasto dentro de un hospital. El Sagrat Cor facturó 95.477.000€ en 2016, de los que el 66% venían del sector público, ¿cómo sabemos que los bisturís, la maquinaria de rayos X o las horas de trabajo de las enfermeras se han pagado siguiendo a rajatabla la división público-privada? No hay forma de saberlo según los sindicatos y es siempre en detrimento de la pública, coinciden, porque las privadas miran mucho más el céntimo de gasto.

Entre recortes y privatizaciones es difícil saber hasta dónde llega la responsabilidad de una agresión y otra en el descenso de la calidad asistencial. “Ahora la gente puede llegar a esperar entre 24 y 48 horas para ser ingresada desde Urgencias”, critica Puig, algo que no ocurría hace 7 años. Eso significa también entrar más tarde a la lista de espera si el ingreso requiere pasar por quirófano. Por no hablar de que las listas de espera son cada vez más largas. Las razones van desde el malgasto en privatizaciones hasta la falta de reposición en jubilaciones, bajas o vacaciones.

Además de ser más caro, que una empresa con lucro gestione la sanidad también desciende la calidad asistencial. A pesar de que el último presupuesto de Salut es “expansivo” —ha subido en algo más de 400 millones—, la cifra global todavía es inferior a la de 2011, año en que empezaron los recortes. Y en este contexto, contamos de nuevo con empresas privadas que lo que quieren es aumentar ingresos y disminuir gastos. El 60% de los presupuestos de salud se va en pagar las nóminas de la plantilla. El 40% restante se reparte entre material e inversiones en tecnología.

Puig denuncia que las empresas privadas con ánimo de lucro intentan reducir esa partida de nóminas al 50 o al 45% para aumentar sus beneficios. En Cataluña aún no hay cifras, pero Metges de Catalunya señala que una de las maneras de recortar es contratar a menos médicos, pagar sueldos inferiores y contratar a más proporción de profesionales de baja cualificación que de alta.

Así, en un hospital público de gestión privada con ánimo de lucro hay más proporción de auxiliares de enfermería que enfermeras que en un hospital 100% público. A la larga, es mucho más probable que una cadena de fallos humanos provoque desenlaces que nadie quiere imaginarse, de lo que sería si nos lo tomáramos todo en serio.

Y para terminar de morirse de miedo, está la descapitalización de la sanidad pública. Los pacientes “más caros” se atienden en la pública, mientras lo que se ofrece en la privada son los servicios que salen a cuenta: operaciones de cadera, vesícula o cataratas. Pero si tienes un cáncer jodido solo te atenderá la pública. Si cada vez se privatiza más, ¿quién va a cuidar de nosotros cuando tengamos algo realmente muy chungo? ¿La empresa que presenta resultados ante sus accionistas en Luxemburgo o el hospital público que ha de responder ante todos los ciudadanos?

Hay menos médicos. Han desaparecido unos 800 de la atención primaria, según Metges de Catalunya. También han perdido poder adquisitivo: desde el inicio de los recortes cobran entre un 25 y un 30% menos. Menos camas y más espera supondrán menos calidad. Pero los sindicatos aún no se atreven a hablar de grado intensidad para no crear alarma social. Falta aún mucho tiempo para saber si 8 años de recortes y privatizaciones nos matan o “sólo” nos dejan una vida de mierda.

Que tú todavía no te enteres de que la sanidad pública con toda su calidad se va a la mierda es, primero, porque no te has tenido que aguantar una lista de espera del copón, y segundo porque médicos, enfermeros, auxiliares, camilleros y toda la eterna lista de trabajadores de la Sanidad no han dejado de dar un palo al agua. Se han comido recortes de salario, ampliaciones de horarios y atender a muchos más pacientes que antes y siguen porque tienen una vocación que ya la quisiéramos para los políticos. Pero el chicle se va a romper. Y nos preguntaremos cómo fue posible que no lo viéramos antes.

El que lo vio se hizo un seguro privado. La Caixa compró Adeslas en 2009, y en 2011, primer año en que el presupuesto sanitario se recortó en más de 350 millones de euros, su beneficio aumentó un 84%. Pero esta cadena de escándalos no te la contaron porque La Caixa se sienta en los consejos de administración de todos los grandes medios, desde Prisa a La Vanguardia. Así que los hospitales solo nos tienen a nosotros. Antes de que nuestros médicos terminen de hartarse y se vayan a otros países de Europa donde les valoren de verdad, ¿los vamos a defender o qué?